Rodolfo Gudino
La industria bonaerense perdió el 5,7% de sus puestos de trabajo registrados entre fines de 2023 y fines de 2025. Mientras trabajadores y empresarios advierten sobre el deterioro productivo, el Gobierno negocia cambios al Presupuesto 2027 tras la controversia por discapacidad y busca avanzar con una reforma de seguridad y soberanía nacional que ya ingresó al Congreso.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta el último trimestre de 2026 con una agenda legislativa atravesada por disputas internas, reclamos sociales y una situación industrial que continúa generando preocupación entre trabajadores, sindicatos y sectores empresarios. Mientras la Casa Rosada busca acuerdos para aprobar sus reformas, los datos del empleo manufacturero bonaerense muestran el impacto de la contracción productiva sobre miles de familias que dependen de un salario.
Según la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 desaparecieron 30.748 puestos de trabajo industriales registrados, una caída acumulada del 5,7%. Al finalizar ese período, la provincia contabilizaba 509.739 empleos formales en el sector manufacturero. Solamente en la comparación entre los últimos trimestres de 2024 y 2025 se registraron 18.222 puestos menos.
Detrás de esas cifras se encuentran trabajadores de actividades como la industria textil, el calzado, el cuero, los productos metálicos, el caucho, el plástico y las confecciones. La reducción del empleo afecta directamente los ingresos familiares y también repercute sobre los comercios, los proveedores y las economías locales vinculadas con las fábricas.
Los representantes industriales señalan entre sus principales preocupaciones la debilidad del mercado interno, la competencia de productos importados y las dificultades para sostener la rentabilidad. También reclaman medidas tributarias y controles frente al contrabando. Desde el Gobierno nacional se defiende la apertura comercial y la desregulación como mecanismos para aumentar la competencia y mejorar la productividad, aunque los datos laborales plantean interrogantes sobre la capacidad del sector para sostener puestos de trabajo durante ese proceso.
La preocupación por la continuidad de las fuentes laborales impulsó contactos entre empresarios y organizaciones sindicales bonaerenses. Las conversaciones buscan identificar respuestas frente a la caída de la actividad y del empleo. Para los trabajadores, la discusión no se limita a los indicadores de producción: involucra la estabilidad laboral, el poder adquisitivo y la posibilidad de sostener proyectos familiares en un contexto económico incierto.
El deterioro industrial coincide con otra controversia que alcanzó al propio oficialismo: las modificaciones previstas en el capítulo de discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo incluía cambios en los criterios de acceso a las pensiones no contributivas, restricciones a su compatibilidad con el empleo formal y modificaciones al sistema de prestaciones.
Uno de los puntos cuestionados era la posibilidad de que una persona perdiera su pensión al incorporarse a un empleo registrado, incluso de jornada reducida. La propuesta también modificaba el papel del Certificado Único de Discapacidad en el acceso a determinados beneficios. Estas disposiciones provocaron objeciones de organizaciones del sector, legisladores opositores y dirigentes del propio Gobierno.
La senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, cuestionó públicamente el contenido del proyecto y señaló al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. También contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al negar que los cambios hubieran sido discutidos previamente en la mesa política oficialista.
Después de los cuestionamientos, el Gobierno inició negociaciones para modificar el capítulo de discapacidad. Sin embargo, el anuncio de conversaciones y acuerdos políticos no equivale a la aprobación de una solución legislativa. El contenido definitivo de las normas será determinante para establecer qué derechos, prestaciones y condiciones de acceso quedarán garantizados.
La controversia presupuestaria pone de relieve una cuestión que excede las diferencias entre funcionarios. Las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan en el sistema de atención necesitan previsibilidad para sostener tratamientos, servicios de apoyo y condiciones de vida. Cualquier modificación debe evaluarse por sus efectos concretos sobre esos derechos, además de su impacto fiscal.
En paralelo, el Poder Ejecutivo impulsa la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentada el 17 de septiembre y enviada a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. La iniciativa incluye propuestas para reforzar las sanciones contra la explotación no autorizada de recursos naturales en territorios argentinos bajo disputa de soberanía, particularmente las Islas Malvinas.
El proyecto también plantea modificaciones institucionales vinculadas con la seguridad y la defensa nacional, entre ellas la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Estas disposiciones requieren un examen separado de las medidas relativas a Malvinas, especialmente por sus posibles consecuencias sobre la distribución de competencias estatales y los mecanismos de control parlamentario.
La protección de los recursos naturales argentinos constituye una cuestión de soberanía que trasciende las disputas partidarias. Pero la defensa del territorio y del patrimonio nacional también exige transparencia institucional, controles democráticos y una discusión pública informada sobre las atribuciones que se pretende otorgar al Poder Ejecutivo.
Los tres frentes muestran problemas de distinta naturaleza. La pérdida de empleo industrial responde a una evolución económica registrada durante varios trimestres; la controversia por discapacidad involucra decisiones presupuestarias todavía sujetas a negociación; y la reforma de soberanía y seguridad abre un debate legislativo sobre las herramientas del Estado y sus límites institucionales.
Mientras la dirigencia política discute acuerdos parlamentarios y responsabilidades internas, miles de trabajadores enfrentan una realidad más inmediata: conservar sus empleos, sostener sus ingresos y acceder a servicios esenciales. Las cifras de la industria bonaerense no representan únicamente una variación estadística. Reflejan puestos de trabajo que dejaron de existir y familias que debieron reorganizar su economía.
El cierre de 2026 encontrará al Gobierno negociando reformas y buscando respaldo legislativo. Para la población trabajadora, sin embargo, el resultado de esas decisiones se medirá en cuestiones concretas: empleo registrado, salarios, continuidad de las prestaciones sociales y protección de los derechos. La recuperación productiva y las garantías sociales no pueden quedar reducidas a asuntos secundarios de la disputa política.
GONZALO SCHWEIZER
