Melina Orquidea
Clínicas y sanatorios denuncian atrasos, aranceles insuficientes y prestaciones que generan pérdidas. Ante la negativa de Mario Lugones a recibirlos, buscan negociar con Diego Santilli o Luis Caputo, pero el jefe de Gabinete ya avisó que no intervendrá.
La crisis financiera de los prestadores del PAMI escaló a un nuevo nivel. Las principales cámaras de clínicas y sanatorios aseguran que el ministro de Salud, Mario Lugones, interrumpió el diálogo y se niega a convocar una mesa para discutir la actualización de los pagos. Ante el bloqueo, las entidades intentan llegar directamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, o al ministro de Economía, Luis Caputo.
La alternativa, sin embargo, parece cerrarse antes de comenzar. Desde el entorno de Santilli adelantaron que el funcionario no tiene previsto intervenir ni recibir a los prestadores. De confirmarse esa posición, las instituciones sanitarias volverán a quedar frente a Lugones y las autoridades del PAMI, a quienes responsabilizan por no ofrecer una respuesta suficiente.
“Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el Gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos”, reclamaron ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y Salud Federal, acompañadas por unas 30 cámaras provinciales.
Las organizaciones vienen advirtiendo desde junio que la falta de actualización de los valores, los atrasos acumulados y los débitos que consideran injustificados comprometen la continuidad de los servicios. En agosto respaldaron el corte total de atención realizado por clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut.
El problema no se limita a demoras administrativas. Los establecimientos aseguran que numerosas prestaciones ya se pagan por debajo de su costo. En algunas intervenciones urológicas, por ejemplo, el valor reconocido por el PAMI no alcanzaría siquiera para cubrir los materiales descartables, antes de sumar honorarios médicos, enfermería, quirófano, medicamentos, alimentación e internación.
Esa ecuación obliga a las clínicas a trabajar a pérdida o restringir prácticas. Algunos profesionales directamente dejaron de recibir pacientes del organismo, por lo que numerosos jubilados solo consiguen ingresar al sistema mediante las guardias.
La crisis atraviesa un sistema en el que el sector privado concentra, según las cámaras, el 51% de los establecimientos con internación, el 56% de las camas disponibles y más de 330.000 puestos de trabajo. El deterioro de esos prestadores no afecta únicamente a sus balances: también traslada pacientes hacia hospitales públicos que ya funcionan con recursos limitados.
Cuatro días sin atención programada
Mientras las cámaras reclaman una negociación política, los médicos de cabecera y odontólogos afiliados a APPAMIA comenzaron un paro nacional de 96 horas. La medida se extiende desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre e incluye la suspensión de consultas habituales, turnos programados y derivaciones, aunque se mantienen las urgencias.
El reclamo central es la actualización de las cápitas, el monto fijo que el PAMI paga mensualmente por cada afiliado asignado. Los profesionales denuncian que los médicos de cabecera reciben alrededor de $2.700 por paciente y los odontólogos apenas $374. Reclaman elevar esos valores a $4.500 y $3.000, respectivamente.
Los prestadores sostienen que con esos ingresos deben financiar alquileres, insumos, instrumental, personal administrativo, servicios y mantenimiento de los consultorios. La pérdida frente a la inflación provocó sucesivas medidas de fuerza y aceleró la salida de profesionales.
El conflicto afecta a la obra social más grande de América Latina, con aproximadamente seis millones de afiliados. Ya en abril, una investigación periodística estimaba que el PAMI acumulaba una deuda cercana a los $500.000 millones con sus prestadores y advertía sobre la salida de médicos del sistema.
La crisis privada desborda hacia los hospitales
Los efectos comenzaron a sentirse en distintas ciudades. En Mar del Plata, el cierre de servicios del Sanatorio Belgrano para unos 8.000 afiliados derivó pacientes hacia el Hospital Interzonal General de Agudos, donde las autoridades bonaerenses denunciaron una situación de virtual colapso.
La misma dinámica se repite en municipios donde las clínicas reducen prestaciones, los profesionales limitan turnos y los jubilados terminan recurriendo al sistema público. El problema financiero del PAMI se transforma así en una crisis sanitaria que deben absorber provincias y municipios.
El Gobierno no difundió un plan integral para recomponer los aranceles ni un cronograma que permita normalizar los pagos. El PAMI mantiene vigente su nomenclador de prácticas y sostiene públicamente que cuenta con una amplia red de especialidades, pero no respondió con datos concretos a las denuncias sobre prestaciones pagadas por debajo de sus costos.
El conflicto ya no se reduce a una disputa económica entre el Estado y sus proveedores. Sin una mesa de negociación, cada clínica que restringe servicios y cada profesional que abandona el sistema recortan las posibilidades de atención de jubilados y pensionados. Y mientras los prestadores buscan quién los reciba, la crisis continúa trasladándose directamente a los pacientes.
GONZALO SCHWEIZER
