REDACCIÓN
Los ministros israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich reclamaron expulsar al embajador británico, reconocer la soberanía argentina sobre las Malvinas y sancionar al Reino Unido. La ofensiva respondió a la decisión de Londres de prohibir el comercio con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. El planteo favorece discursivamente a la Argentina, pero todavía no representa un cambio oficial de la política exterior de Israel.
La causa Malvinas acaba de ingresar en el tablero más incómodo de la política internacional. Dos de los ministros más poderosos del gobierno de Benjamin Netanyahu utilizaron el reclamo argentino para responder a las sanciones británicas contra los asentamientos israelíes en Cisjordania.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, exigió la expulsión inmediata del embajador británico en Israel. Su colega de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fue todavía más lejos: pidió reconocer oficialmente la soberanía argentina sobre las Malvinas y sancionar al Reino Unido mientras continúe ocupando el archipiélago.
“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado”, escribió Ben Gvir. También acusó a Londres de apropiarse del petróleo ubicado alrededor de las islas.
El pronunciamiento constituye una novedad importante, pero necesita una precisión esencial: Israel no modificó todavía su posición diplomática. Ben Gvir formuló un pedido dirigido a Netanyahu; no comunicó una decisión adoptada por el gobierno israelí. Confundir una declaración partidaria con un reconocimiento oficial produciría un triunfo diplomático imaginario.
Malvinas apareció como instrumento de represalia
Los ministros israelíes no incorporaron súbitamente la tradición anticolonialista latinoamericana. La mención de Malvinas surgió después de que el Gobierno británico anunciara la prohibición del comercio con los asentamientos israelíes establecidos en la Cisjordania ocupada.
La medida británica afecta específicamente los productos procedentes de los asentamientos y no el conjunto del intercambio comercial con Israel. Su impacto económico inmediato sería limitado, pero su peso político resulta mayor: Londres busca diferenciar jurídicamente el territorio israelí de las colonias construidas fuera de sus fronteras reconocidas y sostener la viabilidad de una solución de dos Estados.
Smotrich y Ben Gvir son, precisamente, los principales representantes políticos del movimiento de colonos. El segundo vive en un asentamiento y controla, desde el Ministerio de Seguridad Nacional, una estructura decisiva para el manejo del conflicto interno. Ambos consideran Cisjordania parte de Israel y rechazan la creación de un Estado palestino.
La apelación a Malvinas intenta devolverle a Londres la acusación de ocupante. Si el Reino Unido sanciona a Israel por mantener asentamientos en territorio palestino, los ministros israelíes responden señalando la presencia británica en un territorio cuya soberanía disputa la Argentina.
La jugada es políticamente eficaz, aunque jurídicamente interesada. La Organización de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y reclama negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica. No declaró mediante una resolución equivalente que Israel deba reconocer inmediatamente la soberanía argentina.
Ben Gvir utiliza, además, la palabra “ocupación” para describir Malvinas mientras la rechaza cuando se aplica a Cisjordania. El derecho internacional parece funcionar, en su discurso, como esos mapas plegables que solamente se abren cuando conducen al destino deseado.
Una oportunidad diplomática con doble fondo
Para la Argentina, cualquier pronunciamiento extranjero favorable al reclamo sobre Malvinas posee valor político. Si Netanyahu adoptara formalmente la propuesta, Israel rompería con la posición británica y ofrecería a Buenos Aires un respaldo significativo en medio de la disputa por la explotación petrolera.
Pero la forma en que apareció ese apoyo obliga a manejarlo con prudencia. Malvinas fue utilizada como herramienta de represalia dentro de un conflicto ajeno. No surgió de una negociación sostenida con la Cancillería argentina ni de una revisión histórica de la posición israelí, sino de la pelea bilateral entre Londres y Jerusalén.
Eso vuelve al respaldo potencialmente reversible. Si el Reino Unido retrocede en sus sanciones, o si Netanyahu necesita recomponer la relación con Londres, la reivindicación argentina podría desaparecer con la misma velocidad con la que apareció.
La política exterior argentina no debería rechazar un apoyo favorable, pero tampoco confundir una coincidencia táctica con una alianza estratégica. Una causa sostenida durante casi dos siglos no puede depender del enojo semanal de un ministro extranjero.
Milei queda atrapado entre Israel y el petróleo de Malvinas
El episodio también coloca a Javier Milei ante una contradicción delicada. Israel es uno de sus aliados internacionales más cercanos y Netanyahu uno de sus principales referentes políticos. Sin embargo, la compañía que lidera el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte es la israelí Navitas Petroleum.
Navitas controla el 65% del emprendimiento y está asociada con la británica Rockhopper, propietaria del 35% restante. El proyecto tiene una inversión estimada en 2.200 millones de dólares y prevé comenzar la producción en 2028. Argentina considera ilegales las licencias concedidas por las autoridades británicas de las islas y anunció acciones penales contra las empresas y sus directivos.
La paradoja resulta evidente: Ben Gvir acusa al Reino Unido de robar petróleo argentino mientras una empresa de su propio país encabeza el proyecto destinado a extraerlo.
Si el gobierno israelí reconociera formalmente la soberanía argentina, también tendría que explicar por qué una compañía que cotiza en Tel Aviv financia y desarrolla una explotación autorizada por la administración británica. Reconocer Malvinas sin revisar ese vínculo convertiría la solidaridad diplomática en una declaración sin consecuencias.
Milei enfrenta el mismo examen. Después de casi tres años de acercamiento incondicional a Israel, deberá demostrar si las sanciones anunciadas contra la red empresarial de Sea Lion alcanzarán efectivamente a Navitas, sus inversores y sus proveedores. La defensa de la soberanía comienza a perder credibilidad cuando las excepciones se redactan según la nacionalidad de los amigos.
Netanyahu tiene la última palabra
Smotrich y Ben Gvir son piezas indispensables de la mayoría parlamentaria que sostiene a Netanyahu. Esa capacidad les permite condicionar la política interna, amenazar con abandonar la coalición y desplazar al Gobierno hacia posiciones cada vez más radicales. Pero no les concede automáticamente el control de la diplomacia israelí.
Netanyahu deberá decidir si transforma el reclamo en una política oficial o si deja que sus ministros utilicen Malvinas como una amenaza retórica contra Londres. Reconocer la soberanía argentina supondría un choque directo con el Reino Unido y abriría preguntas sobre Navitas que el Gobierno israelí probablemente preferiría evitar.
La intervención de los ministros puede darle a la Argentina una oportunidad para exigir definiciones concretas. La Cancillería podría solicitar que Israel acompañe las resoluciones argentinas en los organismos internacionales, rechace las licencias petroleras británicas y desaliente la participación de sus empresas en Sea Lion.
Sin esos pasos, el respaldo será apenas una munición prestada en la guerra entre Israel y el Reino Unido.
Malvinas consiguió dos defensores inesperados, pero no necesariamente dos aliados. Ben Gvir y Smotrich no están discutiendo el futuro del Atlántico Sur: están peleando por Cisjordania. La bandera argentina apareció en esa batalla porque servía para golpear a Londres. El desafío para Buenos Aires consiste en convertir esa conveniencia momentánea en una posición diplomática real, antes de que el enojo cambie de enemigo.
Rodolfo Gudino
Melina Schweizer
