Rodolfo Gudino
La histórica Maison de l’Argentine de París, una institución creada en 1928 para alojar estudiantes, investigadores y artistas argentinos en la Ciudad Universitaria Internacional, se convirtió en el centro de una controversia que trasciende ampliamente los límites de una residencia académica. Lo que comenzó como una disputa por la permanencia de trece residentes amenaza con transformarse en un conflicto diplomático, político e ideológico que expone cómo la denominada «batalla cultural» impulsada por el gobierno de Javier Milei empieza a proyectarse más allá de las fronteras argentinas.
La decisión de no renovar la residencia de trece investigadores y estudiantes provocó una fuerte reacción dentro de la comunidad académica argentina radicada en Francia. Los afectados denuncian que las expulsiones no responden a criterios administrativos sino a una política deliberada de persecución ideológica impulsada por la actual conducción de la institución. Entre ellos se encuentra Salvador Calanni, investigador posdoctoral en neurociencias, quien sostiene que la medida se produce después de que numerosos residentes expresaran públicamente desacuerdos con la orientación política que adoptó la dirección de la Casa durante los últimos meses.
La polémica escaló cuando más de 1.200 personas firmaron una carta dirigida a la embajada argentina en Francia denunciando un clima de hostigamiento político dentro de la residencia y reclamando la renuncia de su director, Santiago Muzio. El documento sostiene que la institución atraviesa un proceso de transformación que contradice la tradición pluralista y académica que caracterizó a la Casa Argentina durante casi un siglo.
El conflicto tiene antecedentes concretos. En marzo de este año residentes denunciaron la remoción de una placa que homenajeaba a los 30.000 desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar argentina. La placa ocupaba un lugar visible dentro del edificio y constituía uno de los símbolos más importantes de la memoria democrática argentina en Francia. Su retiro fue interpretado por numerosos residentes como una señal política que excedía cualquier criterio estético o administrativo.
La controversia se profundizó cuando comenzaron a conocerse detalles sobre la trayectoria y las vinculaciones políticas del director de la institución. Santiago Muzio, abogado franco-argentino nombrado durante la gestión de Javier Milei, aparece vinculado a estructuras políticas de la extrema derecha europea. Diversas investigaciones periodísticas en Francia revelaron que ocupa responsabilidades en la dirección del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), una escuela de formación política fundada por Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen y una de las figuras más influyentes de la derecha radical francesa.
La relación no es secundaria. Muzio participó activamente en la expansión internacional de esa estructura política y tuvo un papel relevante en la apertura de la sede madrileña del instituto. Su entorno familiar también aparece estrechamente ligado a sectores conservadores franceses que durante años militaron contra el matrimonio igualitario, los derechos sexuales y reproductivos y diversas políticas de igualdad impulsadas en Europa.
Para los críticos de la actual gestión, estos antecedentes ayudan a explicar el cambio de orientación que estaría experimentando la Casa Argentina. Lo que históricamente funcionó como un espacio destinado a promover el intercambio académico y cultural habría comenzado a convertirse, según denuncian, en una plataforma de difusión de ideas conservadoras y ultraderechistas vinculadas a redes políticas internacionales.
Las acusaciones no se limitan al perfil ideológico de su director. Residentes y organizaciones académicas sostienen que durante los últimos meses la principal sala de la institución fue utilizada para organizar actividades impulsadas por organizaciones conservadoras francesas, grupos antiaborto, asociaciones vinculadas a la derecha identitaria y fundaciones internacionales que promueven una agenda política alineada con sectores reaccionarios de Europa y Estados Unidos.
La preocupación aumenta porque la Casa Argentina forma parte de una red internacional de residencias universitarias cuyo objetivo fundacional es favorecer la convivencia intercultural, la investigación y la cooperación académica. Su utilización para actividades partidarias o de formación política representaría una alteración significativa de esa misión original.
Otro episodio que generó controversia fue la negativa de Muzio a firmar la Carta de Valores de la Ciudad Universitaria Internacional. El documento establece principios básicos de convivencia institucional, entre ellos la no discriminación por razones de género, orientación sexual, origen o religión. Según autoridades francesas, el director argumentó que el gobierno argentino no reconoce determinadas categorías vinculadas a la identidad de género y por eso decidió no adherir al texto.
Esa decisión fue interpretada como una ruptura simbólica con los consensos democráticos y de derechos humanos que históricamente orientaron la actividad de la Ciudad Universitaria.
La preocupación también llegó al ámbito político francés. Legisladores y representantes de distintos sectores solicitaron explicaciones sobre el uso que se está dando a una institución destinada originalmente a fines académicos y culturales. Hasta el momento, las respuestas oficiales han sido escasas y el conflicto continúa escalando.
Detrás de la disputa aparece una discusión más profunda sobre el rol que deben cumplir las instituciones argentinas en el exterior. La Casa Argentina fue concebida como un espacio abierto a la diversidad intelectual, política y cultural. Allí residieron investigadores, artistas y escritores de distintas generaciones, entre ellos Julio Cortázar, cuya figura simboliza precisamente el espíritu cosmopolita y plural que dio origen al proyecto.
Los críticos de la actual conducción sostienen que ese legado está siendo reemplazado por una lógica de alineamiento ideológico que busca convertir un espacio académico en una herramienta de proyección política internacional.
Mientras tanto, los trece residentes afectados esperan definiciones sobre su situación y preparan nuevas acciones junto a organizaciones universitarias francesas. Las autoridades de la Ciudad Universitaria aseguran que serán reubicados en otras residencias, pero el conflicto ya trascendió la cuestión habitacional.
La discusión ya no gira únicamente alrededor de trece expulsiones. Lo que está en debate es el futuro de una de las instituciones argentinas más emblemáticas en Europa y el alcance internacional de una disputa ideológica que, según denuncian sus críticos, busca trasladar a París las mismas batallas culturales que hoy atraviesan a la Argentina.
Melina Schweizer
REDACCIÓN
