Cambios simultáneos en áreas sensibles del Estado marcan un nuevo esquema de conducción. Renuncias en Renaper, UIF y Transporte confirman un ajuste político-administrativo de alto impacto.
Renaper: cambio en plena transición documental
A partir del 1° de febrero de 2026, el contador Pablo Luis Santos dejará la dirección nacional del Renaper. En su lugar asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, según lo establecido en el Decreto 33/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Diego Santilli.

El Renaper depende de la Secretaría de Interior y cumple funciones centrales para el Estado: emisión de DNI, pasaportes y administración de registros civiles. La salida de su titular se produce en un contexto particularmente sensible, marcado por modificaciones en los sistemas de documentación, lo que vuelve al recambio una decisión políticamente relevante, más allá de su presentación formal como cambio administrativo.
Hasta el momento, el Gobierno no difundió un balance de la gestión saliente ni los motivos específicos de la renuncia.
UIF: fin de una gestión de alta exposición
En paralelo, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Paul Starc al frente de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. La salida fue oficializada mediante el Decreto 45/2026.
Starc había asumido en abril de 2025 y cerró su gestión con una agenda de alto perfil institucional, que incluyó viajes internacionales, coordinación con organismos estadounidenses y participación como querellante en causas judiciales de fuerte impacto político.
Desde el Ministerio de Justicia destacaron que su gestión buscó adecuar los mecanismos de control a estándares internacionales y confirmaron que continuará colaborando con el Gobierno en tareas de asesoramiento. Si bien aún no fue oficializado por decreto, el Ejecutivo adelantó que Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF.
Transporte: recambio y reordenamiento del área
Los cambios alcanzaron también a la Secretaría de Transporte, donde se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área, a partir del 22 de enero, mediante el Decreto 47/2026.
Tras este recambio, se produjeron además las renuncias de las máximas autoridades de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), dos empresas estatales estratégicas incluidas en el esquema de privatización o concesión previsto por la Ley Bases.
Desde la Casa Rosada señalaron que el objetivo es avanzar hacia un “cambio total en la gestión del Transporte”, proceso que estaría siendo coordinado por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien concentra bajo su órbita múltiples organismos y áreas administrativas.
Un patrón que excede lo administrativo
Si bien los decretos hablan de continuidad institucional, el denominador común de estas decisiones es claro: se trata de organismos que concentran poder estatal estructural, vinculados a la identidad ciudadana, el control financiero y la infraestructura pública.
La simultaneidad de los recambios, la ausencia de explicaciones políticas detalladas y el contexto de reformas profundas en curso configuran un reordenamiento del aparato estatal que va más allá de lo meramente técnico.
Por ahora, el Gobierno comunica renuncias y designaciones. Las razones de fondo y sus implicancias políticas, en cambio, siguen sin explicitarse.



























