Melina Orquidea
La Cámara de Diputados no logró abrir la sesión convocada para rechazar el megadecreto presidencial, según informó El Destape. El oficialismo evitó una votación que podía dejar sin efecto una de las principales herramientas de su programa económico. Mientras estudiantes, docentes y organizaciones sociales se movilizaban en defensa de la universidad pública, la disputa parlamentaria volvió a demostrar el peso político de las ausencias.
La oposición sufrió este jueves 15 de octubre un revés en la Cámara de Diputados. La sesión especial convocada para las 14, cuyo objetivo principal era rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de Javier Milei, no consiguió reunir los 129 legisladores necesarios para comenzar el debate, de acuerdo con la información publicada por El Destape.
El resultado representa una victoria parlamentaria para el Gobierno, aunque no porque haya conseguido una mayoría favorable al decreto en una votación, sino porque logró evitar que esa votación se realizara.
La diferencia es fundamental. El oficialismo no necesitaba demostrar que la Cámara respaldaba las reformas del Presidente. Le alcanzaba con que la oposición no reuniera el número de diputados indispensable para sesionar.
El fracaso de la convocatoria coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió reclamos de estudiantes, docentes, no docentes, sindicatos y organizaciones sociales contra distintas medidas del Gobierno.
Un decreto rechazado por el Senado que continúa vigente
El DNU 70/2023, firmado en diciembre de 2023, introdujo numerosas modificaciones en la legislación económica y comercial argentina. Entre ellas, eliminó restricciones regulatorias y derogó normas que el Gobierno consideraba obstáculos para la actividad privada.
El 14 de marzo de 2024, el Senado rechazó el decreto por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones.
Sin embargo, el rechazo de una sola Cámara no alcanza para derogarlo.
El artículo 24 de la Ley 26.122 establece que un DNU pierde vigencia por rechazo expreso de ambas cámaras del Congreso, sin afectar los derechos adquiridos durante su aplicación.
Por eso, una votación negativa en Diputados habría tenido consecuencias jurídicas decisivas: habría completado el procedimiento legislativo necesario para derogar el decreto.
Al impedirse la apertura de la sesión, esa posibilidad quedó postergada y el DNU continúa vigente en las disposiciones que no fueron modificadas, suspendidas o invalidadas por otras decisiones.
El quórum se convirtió en la principal herramienta de negociación
Durante los días previos, los bloques opositores mantuvieron negociaciones para reunir los 129 diputados necesarios.
Las estimaciones públicas no coincidían. Algunas ubicaban a la oposición cerca de los 127 legisladores, mientras otras proyectaban una asistencia de entre 112 y 123. Eran cálculos previos, no registros oficiales de presencia.
La participación de diputados vinculados a gobernadores provinciales aparecía como una de las variables decisivas.
El Gobierno también desplegó una estrategia parlamentaria para reducir los incentivos de sectores dialoguistas a participar de la sesión opositora. La Libertad Avanza impulsó una convocatoria alternativa para el 21 de octubre, incorporando asuntos vinculados con discapacidad, endeudamiento familiar y propiedad privada.
Esto permitía ofrecer otro ámbito de tratamiento para algunos reclamos sin someter inmediatamente a votación el DNU 70/2023.
No obstante, para determinar responsabilidades individuales será indispensable examinar el registro oficial de asistencia de este jueves. La ausencia de un diputado puede tener diferentes explicaciones y no demuestra, por sí sola, la existencia de un acuerdo con el Poder Ejecutivo.
La Ley de Tierras también influyó en la disputa
Uno de los acontecimientos que modificó el escenario parlamentario fue la intervención reciente de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
El artículo 154 del DNU 70/2023 había derogado la Ley 26.737, que establecía restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales.
El 9 de octubre, la Corte dispuso una medida cautelar que suspendió provisionalmente los efectos de esa derogación en el marco de una causa promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie. La decisión permitió restablecer temporalmente las restricciones, sin resolver definitivamente la cuestión de fondo.
Este cambio debilitó uno de los argumentos más urgentes utilizados para convocar la sesión opositora.
El oficialismo, además, incorporó el restablecimiento de la Ley de Tierras a su propia agenda legislativa, intentando separar esa discusión del rechazo integral al megadecreto.
El episodio demuestra cómo una decisión judicial y una modificación de la estrategia parlamentaria pueden alterar las condiciones de una votación sin resolver el conflicto político original.
En las calles, el reclamo fue más amplio que el DNU
Mientras en Diputados se discutía la posibilidad de abrir la sesión, las organizaciones universitarias impulsaban una nueva jornada federal de movilización.
El reclamo central del sector universitario era el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de conflicto por los salarios, los recursos presupuestarios y las obligaciones del Poder Ejecutivo.
También participaron organizaciones sindicales y sociales con reclamos vinculados a discapacidad, endeudamiento y políticas económicas.
La movilización y el tratamiento parlamentario del DNU coincidieron políticamente, pero no constituyeron un único reclamo. El movimiento universitario tiene demandas específicas que no se agotan en el destino del decreto presidencial.
La protesta expresa una contradicción característica de la jornada: mientras distintos sectores sociales exigían respuestas y decisiones legislativas, la Cámara baja no consiguió reunir las condiciones necesarias para debatirlas.
El Gobierno ganó tiempo, pero no cerró la discusión
El resultado de este jueves favorece al Ejecutivo porque mantiene la situación jurídica existente y evita una derrota parlamentaria de gran alcance.
Sin embargo, tampoco puede interpretarse como una ratificación legislativa del DNU. No hubo votación y, por lo tanto, no existe un nuevo pronunciamiento de Diputados sobre su aprobación o rechazo.
La oposición, por su parte, enfrenta un problema de articulación política: aun cuando distintos bloques coinciden en cuestionar al Gobierno, esa coincidencia no garantiza que estén dispuestos a acompañar una misma estrategia parlamentaria.
La cuestión excede el decreto. Pone en discusión la capacidad del Congreso para ejercer un control efectivo sobre decisiones del Poder Ejecutivo que modifican un conjunto amplio de normas.
El DNU 70/2023 continúa vigente no porque haya obtenido el respaldo expreso de ambas cámaras, sino porque el procedimiento legal vigente exige dos rechazos para derogarlo y Diputados todavía no produjo el suyo.
La jornada deja una conclusión política: Milei consiguió preservar su principal decreto de desregulación sin someterlo a una votación. La oposición no logró convertir sus cuestionamientos en una decisión institucional y, mientras tanto, los reclamos sociales continuaron expresándose fuera del Congreso.
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GONZALO SCHWEIZER
