Rodolfo Gudino
El gobierno definió en una reunión con Karina Milei, Bullrich y Santilli el nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso. Reforma del Código Penal (penas más duras), cambios en propiedad privada (expropiaciones, tierras, fuegos) y un ajuste social que incluye modificar la Ley de Glaciares, la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario, todo «compatibilizado con el equilibrio fiscal». La reforma política, mientras tanto, quedó afuera.
El gobierno de Javier Milei no para de enviar señales. Mientras la oposición se divide y la sociedad intenta llegar a fin de mes, la mesa política de la Casa Rosada se juntó para definir la nueva ofensiva legislativa. El encargado de comunicarlo fue Manuel Adorni, jefe de Gabinete, que este martes detalló el paquete de leyes que ingresará al Congreso «a la brevedad».
La reunión del poder
La definición se dio en un encuentro encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con la plana mayor del oficialismo: Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem, el asesor Santiago Caputo, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Los ejes del nuevo paquete
El anuncio tiene dos patas bien diferenciadas. Por un lado, lo que el gobierno llama «seguridad y resguardo de la propiedad privada». Por el otro, reformas atadas al «equilibrio fiscal». En criollo: más penas para los de abajo, blindaje para los de arriba y menos derechos para todos.
Seguridad y propiedad privada: la mano dura que viene
Adorni detalló que los proyectos incluirán:
- Modificación del Código Penal: El objetivo es endurecer las penas para combatir el delito. Sin precisiones aún, pero la historia indica que «endurecer» siempre termina cayendo sobre los mismos: pibes pobres, villeros, cartoneros.
- Leyes sobre propiedad privada: Acá el gobierno apunta a modificar normativas sensibles como la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras y la Ley de Fuegos. También habrá un proyecto para la «regularización dominial en barrios populares». Ojo con esto: en nombre de la «integración socio urbana», a veces lo que viene es el desalojo o la entrega de tierras al capital inmobiliario.
El ajuste disfrazado de «compatibilidad fiscal»
El segundo tramo del anuncio es el que más va a doler. Según Adorni, el gobierno avanzará con modificaciones en:
- Ley de Glaciares: Ya tiene media sanción del Senado y está trabada en Diputados. Protege las reservas de agua dulce y la actividad minera en zonas glaciales. Tocarla es una declaración de guerra a los ambientalistas y un guiño a las mineras.
- Ley de Discapacidad: El gobierno ya había intentado vetar el aumento de fondos para personas con discapacidad. Ahora va por la modificación de la ley, siempre con la excusa del «equilibrio fiscal». Traducción: menos plata para los que más necesitan.
- Financiamiento Universitario: Otra vez. Después del veto a la ley que aumentaba el presupuesto universitario, el gobierno ahora quiere reformar la ley para «compatibilizarla» con el ajuste. Las universidades públicas, ya asfixiadas, se preparan para una nueva pelea.
Lo que quedó afuera (y es noticia)
Adorni también aclaró que la reforma política finalmente quedó fuera de las prioridades legislativas del oficialismo. No es un detalle menor: mientras el gobierno se enfoca en endurecer penas y ajustar derechos, no toca la reforma que podría cambiar las reglas de juego electoral. Casualidad, seguro.
El contexto
Todo esto se define en medio de una semana caliente para el oficialismo. La causa $LIBRA sigue sumando pruebas, el viaje de Adorni a Nueva York con su esposa en avión presidencial generó polémica (y memes), y la inflación no cede.
Pero el gobierno elige jugar de visitante: en lugar de explicar los escándalos, mete agenda legislativa. Endurece el Código Penal, ataca leyes ambientales y sociales, y obliga al Congreso a discutir lo que él quiere.
Lo que viene
El oficialismo ya demostró que tiene los votos para imponer su agenda, al menos por ahora. Con el control de las comisiones clave en Diputados y el apoyo de los gobernadores dialoguistas, los proyectos tienen altas chances de avanzar.
La pregunta es hasta cuándo. La paciencia de los gobernadores tiene fecha de vencimiento y el desgaste de la imagen presidencial empieza a notarse. Pero mientras tanto, la motosierra sigue.
Nos leemos pronto.
Melina Schweizer
Enzo Cabrera
