Melina Schweizer
Un operativo de Migraciones y la Policía Federal identificó a 420 personas en el centro rosarino y la terminal de ómnibus. Ocho migrantes presentaban irregularidades administrativas, pero solamente un ciudadano chino tenía una orden de expulsión vigente.
El Gobierno de Javier Milei desplegó alrededor de 60 agentes federales durante casi nueve horas en Rosario para controlar la documentación de trabajadores, comerciantes, pasajeros y clientes. El resultado quedó muy lejos de la espectacularidad oficial: después de identificar a 420 personas, solamente retuvo a un ciudadano chino sobre quien pesaba una orden de expulsión.
El procedimiento comenzó el martes a las 12.30 en comercios ubicados sobre las calles San Martín y San Luis, una de las zonas más transitadas del centro rosarino. Más tarde, los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal trasladaron los controles a la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. La actividad concluyó alrededor de las 21.
Móviles oficiales, efectivos uniformados y fajas de seguridad alteraron durante horas la circulación del microcentro. El volumen del despliegue proyectaba la imagen de una operación contra una amenaza de gran magnitud. Los números difundidos posteriormente mostraron otra realidad.
De las 420 personas identificadas, 326 eran argentinas y 94 extranjeras. Entre estas últimas, 86 tenían su documentación completamente regularizada. Migraciones labró ocho actas por distintas irregularidades administrativas y retuvo únicamente al hombre que registraba la orden de expulsión, según informó Rosario 3.
El operativo del ICE ordenado por el presidente Javier Milei provocó la detención de al menos tres ciudadanos chinos y la solicitud de documentos a comerciantes y peatones en un barrio rosarino.
Una irregularidad migratoria no es un delito
La información debe expresarse con precisión: ninguna persona es “ilegal”. Una residencia vencida, una documentación incompleta o un trámite migratorio pendiente configuran situaciones administrativas que pueden regularizarse o discutirse ante las autoridades.
Tampoco las ocho actas levantadas durante el operativo representan ocho órdenes de expulsión. Solamente uno de los ciudadanos controlados tenía vigente una medida de ese tipo.
Equiparar una irregularidad documental con un delito permite convertir a personas migrantes en sospechosas por su nacionalidad, sus rasgos o su forma de hablar. Esa confusión también ayuda al Gobierno a presentar como un operativo de seguridad lo que, según los resultados conocidos, fue fundamentalmente una inspección administrativa sobredimensionada.
La abogada especializada en derecho migratorio Paula Carello advirtió que estos procedimientos atemorizan a las comunidades migrantes y recordó que la permanencia irregular no constituye un delito. El interrogante central es cómo fueron seleccionadas las personas a quienes se les exigió documentación y si existieron criterios basados en perfiles raciales o nacionales.
El Gobierno debe explicar si los agentes solicitaron documentos aleatoriamente a todas las personas que circulaban por la zona o si concentraron las inspecciones sobre quienes parecían extranjeras. Sin protocolos públicos, los controles pueden transformarse fácilmente en prácticas de hostigamiento contra comunidades asiáticas, africanas y latinoamericanas.
El modelo Trump desembarcó en Rosario
El procedimiento coincide con el endurecimiento migratorio impulsado por Milei y con su alineamiento político con Donald Trump. La comparación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, no implica que ambos organismos tengan las mismas competencias ni la misma estructura. Describe, en cambio, una estrategia política compartida: exhibir despliegues policiales contra migrantes para construir una amenaza interna.
Migraciones y la Policía Federal anticiparon que los controles continuarían durante la semana. De acuerdo con los agentes consultados en Rosario, no se trató de una inspección aislada, sino de una nueva política promovida por el Gobierno nacional.
El operativo se produjo después de que Milei modificara por decreto la legislación migratoria. El DNU 366/2025 amplió las facultades estatales para impedir ingresos, cancelar residencias y disponer expulsiones. También restringió el acceso gratuito de algunas personas extranjeras a prestaciones sanitarias y a la educación universitaria.
La norma mantiene la atención médica de emergencia para todas las personas, cualquiera sea su condición migratoria, y garantiza el acceso al sistema público en igualdad de condiciones a quienes poseen residencia permanente. Para la atención habitual en establecimientos administrados por el Estado nacional, los demás extranjeros deben acreditar un seguro de salud o pagar previamente la prestación, según el texto oficial del DNU 366/2025.
Eso tampoco significa que todos los hospitales públicos argentinos deban cobrar automáticamente a cualquier extranjero. La disposición menciona específicamente los establecimientos nacionales y preserva la atención de emergencias. Las provincias y los municipios conservan competencias sobre sus propios sistemas sanitarios.
Un despliegue desproporcionado
Los resultados permiten dimensionar la eficacia del procedimiento. Cada agente movilizado controló, en promedio, a siete personas durante una jornada de casi nueve horas. De las 94 personas extranjeras identificadas, más del 91% tenía su situación migratoria en regla. Solamente el 0,24% del total controlado terminó retenido.
La existencia de una orden de expulsión vigente justifica que Migraciones actúe dentro de sus competencias y con respeto por las garantías legales. Lo que exige explicación es la necesidad de movilizar a 60 agentes, intervenir comercios, alterar una terminal y controlar a centenares de personas para localizar a un único individuo.
El costo del operativo no fue informado. Tampoco se detalló si la autoridad conocía previamente el paradero del ciudadano buscado o si fue encontrado de manera fortuita durante la revisión masiva.
Esa información permitiría determinar si se trató de una investigación dirigida o de una redada indiscriminada. En el primer caso, el control de otras 419 personas sería difícil de justificar. En el segundo, el Gobierno habría movilizado decenas de agentes sin saber siquiera si encontraría a alguien con una orden vigente.
La migración como espectáculo político
La Casa Rosada utiliza la cuestión migratoria para construir una agenda de orden y seguridad pese a que el propio operativo mostró una incidencia mínima de las irregularidades entre las personas controladas.
Rosario atraviesa problemas urgentes relacionados con el narcotráfico, las economías criminales y la violencia urbana. Sin embargo, el Gobierno destinó 60 agentes federales a revisar documentos en comercios y andenes para terminar presentando ocho faltas administrativas y una retención como resultado de un “megaoperativo”.
La dimensión escenográfica fue más importante que la eficacia. Los móviles, las fajas y los uniformes produjeron las imágenes que necesitaba la política oficial, mientras la estadística desarmó el relato: nueve de cada diez extranjeros controlados tenían todos sus papeles en regla.
El operativo no demostró una crisis migratoria en Rosario. Demostró hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para fabricar una.
Rodolfo Gudino
