REDACCIÓN
Colectivo con sede en Santo Domingo acusa a Washington de agravar crisis humanitaria mientras proveía armas a las bandas que ahora dice combatir.
El Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha, con sede en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, condenó este jueves la nueva escalada militar de los Estados Unidos en el territorio de su país vecino, Haití. La acción, que incluye el despliegue de buques de guerra en la Bahía de Puerto Príncipe, es denunciada como una ocupación imperialista que busca imponer un gobierno títere y ahogar la soberanía haitiana, agravando intencionalmente una crisis humanitaria que ya cuenta con más de un millón de desplazados internos.
La condena se produce en un contexto político crítico dentro de Haití, en vísperas del 7 de febrero—fecha histórica en el calendario político nacional—y ante el inminente fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), una estructura impuesta por el llamado Core Group (grupo de países e instituciones liderado por EE.UU.) y ampliamente rechazada por las organizaciones populares haitianas. Para el Comité dominicano, la intervención es el mecanismo de fuerza para perpetuar un poder ilegítimo funcional a Washington.
El pronunciamiento, leído en Santo Domingo pero dirigido a la escena internacional, señala con datos precisos la doble moral del imperio: mientras buques de guerra estadounidenses se posicionan frente a las costas de Puerto Príncipe, informes de la ONU y declaraciones del propio secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han reconocido que el grueso de las armas que utilizan las bandas paramilitares haitianas—causantes de la crisis de desplazados—ingresan por contenedores procedentes del puerto de Miami, Florida.
“Esta no es una intervención humanitaria; es la fase militar de un proyecto colonial”, afirma el texto, que vincula la ofensiva con una estrategia regional más amplia. La presencia militar en la bahía de Puerto Príncipe, a escasos kilómetros de Cuba, tiene también el objetivo de ejercer presión sobre el gobierno revolucionario de la isla. Paralelamente, el Comité denuncia que la República Dominicana, bajo el gobierno de Luis Abinader, ha cedido espacios de soberanía nacional—específicamente los aeropuertos internacionales de Las Américas y San Isidro, y anteriormente el estratégico Puerto de Manzanillo—para servir como plataforma logística a la armada norteamericana, facilitando la intervención.
El comunicado responsabiliza directamente a Estados Unidos y a las élites haitianas cómplices por la creación y el fortalecimiento sistemático de las bandas armadas, primero como herramienta para sofocar la protesta popular durante el gobierno de Jovenel Moïse, y ahora como justificación pretextual para una invasión. La demanda central es clara y refleja el clamor de sectores organizados en Haití: la desaparición del CPT, la salida del destituido primer ministro Alix Didier Fils-Aimé—señalado como operador directo de los intereses estadounidenses—y el cese inmediato de toda ocupación militar extranjera.
“La neutralidad frente a la ocupación es complicidad”, sentencia el Comité desde Santo Domingo, expresando una solidaridad militante con la lucha del pueblo haitiano. “No habrá paz ni estabilidad real mientras persista la injerencia extranjera, fluyan las armas desde Miami y se sostenga a punta de fusil un orden político que el pueblo ha repudiado.”
