Melina Schweizer
El Gobierno autorizó la participación de hasta 56 militares argentinos en PANAMAX 2026, un ejercicio multinacional desarrollado bajo la conducción del Comando Sur de Estados Unidos. El Ejecutivo alegó que Diputados no trató el proyecto correspondiente, aunque la invitación estadounidense había llegado casi un año antes.
El presidente Javier Milei autorizó mediante un decreto de necesidad y urgencia la salida de tropas y medios militares argentinos para participar en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, que se realizará en Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto. La decisión permitió al Gobierno avanzar con el despliegue sin contar con la aprobación previa del Congreso, órgano al que la Constitución le asigna expresamente la facultad de permitir la salida de fuerzas nacionales del territorio.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 650/2026, firmado el 23 de julio y publicado este viernes en el Boletín Oficial. El texto habilita el envío de personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para integrar un operativo organizado por Estados Unidos y desarrollado bajo el liderazgo de su Comando Sur.
El Ejecutivo justificó el uso del DNU al señalar que el proyecto de ley destinado a autorizar las ejercitaciones militares previstas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 todavía no había sido tratado por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la falta de tratamiento parlamentario terminó funcionando como argumento para reemplazar la autorización legislativa por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, aun cuando la invitación para participar en PANAMAX había sido cursada por la Embajada de Estados Unidos el 15 de agosto de 2025, casi un año antes del comienzo del ejercicio.
La extensa anticipación debilita la urgencia invocada por el Gobierno: la actividad no surgió como respuesta a una crisis imprevista ni a una situación militar sobreviniente. Su fecha, objetivos, participantes y requerimientos eran conocidos con meses de antelación.
Una facultad que la Constitución reserva al Congreso
El artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso permitir la introducción de tropas extranjeras en el país y la salida de fuerzas argentinas fuera del territorio nacional. Esa competencia fue reglamentada por la Ley 25.880, que obliga al Poder Ejecutivo a solicitar la autorización parlamentaria y presentar información sobre la actividad, el personal involucrado, el armamento, los objetivos y los costos.
El Decreto 650 reconoce que el proyecto correspondiente fue enviado al Congreso, pero afirma que la falta de tratamiento en Diputados y la proximidad del ejercicio generaron una situación excepcional que hacía imposible seguir el procedimiento ordinario para la sanción de una ley.
Con ese argumento, Milei recurrió al artículo 99, inciso 3, de la Constitución, que permite dictar decretos de necesidad y urgencia únicamente cuando circunstancias excepcionales impidan seguir los trámites legislativos habituales.
El problema no radica solo en que el Congreso todavía no hubiera votado la autorización. La cuestión institucional es que el propio Ejecutivo decidió reemplazar una competencia expresamente asignada al Poder Legislativo después de no haber conseguido, o no haber priorizado, el tratamiento del proyecto dentro del plazo disponible.
El DNU ordena dar cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente, que deberá pronunciarse sobre su validez y elevar un dictamen a las cámaras. Esa revisión, sin embargo, será posterior: cuando el Congreso analice el decreto, los militares argentinos ya podrían encontrarse desplegados en Panamá.
Un ejercicio dirigido por el Comando Sur
PANAMAX 2026 se encuentra enmarcado en las acciones de cooperación militar continental bajo la conducción del Comando Sur de Estados Unidos, la estructura del Pentágono responsable de las operaciones y vínculos castrenses estadounidenses en América Latina y el Caribe.
El ejercicio reunirá a fuerzas de Argentina, Brasil, Belice, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos. El objetivo oficial consiste en mejorar la interoperabilidad, estandarizar procedimientos y entrenar la coordinación entre fuerzas de distintos países frente a una eventual amenaza sobre el Canal de Panamá.
La hipótesis utilizada para la simulación plantea un conflicto terrestre y marítimo ficticio en torno al canal. Una fuerza hostil, que podría ser estatal o transnacional, amenaza con bloquear o sabotear esa vía estratégica, lo que desencadena la conformación de una fuerza multinacional amparada en una supuesta resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Gobierno sostiene que la participación permitirá fortalecer las capacidades militares argentinas, actualizar doctrinas y procedimientos, intercambiar conocimientos con otros países y preparar al personal para intervenir en operaciones combinadas de interés nacional.
También afirma que no participar afectaría el adiestramiento de las Fuerzas Armadas y dañaría la reputación de la Argentina como un actor comprometido con la estabilidad regional y la seguridad internacional. Esas razones pueden explicar la conveniencia militar del ejercicio, pero no responden por qué el despliegue debía aprobarse por decreto en lugar de obtener previamente la autorización constitucional del Congreso.
Hasta 56 militares argentinos y armamento propio
La participación argentina contempla un máximo de 56 efectivos. El grupo principal estará compuesto por 37 integrantes de un Comando Conjunto de Operaciones Especiales formado por personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Ese contingente viajará con armamento y equipamiento individual para intervenir en las maniobras operativas previstas dentro del escenario simulado. Los 19 militares restantes cumplirán funciones de planificación, conducción y ciberdefensa: 16 pertenecerán al Ejército, dos a la Armada y uno a la Fuerza Aérea.
El despliegue incluye pasajes, viáticos, traslado de equipos, seguros, municiones y otros gastos logísticos. El costo total fue estimado en aproximadamente 51 millones de pesos y será cubierto con partidas asignadas al Ministerio de Defensa, específicamente al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El monto puede parecer reducido dentro del presupuesto nacional, pero la relevancia de la decisión no se limita a su impacto económico. El aspecto central es el mecanismo utilizado para autorizar una misión militar exterior y la consolidación de una política de defensa cada vez más alineada con Estados Unidos.
La invitación llegó en agosto de 2025
El anexo técnico incorporado al decreto señala que la Embajada estadounidense cursó la invitación formal el 15 de agosto de 2025. El Gobierno conocía desde entonces la fecha, el país anfitrión y las características generales de PANAMAX 2026.
A partir de ese momento disponía de más de once meses para enviar un proyecto específico, impulsar su discusión en las comisiones correspondientes y procurar su aprobación en ambas cámaras.
El decreto indica que el Ejecutivo había remitido un proyecto general sobre el Programa de Ejercitaciones Combinadas para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. No obstante, el expediente permaneció sin tratamiento en Diputados.
Esa demora parlamentaria no convierte automáticamente la actividad en una emergencia. Por el contrario, expone una falta de previsión o de voluntad política para conseguir la autorización en tiempo oportuno. El Gobierno conocía el ejercicio, aceptó la invitación y organizó la participación, pero esperó hasta tres días antes de su comienzo para habilitar la salida mediante un DNU.
La urgencia fue, en buena medida, construida por la propia administración.
El alineamiento militar con Washington
La participación en PANAMAX se inscribe en la profundización de los vínculos militares entre el Gobierno de Milei y Estados Unidos. Desde su llegada a la Casa Rosada, el Presidente convirtió el alineamiento con Washington en uno de los pilares de su política exterior y de defensa.
El Comando Sur ganó una presencia creciente en la agenda argentina mediante visitas oficiales, programas de entrenamiento, cooperación en ciberdefensa, adquisición de equipamiento y ejercicios combinados.
El Gobierno presenta ese acercamiento como una oportunidad para modernizar a las Fuerzas Armadas, recuperar capacidades perdidas y acceder a tecnología y capacitación. Sus críticos advierten que la adopción de protocolos, doctrinas e hipótesis de conflicto diseñadas por Washington puede reducir los márgenes de autonomía estratégica del país.
PANAMAX expresa esa tensión. Formalmente se trata de una práctica multinacional orientada a proteger una vía de navegación fundamental para el comercio mundial. Geopolíticamente, coloca a militares latinoamericanos bajo una estructura operativa liderada por Estados Unidos y los entrena para actuar según sus procedimientos.
La discusión no consiste en rechazar toda cooperación internacional, sino en definir quién establece las prioridades de la defensa argentina y bajo qué controles institucionales se comprometen tropas nacionales en ejercicios organizados por una potencia extranjera.
Un antecedente que debilita el control legislativo
El uso de decretos para autorizar actividades militares fuera del país no constituye una cuestión meramente administrativa. Si se consolida como práctica, el Ejecutivo podría convertir la falta de tratamiento de un proyecto en una justificación habitual para apropiarse de una facultad constitucional del Congreso.
El Poder Legislativo no es un obstáculo accidental dentro de este procedimiento. Su intervención busca garantizar que el envío de fuerzas al extranjero sea discutido públicamente y que el Gobierno explique los objetivos, condiciones, riesgos y costos de cada despliegue.
El Congreso puede aprobar, rechazar o modificar una propuesta. También puede exigir precisiones sobre el armamento, las reglas de empeñamiento, las inmunidades aplicables y el alcance de la participación argentina.
El DNU invierte esa lógica. Primero autoriza la salida y luego remite la decisión a la Comisión Bicameral para una revisión posterior. La intervención parlamentaria deja de ser una condición previa y pasa a transformarse en un control tardío sobre un hecho consumado.
PANAMAX comenzará el 27 de julio, apenas tres días después de la publicación del decreto. Aunque el Congreso rechazara posteriormente la medida, la participación podría haber comenzado o incluso estar avanzada cuando se produzca esa discusión.
La excepción convertida en método
El Gobierno afirma que la falta de autorización perjudicaría el entrenamiento militar, la integración regional y la imagen internacional de la Argentina. Pero esos objetivos no justifican por sí solos la existencia de una necesidad y urgencia constitucional.
La participación era conocida desde agosto de 2025. El programa de ejercicios había sido enviado al Congreso. El despliegue tenía fecha y presupuesto. Ningún elemento central apareció de manera sorpresiva durante los últimos días.
Lo excepcional no fue el ejercicio, sino la decisión de esperar hasta las vísperas para autorizarlo por decreto.
Milei envía así hasta 56 militares argentinos a Panamá para actuar en una maniobra encabezada por el Comando Sur, mientras el Congreso queda relegado a examinar posteriormente una medida que la Constitución le reservaba para su autorización previa.
El episodio combina dos rasgos centrales de la administración libertaria: el alineamiento estratégico con Estados Unidos y la tendencia a utilizar decretos para avanzar cuando el Poder Legislativo no acompaña, demora o pretende discutir sus decisiones.
Las tropas viajarán a Panamá para practicar la protección de un canal extranjero. En Buenos Aires, mientras tanto, el Gobierno abrió otro canal: el que permite sortear el debate parlamentario cada vez que la Constitución se interpone entre la voluntad presidencial y los planes de la Casa Rosada.
