REDACCIÓN
Gobernadores aliados de la Casa Rosada rechazan el plan del Gobierno para eliminar las primarias. La iniciativa necesita mayorías que el oficialismo todavía no tiene. En el Congreso advierten que los votos deberán construirse uno por uno.
El proyecto del gobierno de Javier Milei para eliminar definitivamente las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) enfrenta resistencias incluso entre dirigentes que hasta ahora acompañaron al oficialismo en el Congreso. Gobernadores provinciales que mantienen acuerdos políticos con la Casa Rosada adelantaron que no están dispuestos a respaldar una reforma electoral que elimine ese mecanismo de selección de candidaturas.
Las primarias funcionan desde 2009 como una instancia obligatoria en la que los partidos políticos definen sus candidatos para las elecciones generales. Aunque el oficialismo argumenta que se trata de un sistema costoso para el Estado, sectores de la oposición y varios mandatarios provinciales sostienen que las PASO cumplen una función clave: ordenar la oferta electoral y resolver internas partidarias sin fragmentar el voto.
El cálculo político detrás de la reforma
El oficialismo libertario ya había impulsado la suspensión de las primarias para el turno electoral anterior, justificando la decisión en la necesidad de reducir el gasto público. Sin embargo, la nueva iniciativa sería más ambiciosa: eliminar definitivamente el sistema de primarias del calendario electoral argentino.
En el Congreso, dirigentes opositores interpretan que la reforma no responde únicamente a razones presupuestarias, sino también a una estrategia política. Sin PASO, los partidos opositores perderían una herramienta para ordenar candidaturas competitivas y podrían llegar a las elecciones generales con listas divididas, una situación que favorece electoralmente al oficialismo.
Desde esa perspectiva, varios gobernadores consideran que la eliminación de las primarias podría debilitar el sistema de competencia política y beneficiar a un gobierno que apuesta a enfrentar adversarios fragmentados.
Un proyecto difícil de aprobar
Más allá del debate político, el principal obstáculo para la reforma es aritmético. Modificar la legislación electoral requiere una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, lo que implica reunir al menos 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.
El bloque oficialista está lejos de alcanzar esos números por sí solo. Actualmente el gobierno cuenta con aproximadamente 95 diputados y 21 senadores, por lo que necesita negociar apoyos con otras fuerzas políticas y, especialmente, con legisladores vinculados a los gobernadores.
En la Cámara de Diputados, varios de esos votos se encuentran en bloques provinciales que suelen actuar como árbitros en votaciones clave. Entre ellos figuran legisladores vinculados al salteño Gustavo Sáenz, al misionero Rubén Passalacqua, al catamarqueño Raúl Jalil y al tucumano Osvaldo Jaldo.
También entran en la ecuación legisladores cordobeses, radicales y otros representantes provinciales que integran bloques pequeños pero decisivos cuando las votaciones están ajustadas.
Según estimaciones parlamentarias, al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem le faltarían al menos 35 votos para alcanzar la mayoría necesaria, un número que hoy parece difícil de reunir sin el respaldo de los gobernadores.
Silencio estratégico en los bloques opositores
Otros espacios políticos prefieren mantener cautela hasta conocer el contenido definitivo del proyecto. En el PRO, por ejemplo, algunos dirigentes evitan pronunciarse públicamente y señalan que todavía no está claro qué cambios incluiría la reforma ni cómo impactaría en el financiamiento de los partidos políticos.
El peronismo tampoco ha fijado una posición unificada, aunque dentro del bloque que conduce Germán Martínez existe consenso sobre la utilidad de las primarias como herramienta para ordenar disputas internas.
Esa discusión es especialmente relevante para el propio peronismo, que atraviesa tensiones entre distintos sectores del espacio, incluyendo las diferencias políticas entre el kirchnerismo, gobernadores provinciales y dirigentes cercanos al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
En ese contexto, eliminar las PASO podría complicar la resolución institucional de esas disputas y trasladarlas directamente a la elección general.
El desafío en el Senado
El panorama tampoco resulta sencillo para el oficialismo en la Cámara alta. Con 21 senadores propios, el gobierno necesita sumar al menos 16 votos adicionales para alcanzar los 37 necesarios.
En ese cálculo aparecen nombres de legisladores provinciales y de partidos minoritarios que suelen negociar su apoyo caso por caso. Entre ellos figuran senadores vinculados a provincias como Córdoba, Misiones, Santa Cruz, Neuquén y Corrientes, además de representantes radicales que integran uno de los bloques más numerosos de la oposición.
La experiencia reciente muestra que el oficialismo puede construir mayorías circunstanciales, como ocurrió durante el debate de la reforma laboral impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuando el Gobierno logró reunir hasta 42 votos en el Senado.
Sin embargo, varios legisladores advierten que ese tipo de mayorías no garantizan un respaldo automático para futuras iniciativas.
Una mayoría que deberá negociarse
La advertencia se repite en distintos despachos del Congreso: en la actual composición parlamentaria no existen mayorías estables. Cada proyecto requiere negociaciones específicas con bloques provinciales, partidos opositores y legisladores independientes.
En ese escenario, la eliminación de las PASO se perfila como una reforma políticamente sensible que difícilmente avance sin un acuerdo amplio entre oficialismo y oposición.
Por ahora, el mensaje de varios gobernadores aliados es claro: aunque acompañaron otras iniciativas del Gobierno, no están dispuestos a respaldar un cambio electoral que podría alterar las reglas de competencia política en el país.
El resultado final dependerá de una negociación legislativa que, como ocurre cada vez con mayor frecuencia en el Congreso argentino, se resolverá voto por voto.
CONCHITA PRETA
GONZALO SCHWEIZER
