Melina Schweizer
Marcos Carasso, compañero de fórmula de Luis Juez en 2023, está imputado por presunto tráfico de influencias en la causa por sobrefacturación al PAMI de Río Cuarto. La Justicia investiga si intermedió entre los responsables de Ethical Salud y un funcionario estatal todavía no identificado. Mientras el expediente avanza, la delegación controlada políticamente por Gabriel Bornoroni no se presentó como querellante para recuperar el dinero.
La causa por la presunta estafa al PAMI de Río Cuarto dejó de ser solamente una investigación contra una empresa de rehabilitación. El análisis de las comunicaciones telefónicas abrió una segunda trama, mucho más incómoda para el oficialismo cordobés: la posible participación de dirigentes políticos en las gestiones realizadas para beneficiar a los responsables de Ethical Salud.
En el centro de esa derivación aparece Marcos Carasso, expresidente de la UCR de Córdoba, exdiputado nacional y compañero de fórmula de Luis Juez en las elecciones provinciales de 2023. Carasso está imputado por presunto tráfico de influencias pasivo y la Justicia intenta determinar si utilizó sus vínculos políticos para conectar a los empresarios investigados con alguien dentro del Estado.
La hipótesis no sostiene, hasta el momento, que Carasso haya participado directamente de las sobrefacturaciones. La sospecha es diferente: habría recibido y canalizado pedidos de los responsables de Ethical Salud cuando la maniobra comenzaba a quedar expuesta.
Esa diferencia jurídica es importante, pero no reduce el impacto político. Si se comprueba que existió una intermediación, la causa ya no terminaría en la empresa que cobraba prestaciones presuntamente infladas. Obligaría a identificar quién estaba del otro lado del teléfono y qué capacidad tenía para intervenir dentro del PAMI.
Una empresa que facturaba más de lo que podía atender
La investigación comenzó por las prestaciones de rehabilitación que Ethical Salud facturó al PAMI entre mediados de 2024 y septiembre de 2025. Una auditoría interna habría detectado irregularidades por aproximadamente 600 millones de pesos, aunque las estimaciones incorporadas al expediente elevan el posible perjuicio total hasta los $1.400 millones.
Uno de los datos que encendió las alarmas fue el crecimiento de las prestaciones declaradas. De acuerdo con la información publicada sobre la auditoría, la empresa pasó de registrar alrededor de cinco casos mensuales a informar 60 y posteriormente más de 100, pese a que su infraestructura no parecía compatible con ese volumen de atención.
La sospecha es que Ethical Salud habría cobrado tratamientos completos aunque los pacientes recibieran prestaciones más breves. También habría utilizado sistemáticamente módulos de mayor valor, incluidos servicios destinados a la rehabilitación de cuadros complejos como accidentes cerebrovasculares.
No se investiga, por lo tanto, una simple diferencia administrativa. La causa intenta establecer si se construyó un sistema para presentar ante el PAMI tratamientos más extensos o costosos que los efectivamente brindados y obtener así pagos superiores.
Por el expediente fueron detenidos Gonzalo Lima, gerente de Ethical Salud; Pablo Adzich, presidente de la Cámara de Internación Domiciliaria de Córdoba, y Lucas Kurilkowich, responsable del área de rehabilitación de la empresa en Río Cuarto. Los tres recuperaron posteriormente la libertad bajo fianza, pero continúan procesados en la investigación. Lima está señalado como presunto jefe de una asociación ilícita y autor de once hechos de defraudación contra la administración pública.
Las comunicaciones que llevan hasta Carasso
El expediente dio un salto cuando los investigadores comenzaron a reconstruir las comunicaciones de los empresarios. Los registros indicarían que Carasso mantuvo contactos con Lima y Adzich y habría intervenido para “acercar a las partes”.
El fiscal federal Rodolfo Cabanillas lo imputó por presunto tráfico de influencias. En junio, Gendarmería allanó su domicilio en General Cabrera y sus oficinas en el Tribunal de Cuentas de Córdoba. Carasso se presentó posteriormente ante el Juzgado Federal de Río Cuarto y se abstuvo de declarar.
Su defensa rechaza cualquier vinculación con el fraude. El dirigente sostiene que no está acusado de integrar la presunta asociación ilícita ni de participar directamente en las facturaciones irregulares.
Eso es cierto, pero responde solamente a una parte de la investigación. La pregunta pendiente no es si Carasso firmó facturas o atendió pacientes, sino si puso sus relaciones políticas al servicio de los empresarios cuando necesitaban llegar hasta un funcionario público.
Adzich y Lima también fueron imputados por tráfico de influencias activo. Carasso aparece en el extremo complementario de esa figura penal: sería la persona que presuntamente recibió la solicitud y ofreció su capacidad de intermediación. Fuentes vinculadas al expediente sostienen que los investigadores todavía no identificaron de manera concluyente al tercer actor estatal que habría sido destinatario de esas gestiones.
Encontrar ese nombre es ahora uno de los puntos decisivos. Si la comunicación terminó dentro del PAMI, la causa podría ascender desde la delegación de Río Cuarto hacia niveles superiores de la estructura nacional.
Juez fue a defenderlo, pero su testimonio no cerró la causa
Luis Juez intentó contener el daño político. El senador declaró como testigo ante el Juzgado Federal de Río Cuarto y afirmó que Carasso es una persona “honorable” y “decente”. También calificó la imputación como una operación promovida desde el gobierno provincial.
La intervención tuvo una utilidad política evidente: Juez buscó separar a su antiguo compañero de fórmula de los empresarios procesados y presentar la causa como una maniobra contra su espacio.
Sin embargo, una declaración sobre la honorabilidad personal de Carasso no puede desmentir el contenido de los registros telefónicos. La Justicia no debe resolver si Juez confía en él, sino con quién habló, qué le solicitaron, a quién trasladó eventualmente esos pedidos y qué consecuencias produjeron esas conversaciones.
Por eso, fuentes judiciales relativizaron la capacidad del testimonio para modificar el expediente. Juez puede aportar contexto sobre su relación política con Carasso, pero difícilmente pueda explicar comunicaciones de las que no participó. Su declaración, lejos de cerrar el asunto, confirmó la sensibilidad política que adquirió la investigación.
También existe otra incomodidad. Como senador, Juez participa de una cámara que interviene en la aprobación de jueces y fiscales federales. Eso no convierte su declaración en una presión judicial, pero obliga a extremar la prudencia: cuando un dirigente con poder institucional se presenta para defender públicamente al imputado que integró su fórmula electoral, su intervención nunca puede leerse como un testimonio políticamente neutro.
El silencio del PAMI que controla el sector de Bornoroni
El dato políticamente más difícil de explicar no está en una llamada, sino en una ausencia. Aunque el PAMI es el damnificado directo y podría haber perdido hasta $1.400 millones, su delegación de Río Cuarto no se presentó como querellante.
La querella permitiría acceder al expediente, ofrecer pruebas, solicitar medidas, impulsar la investigación y reclamar la reparación del daño patrimonial. No hacerlo significa dejar toda la iniciativa en manos del fiscal y del juez, pese a que el dinero presuntamente defraudado pertenece a la obra social de los jubilados.
La delegación se encuentra bajo la influencia política del sector que conduce en Córdoba el diputado libertario Gabriel Bornoroni, referente de Karina Milei en la provincia. Eso convierte una decisión procesal en un problema político: mientras el oficialismo sostiene públicamente que debe protegerse cada peso del Estado, el organismo afectado evita asumir el papel más activo disponible para recuperar una suma millonaria.
La falta de querella no demuestra por sí misma un encubrimiento. Puede responder a una decisión administrativa, una estrategia jurídica o instrucciones de la conducción nacional. Pero precisamente por tratarse de un organismo público existe la obligación de explicarla.
¿Por qué el PAMI no reclama judicialmente el dinero? ¿Quién decidió no presentarse? ¿La conducción nacional evaluó el expediente? ¿Se inició una acción patrimonial contra los responsables? ¿Qué medidas se adoptaron para impedir que las presuntas irregularidades continuaran?
Sin respuestas, la pasividad beneficia objetivamente a los investigados, aunque todavía no pueda afirmarse que haya sido diseñada para favorecerlos.
Bornoroni y Juez quedan atrapados en la misma defensa
La causa toca dos estructuras que hoy conviven dentro del oficialismo cordobés. Por un lado, el juecismo, porque Carasso fue el candidato a vicegobernador de Luis Juez y uno de los dirigentes centrales de su armado electoral. Por otro, el sector libertario comandado por Bornoroni, que controla políticamente las principales delegaciones nacionales en Córdoba.
Ambos necesitan limitar el expediente. Juez procura presentar la imputación de Carasso como una operación política. La estructura vinculada a Bornoroni evita que el PAMI se transforme en querellante. Uno defiende públicamente al dirigente investigado; el otro debe explicar por qué el organismo perjudicado no impulsa la acusación.
La investigación también amenaza con exponer el sistema mediante el cual la dirigencia provincial ocupó las oficinas nacionales después de la llegada de Milei. En ese esquema, distintos sectores radicales y juecistas se acercaron al Gobierno, obtuvieron lugares dentro del Estado y terminaron bajo el paraguas político de La Libertad Avanza.
Carasso representa precisamente esa transición. Fue presidente de la UCR cordobesa, integró la fórmula de Juez y luego se aproximó al oficialismo libertario. Su imputación ocurre cuando Juez y Bornoroni compiten por espacios dentro del mismo dispositivo que pretenden defender.
La causa todavía no llegó al último teléfono
La responsabilidad penal de Carasso no está probada y deberá ser establecida por la Justicia. Tampoco se conoce todavía la identidad del funcionario que presuntamente habría recibido las gestiones atribuidas al excompañero de fórmula de Juez.
Pero el expediente ya dejó cuatro hechos difíciles de neutralizar políticamente: existió una auditoría que detectó sobrefacturaciones millonarias; hay empresarios procesados; Carasso fue imputado después del análisis de comunicaciones y el PAMI no se presentó como querellante.
La estrategia de reducir todo a una operación contra el juecismo tropieza con una pregunta elemental: si la denuncia fuera solamente una maniobra política, ¿por qué la obra social perjudicada no interviene para descubrirlo y recuperar su dinero?
La investigación puede terminar demostrando que Carasso no cometió ningún delito. También puede establecer que sus llamadas fueron algo más que una gestión circunstancial. Para resolverlo, la Justicia deberá seguir la cadena completa: desde las facturas de Ethical Salud hasta el dirigente que atendió los pedidos y desde Carasso hasta el funcionario público que presuntamente debía resolverlos.
El problema para Juez y Bornoroni es que defender al intermediario y mantener al damnificado fuera del expediente no despeja las sospechas. Las multiplica. Porque en una estafa de hasta $1.400 millones contra los jubilados, el silencio más difícil de justificar no es el del imputado que se abstuvo de declarar, sino el del PAMI que todavía no reclamó el dinero.
Rodolfo Gudino
