En 2024 la mortalidad infantil subió de 8 a 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos, un aumento del 6,25% y el primero de esta magnitud desde 2002. El alza se explica principalmente por la mortalidad neonatal y se concentra en provincias con mayores niveles de desigualdad social y sanitaria.
La mortalidad infantil volvió a aumentar en Argentina y el dato no es neutro ni anecdótico. En 2024, la tasa pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos, un incremento del 6,25% interanual, el más pronunciado desde la crisis de 2001-2002. No se trata solo de una estadística sanitaria: es un indicador político, social y económico de primer orden.
La mortalidad infantil es, históricamente, uno de los termómetros más precisos del nivel de cuidado que una sociedad ejerce sobre su población. Cuando desciende, suele hacerlo en contextos de expansión del empleo, fortalecimiento del sistema de salud y políticas públicas orientadas a la equidad. Cuando aumenta, rara vez lo hace por azar.
Una tendencia larga que se interrumpe

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEIS, Ministerio de Salud de la Nación.
El recorrido histórico muestra una caída sostenida desde comienzos de los años noventa, con interrupciones puntuales que coinciden con momentos de crisis económica profunda. El caso más evidente es el período 2001-2002, cuando la tasa subió de 16,3 a 16,8, en simultáneo con el colapso del empleo, el sistema sanitario y los ingresos de los hogares.
A partir de 2003, la tendencia se revirtió de manera estructural. Entre 2002 y 2015, la mortalidad infantil cayó un 42%, acompañando un ciclo de políticas de ampliación de derechos: aumento del empleo registrado, paritarias, AUH, expansión del calendario de vacunación y programas específicos de salud materno-infantil. La baja no fue mágica ni espontánea: fue política pública.
La mortalidad infantil volvió a aumentar en Argentina y el dato no es neutro ni anecdótico. En 2024, la tasa pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos, un incremento del 6,25% interanual, el más pronunciado desde la crisis de 2001-2002. No se trata solo de una estadística sanitaria: es un indicador político, social y económico de primer orden.
La mortalidad infantil es, históricamente, uno de los termómetros más precisos del nivel de cuidado que una sociedad ejerce sobre su población. Cuando desciende, suele hacerlo en contextos de expansión del empleo, fortalecimiento del sistema de salud y políticas públicas orientadas a la equidad. Cuando aumenta, rara vez lo hace por azar.
El quiebre reciente no es estadístico

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEIS, Ministerio de Salud de la Nación.
La serie más reciente muestra con claridad el punto de inflexión. Tras alcanzar valores mínimos históricos (8 por mil en 2021 y 2023), en 2024 la tasa sube a 8,5, configurando el mayor salto interanual en más de dos décadas.
No se trata de un rebote pospandemia ni de una oscilación menor. La tabla de variaciones históricas indica que no hay antecedentes recientes de un aumento porcentual de esta magnitud. En términos sanitarios, es una alerta temprana; en términos políticos, un síntoma.
Dónde se produce el daño
El aumento no se explica por la mortalidad posneonatal, que se mantiene estable en 2,5 por mil. El crecimiento se concentra en la mortalidad neonatal, que pasó de 5,5 a 6 por mi entre 2023 y 2024.
Este dato es central. Las muertes neonatales —ocurridas en los primeros 28 días de vida— están directamente asociadas al acceso oportuno y de calidad a los controles del embarazo, la atención del parto y el cuidado del recién nacido. Cuando este componente crece, el problema no es conductual ni cultural: es estructural y sistémico.
En términos simples: falló el cuidado temprano, el momento donde el Estado es más insustituible.
El mapa de la desigualdad vuelve a aparecer

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DEIS, Ministerio de Salud de la Nación.
El aumento no fue homogéneo. Solo 9 de las 24 jurisdicciones sostuvieron la tendencia descendente. En 15 provincias, la tasa aumentó; en 8 de ellas, el incremento superó el 10%, y en 4, fue superior al 20%.
La mortalidad infantil vuelve a dibujar el mapa de la desigualdad estructural: provincias con menor capacidad fiscal, sistemas sanitarios más frágiles y mayores niveles de pobreza concentran los peores indicadores. El fenómeno es federal, pero el impacto es profundamente desigual.
Economía, salud y cuerpos
El aumento de la mortalidad infantil no puede separarse del contexto económico. La caída del empleo, la precarización laboral y la pérdida de ingresos reducen el acceso efectivo al sistema de salud. A esto se suma el corrimiento del Estado nacional de políticas clave de salud perinatal: debilitamiento de programas, discontinuidad en la provisión de insumos críticos y fragmentación de responsabilidades hacia las provincias sin planificación ni financiamiento adecuado.
Desde una perspectiva de derechos, el dato es elocuente: cuando el ajuste avanza, lo primero que se resiente es el cuidado de la vida en sus etapas más frágiles. No hay neutralidad posible entre política económica y resultados sanitarios.
Un indicador que vuelve a hablar
La mortalidad infantil es un indicador “privilegiado” porque condensa múltiples dimensiones: ingreso, empleo, territorio, sistema de salud y prioridades del Estado. Que vuelva a crecer no es un accidente ni una anomalía técnica. Es una señal de alerta sobre el impacto social del modelo económico en curso.
Los datos de 2024 muestran un quiebre real en una trayectoria histórica de mejora. El aumento es nacional, se explica por muertes evitables en el período neonatal y se profundiza en las provincias más vulneradas. En términos políticos y filosóficos, la pregunta que dejan los gráficos es incómoda pero inevitable: ¿qué tipo de sociedad se construye cuando el ajuste empieza a medirse en vidas que no llegan al primer año?.
En Argentina, la mortalidad infantil vuelve a recordarlo: la economía no es solo números. También gobierna cuerpos.



























