Melina Schweizer
El Senado reactivó el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada con más de 20 expositores.
El proyecto del Gobierno modifica leyes clave como expropiaciones, tierras y desalojos.
Apunta a reforzar la seguridad jurídica, pero genera tensiones con el acceso a la vivienda y el rol del Estado.
📍 Ciudad de Buenos Aires, 14 de abril de 2026
El Senado volvió a poner en el centro de la agenda uno de los ejes ideológicos del gobierno de Javier Milei: la inviolabilidad de la propiedad privada. Con una plenaria de comisiones que reúne a más de veinte especialistas, el oficialismo busca avanzar en un proyecto que redefine aspectos centrales del derecho de propiedad en Argentina y que, de prosperar, tendrá impacto directo en el mercado inmobiliario, la política social y la dinámica de los conflictos territoriales.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y defendida en su presentación por Federico Sturzenegger, se enmarca en lo que el Gobierno considera los pilares de su programa: equilibrio fiscal y libertad económica. Según plantean, el respeto efectivo a la propiedad es condición necesaria para atraer inversiones y romper con décadas de inestabilidad jurídica .
Un proyecto que modifica el corazón del sistema
El texto en discusión no es una ley aislada. Propone cambios en múltiples normas que estructuran el régimen de propiedad en el país:
- Ley de Expropiaciones
- Código Civil y Comercial
- Régimen de Regularización Dominial
- Ley de Tierras
- Ley de Manejo del Fuego
- Registro de la Propiedad Inmueble
El objetivo declarado es claro: reforzar la protección jurídica del propietario frente a la intervención estatal o a ocupaciones ilegales.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de criterios estrictos para declarar la utilidad pública en expropiaciones. A partir de ahora, debería justificarse bajo estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, limitando el margen discrecional del Estado.
El punto económico: seguridad jurídica e inversiones
Desde el oficialismo sostienen que la falta de reglas claras sobre la propiedad fue un freno histórico a la inversión.
Informes de organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE han señalado en reiteradas oportunidades que la inseguridad jurídica en torno a la propiedad —incluyendo cambios regulatorios, ocupaciones y demoras judiciales— afecta el clima de negocios en países emergentes.
En esa línea, el proyecto introduce mecanismos para garantizar indemnizaciones actualizadas en expropiaciones, reconocimiento del lucro cesante y pagos ajustados por inflación
La intención es evitar que el Estado, mediante demoras o intervenciones, licúe el valor de los bienes.
Desalojos más rápidos y nuevo rol judicial
Otro eje central del proyecto es la reforma de los procesos de desalojo.
Se propone:
- establecer procedimientos sumarísimos
- habilitar restituciones anticipadas
- reforzar las facultades judiciales
El argumento es que las ocupaciones ilegales generan, en los hechos, una pérdida del derecho de propiedad sin compensación.
Sin embargo, este punto es uno de los más controvertidos. Organizaciones sociales y especialistas en derecho urbano advierten que acelerar desalojos sin políticas habitacionales paralelas podría agravar la crisis de acceso a la vivienda.
Tierras, inversión extranjera y recursos
El proyecto también avanza sobre la Ley de Tierras, un tema históricamente sensible en Argentina.
La propuesta flexibiliza restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, concentrando los controles solo en casos vinculados a Estados o actores estratégicos.
Desde el Gobierno argumentan que las limitaciones actuales desincentivan la inversión, especialmente en el sector agropecuario.
Pero sectores académicos y organizaciones territoriales advierten sobre riesgos de concentración y pérdida de control sobre recursos naturales.
Manejo del fuego: entre producción y ambiente
Otro capítulo clave es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
El proyecto busca eliminar restricciones que hoy impiden cambiar el uso de tierras incendiadas durante décadas (hasta 60 años en algunos casos).
El oficialismo sostiene que esas limitaciones son ineficaces y afectan la producción.
Sin embargo, especialistas ambientales señalan que esas normas surgieron para evitar incendios intencionales con fines inmobiliarios o productivos.
Aquí aparece una tensión estructural y producción vs. protección ambiental
Regularización dominial: cambio de paradigma
El proyecto también modifica el régimen de integración socio-urbana, que buscaba regularizar barrios populares.
La propuesta elimina el esquema centralizado y lo reemplaza por un modelo más descentralizado, donde:
- provincias
- municipios
- CABA
tendrán mayor protagonismo.
El argumento oficial es que el sistema actual no logró avances significativos.
Pero organizaciones sociales advierten que podría debilitar políticas de acceso a la tierra y la vivienda.
Un debate con múltiples voces
La discusión en el Senado incluye a más de veinte expositores, entre juristas, académicos y dirigentes sociales.
El oficialismo se mostró dispuesto a introducir modificaciones, lo que indica que el texto aún está en construcción.
Según fuentes parlamentarias, el dictamen podría firmarse en los próximos días, lo que abriría el camino para su tratamiento en el recinto.
Una reforma con impacto estructural
Más allá de los detalles técnicos, el proyecto plantea un cambio de enfoque del derecho a la propiedad como garantía individual al derecho a la propiedad como eje del modelo económico
Esto tiene implicancias profundas.
Por un lado, puede mejorar la previsibilidad para inversores.
Por otro, puede tensionar políticas sociales vinculadas a la tierra y la vivienda.
La propiedad como campo de disputa
El debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada no es solo jurídico.
Es político.
Define qué rol tiene el Estado, cómo se distribuyen los recursos y qué modelo de desarrollo se busca.
El Gobierno apuesta a una mayor protección del propietario como motor de inversión.
Sus críticos advierten que, sin equilibrio, esa protección puede profundizar desigualdades.
En el Senado, esa tensión ya empezó a discutirse.
Y lo que se defina allí tendrá impacto mucho más allá del Congreso.
REDACCIÓN
