Melina Schweizer
La audiencia será este lunes 7 de septiembre, a las 17, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. El encuentro recogerá denuncias contra agencias que llaman a familiares y empleadores, simulan intimaciones judiciales o reclaman obligaciones inexistentes. La discusión llega cuando la mora de los créditos familiares alcanzó niveles históricos.
El endeudamiento familiar dejó de ser solamente un problema de números para convertirse en una forma cotidiana de disciplinamiento. El teléfono suena durante la cena, el mensaje amenaza con un embargo inmediato y, si el deudor no responde, la agencia de cobranza llama a su madre, a un compañero de trabajo o directamente al jefe. La deuda es privada, pero la humillación se distribuye entre todos los contactos.
Ese fenómeno llegará este lunes a la Legislatura porteña. Leandro Santoro, diputado de Fuerza por Buenos Aires, encabezará a las 17 una audiencia ciudadana en el Salón Dorado para escuchar a vecinos que denuncian hostigamiento por parte de agencias dedicadas al recupero extrajudicial de deudas.
La convocatoria no es una audiencia pública formal vinculada al tratamiento de una ley ya presentada. Santoro trabaja todavía en la elaboración de un nuevo régimen de protección y pretende utilizar los testimonios para identificar las prácticas más frecuentes, detectar los vacíos regulatorios y definir las herramientas que contendrá el futuro proyecto.
La diferencia es importante: la Legislatura no votará este lunes una solución. Recién comenzará a reunir los elementos para redactarla.
La mora récord alimenta el negocio del hostigamiento
La discusión aparece en medio de un deterioro acelerado de la capacidad de pago de los hogares. Según el informe bancario correspondiente a abril, la irregularidad de los créditos destinados a las familias alcanzó el 12,1%, frente al 3,3% registrado entre las empresas. El propio Banco Central reconoció el crecimiento del indicador.
Otros relevamientos que incorporan tarjetas, billeteras virtuales y prestamistas no bancarios muestran una dimensión todavía mayor. Más de veinte millones de argentinos mantienen alguna deuda financiera y millones acumulan atrasos. El problema dejó de afectar exclusivamente a sectores excluidos del crédito tradicional y comenzó a atravesar a trabajadores formales, jubilados y familias de clase media.
La estabilización de algunos indicadores macroeconómicos no solucionó la crisis de ingresos. El aumento de las tarifas, la pérdida salarial y el encarecimiento del crédito redujeron el dinero disponible para pagar las cuotas. Muchas familias comenzaron a utilizar la tarjeta para comprar alimentos o solicitaron un préstamo para cancelar otro. La deuda dejó de financiar consumo futuro y pasó a sostener el presente.
En ese escenario creció también el mercado del recupero. Bancos, financieras, comercios y plataformas digitales pueden derivar o vender sus carteras morosas a agencias que cobran un porcentaje de lo recuperado. Cuanto mayor es la presión sobre el deudor, mayores son las probabilidades de obtener un pago. El incentivo económico, sin controles suficientes, premia la insistencia y convierte fácilmente la cobranza en persecución.
Amenazas que parecen órdenes judiciales
Entre las conductas denunciadas aparecen los llamados reiterados a cualquier hora, el contacto con familiares y empleadores, las acusaciones de fraude, las amenazas de embargo y el envío de mensajes diseñados para parecer notificaciones judiciales.
La puesta en escena tiene un objetivo: convencer al destinatario de que una medida judicial ya está en marcha, aunque muchas veces no exista demanda, sentencia ni orden de embargo. También se reclaman deudas prescriptas, canceladas o correspondientes a otras personas.
Una agencia puede informar la existencia de una obligación y reclamar su pago. Lo que no puede hacer es atribuirse facultades judiciales, amenazar, divulgar la deuda frente a terceros o colocar al consumidor en una situación humillante.
El artículo 8 bis de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor obliga a garantizar un trato digno y prohíbe las conductas “vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”. Por lo tanto, una deuda legítima no vuelve legítimo cualquier método utilizado para cobrarla.
También existen canales para denunciar estas prácticas ante Defensa del Consumidor de la Ciudad. Sin embargo, el problema señalado por Santoro reside precisamente en la distancia entre la prohibición formal y su cumplimiento: las agencias cambian de número, ocultan su identidad, utilizan mensajes automatizados y trasladan al afectado la carga de demostrar cada abuso.
Qué regulación prepara Santoro
El esquema que estudia el legislador contempla una licencia obligatoria para las agencias de cobranza y la creación de un registro público. El ciudadano podría verificar qué empresa está autorizada para reclamar, por cuenta de quién actúa y desde cuáles teléfonos, correos o canales puede contactarlo.
La propuesta también analiza limitar las comunicaciones a una por día y dos por semana por cada deuda. Quedarían expresamente prohibidos el contacto con familiares o lugares de trabajo, la simulación de documentos judiciales, las amenazas y las referencias a delitos penales utilizadas como mecanismo de intimidación.
Otro componente sería la creación de un servicio gratuito de asistencia y recepción de denuncias. Esa herramienta resultará decisiva si cuenta con capacidad real de investigación y sanción. Un registro sin inspecciones puede terminar convertido en una guía telefónica de cobradores; una prohibición sin consecuencias económicas será apenas una recomendación de buenos modales.
Una disputa política sobre quién paga la crisis
Santoro intenta llevar a la Legislatura un problema que el Gobierno nacional presenta como una relación entre privados. Esa diferencia delimita dos posiciones políticas: para el oficialismo libertario, cada persona debe responder individualmente por las obligaciones que contrajo; para la oposición, el crecimiento masivo de la mora demuestra que ya existe una crisis social que requiere intervención estatal.
Regular las cobranzas no elimina las deudas ni resuelve la pérdida de ingresos. Tampoco autoriza a desconocer obligaciones legítimas. Su objetivo es establecer que una persona no pierde sus derechos porque se atrasó con una cuota.
La audiencia permitirá conocer hasta dónde llega el abuso y preparar una legislación más precisa. Pero también expondrá una de las contradicciones del actual modelo económico: millones de familias recurrieron al crédito para llegar a fin de mes y ahora deben explicar su pobreza ante empresas que las llaman como si hubieran cometido un delito.
La deuda puede reclamarse. Lo que no puede cobrarse es la dignidad del deudor.
GONZALO SCHWEIZER
