REDACCIÓN
A 16 años del asesinato de Natalia «Pepa» Gaitán, el Día de la Visibilidad Lésbica encuentra a la comunidad LGBTIQ+ argentina en una encrucijada. Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con decretos que restringen derechos conquistados y legitima discursos que vinculan diversidad sexual con abuso infantil, los crímenes de odio no cesan. El triple lesbicidio de Barracas en 2024 y el ataque incendiario a dos lesbianas en Cañuelas son la cara más violenta de un contexto donde el Estado, lejos de proteger, se convierte en ariete contra las disidencias.
Cada 7 de marzo, la memoria de Natalia «Pepa» Gaitán interpela a la sociedad argentina. La joven cordobesa de 27 años fue asesinada de un escopetazo por Daniel Torres, el padrastro de su novia, en el barrio Parque Liceo de la ciudad de Córdoba . Ocurrió el 6 de marzo de 2010. Pepa murió al día siguiente, pero su nombre se convirtió en bandera.
El crimen no fue un hecho aislado. Torres la había amenazado en reiteradas ocasiones. No soportaba que su hijastra mantuviera una relación con una mujer. Durante el juicio, la defensa intentó construir el perfil de Pepa como «una lesbiana que daba miedo», poniendo a la víctima en el lugar de victimaria . El tribunal condenó a Torres a 14 años de prisión por homicidio simple con uso de arma de fuego, pero omitió el agravante de odio por orientación sexual . Esa omisión encendió la mecha de una lucha que, 16 años después, sigue más vigente que nunca.
El legado de Pepa en tiempos de decretazos
La Ley de Identidad de Género argentina, sancionada en 2012, fue pionera en el mundo. Reconocía el derecho a la autopercepción sin patologización ni judicialización, incluso para menores de edad con consentimiento informado y, en el caso de intervenciones quirúrgicas, con aval judicial . Pero en febrero de 2025, el gobierno de Javier Milei modificó por decreto el artículo 11 de esa ley .
El DNU 62/2025 prohibió a las personas menores de 18 años acceder a tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género . Lo hizo invocando la Convención sobre los Derechos del Niño, pero ignorando que la ley original ya se enmarcaba en esos principios. Juristas como Andrés Gil Domínguez calificaron el decreto como «nulo de nulidad absoluta e insanable», al no cumplir con las exigencias constitucionales para su emisión y violar el principio de no regresividad .
La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) advirtió que la medida no solo es inconstitucional, sino que pone en riesgo la salud de adolescentes trans. «La suspensión abrupta de estos tratamientos tiene consecuencias graves en la salud física, mientras que la imposibilidad de acceder a ellos afecta directamente la salud mental», denunciaron . Organismos internacionales como ILGALAC e ILGA Mundo expresaron su repudio y alertaron sobre «una estrategia sistemática de ataque a los derechos adquiridos» .
El odio no es una opinión
Paralelamente, otro decreto, el 61/2025, modificó la Ley de Ejecución de la Pena privativa de la libertad, limitando el alojamiento de personas trans en cárceles de acuerdo a su identidad de género . La medida se anunció días después de que Milei, en el Foro Económico Mundial de Davos, vinculara las «versiones más extremas de la ideología de género» con el abuso infantil y ejemplificara con un caso de una pareja homosexual condenada en Estados Unidos .
Chequeado verificó entonces que no hay evidencia científica que demuestre que las personas homosexuales tengan mayor probabilidad de cometer abusos sexuales a menores. La mayoría de los abusos son cometidos por varones heterosexuales del entorno familiar y social . Sin embargo, el daño ya estaba hecho: el discurso presidencial habilitaba la estigmatización de todo un colectivo.
Crímenes de odio en ascenso
Las palabras tienen consecuencias. El 29 de enero de 2026, un vecino prendió fuego la casa de dos lesbianas en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, a pesar de que ellas habían realizado denuncias previas y contaban con una medida perimetral . El agresor actuó impune, mientras el Estado miraba hacia otro lado.
El caso más emblemático ocurrió el 5 de mayo de 2024, en el barrio porteño de Barracas. Cuatro lesbianas vivían hacinadas en la habitación de un hotel familiar. Un hombre las consideraba «repugnantes» por su orientación sexual. Mientras dormían, arrojó una bomba casera que las prendió fuego. Tres de ellas murieron: Pamela, Roxana y Andrea. Solo una sobrevivió .
La Universidad Nacional de las Artes (UNA) recordó en su declaración por el 7M que estos hechos no son aislados, sino expresiones de una problemática estructural que el Estado debe abordar . «El odio no es una opinión; es una práctica social y política que mata», sentenció la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC en su comunicado .
La doble opresión de las lesbianas negras en Argentina
En la intersección del racismo y la lesbofobia, la experiencia de las mujeres afrodescendientes lesbianas en Argentina configura una realidad de discriminación múltiple que el movimiento feminista hegemónico ha tardado en reconocer. Como señala Viveros Vigoya, el debate sobre las sujetas del feminismo en América Latina comenzó en 1980, cuando mujeres de color y lesbianas cuestionaron que aquella sujeta fuera la mujer blanca .
«Desde que tengo conciencia, todos los días lloré por la discriminación. Especialmente en el camino de la escuela a casa. En la primaria sufrí más el racismo y en la secundaria, por lesbiana», relata Estefanía Cámera Da Boa Morte, activista afrouruguaya radicada en Argentina . Su testimonio revela cómo la opresión se transforma y acumula a lo largo de la vida: los ataques por el color de piel en la infancia, las burlas por la orientación sexual en la adolescencia.
La hipersexualización opera por partida doble. El documento del Cabildo Abierto de Mujeres Afro sostiene que «la hipersexualización también incide en la trata de las mujeres negras, pues existe en el imaginario social una representación de las mujeres negras como voluptuosas y exóticas» . A eso se suma la hipersexualización de las lesbianas, construidas como sujetos que «dan asco» o que buscan «llamar la atención», como relataban las compañeras de escuela de Estefanía cuando sugerían que usaba su cuerpo para obtener beneficios .
Sandra Chagas, activista afrouruguaya, expresa con claridad las tensiones dentro del movimiento feminista: «Es inconcebible que se siga discutiendo si las votaciones se tienen que hacer por consenso o mayoría. Por ejemplo, en las asambleas del movimiento Ni Una Menos. Muchas veces somos dos mujeres negras solas en esas asambleas. Imaginen una votación por mayoría. Necesitamos presencia. Que nuestros cuerpos estén ahí» .
Su posición es taxativa: «Cuando vamos por nosotras, vamos por la negritud primero» . Esta afirmación no desconoce la lucha lesbiana, sino que la sitúa en un entramado de opresiones que no pueden abordarse por separado. La interseccionalidad, como perspectiva teórica y metodológica, busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder .
Avances y resistencias en el movimiento afrodescendiente
En agosto de 2023 se realizó la primera Asamblea Nacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binaries Afrodescendientes de Argentina, un hito en la organización política del colectivo . Más de 150 personas de todo el país se reunieron en la Cámara de Diputados para debatir inclusión laboral, reparación histórica, visibilización y participación política .
«Argentina es afro», proclamó María Gabriela Pérez, directora de la Comisión de Reconocimiento Histórico de la comunidad afroargentina del INADI, al dar inicio al encuentro . La asamblea contó con la presencia de Epsy Campbell Barr, presidenta del Foro Permanente Afrodescendiente de Naciones Unidas y exvicepresidenta de Costa Rica, quien arengó: «Estamos abriendo las puertas de la democracia en la Argentina y con eso, abrimos las puertas de la democracia en América Latina. Ustedes están haciendo historia» .
Entre los principales reclamos del colectivo se encuentran el cupo laboral afrodescendiente, la reparación histórica y la participación política. La diputada Mónica Macha adelantó que se reunió con referentes de la comunidad «para poder generar un proyecto de cupo laboral para poblaciones afrodescendientes y originarias» .
Sin embargo, estos avances se ven amenazados en el nuevo contexto político. La resolución ministerial 682/2023 advertía sobre «la emergencia de discursos y propuestas políticas que no solo pretenden retroceder sobre las medidas legales adoptadas y así amenazar, avasallar y socavar los derechos humanos de la comunidad LGBTIQNB+, sino también desmantelar los amplios consensos democráticos que hemos alcanzado hasta nuestros días» .
La resistencia que se organiza
En la asamblea que organiza la marcha del 8M (que este año se realizará el lunes 9), las trabajadoras de Fate se hicieron presentes. «FATE NO SE CIERRA», corearon, y la asamblea las abrazó. El cierre de la histórica fábrica de neumáticos, que dejó 920 trabajadores en la calle, también es una lucha que interpela al movimiento feminista y diverso.
El colectivo de jóvenes El Teje lo expresó con claridad: «Podrán hablar mucho de libertad, pero las infancias trans son la liberación». En un contexto de ajuste, despidos y retrocesos en derechos, la visibilidad lésbica se vuelve un acto de resistencia cotidiana.
📍 16 años después de Pepa, los discursos de odio ya no son solo latentes: gobiernan. Milei modifica leyes por decreto, estigmatiza en foros internacionales y desmantela el INADI, el principal canal de denuncias para la comunidad. Mientras tanto, las lesbianas afrodescendientes enfrentan una doble opresión que el feminismo hegemónico aún no termina de reconocer, y los crímenes de odio siguen multiplicándose. La visibilidad lésbica hoy no es solo aparecer: es disputar sentidos, exigir garantías y afirmar el derecho a una vida digna. El odio no pasará.
Abril Strina
