Melina Schweizer
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz abrió este martes en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017. Cuatro exjefes de la Armada se sientan en el banquillo acusados de incumplimiento de deberes, omisión y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes. La fiscalía sostiene que la tragedia fue «previsible» y que la nave nunca debió haber zarpado. Mientras tanto, los familiares, muchos de ellos sin recursos para viajar a la Patagonia, siguen el debate desde sus casas, con la esperanza de que después de ocho años de silencio, la Justicia pueda, al menos, ponerle nombre a los responsables. El fantasma del espionaje ilegal y la sombra de la impunidad política, sin embargo, planean sobre un juicio que deja afuera a los máximos responsables civiles.
A 3.000 kilómetros de Buenos Aires, en una sala del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, comenzó este martes un juicio que 44 familias esperaron durante más de ocho años. El submarino ARA San Juan, que el 15 de noviembre de 2017 implosionó en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo, tiene por primera vez a cuatro exjefes de la Armada sentados en el banquillo .
El debate, que se extenderá hasta julio con audiencias quincenales, tendrá como protagonistas al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa . Todos están acusados de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», «omisión de deberes del oficio» y «estrago culposo agravado por el resultado de muerte» .
Los cargos: una cadena de negligencias que llevaron a la implosión
Según la reconstrucción de la fiscalía, el ARA San Juan partió desde la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 con deficiencias operativas críticas. Distintos capitanes habían documentado desperfectos continuos desde que finalizó su reparación integral previa . Al zarpar, el submarino llevaba 26 meses de retraso respecto al intervalo reglamentario exigido para «ingresar a dique seco», una maniobra esencial para inspeccionar y reparar el casco .
Días después de la partida, el submarino comunicó un ingreso de agua a través de conductos de ventilación que llegó hasta el tanque de baterías número tres, provocando un cortocircuito y un incendio. La reacción química liberó hidrógeno, que horas después explotó, neutralizando a la tripulación e impidiendo cualquier maniobra de emergencia. La nave se hundió sin control hasta implosionar por la presión a más de 600 metros de profundidad .
El fiscal Luis Alberto Colla fue contundente en su acusación: el hundimiento «no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio» . El fiscal Julio Zarate calificó la tragedia como «previsible» y aseguró que existen pruebas suficientes para avanzar en una condena .
Las acusaciones contra los imputados son específicas:
- López Mazzeo, como titular del Comando de Adiestramiento, no supervisó las normativas relacionadas con el resguardo del submarino .
- Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), conocía el vencimiento de garantías preventivas y había recibido un pedido expreso para enviar la nave a reparaciones urgentes . Según la acusación, además habría recibido un informe con 47 desperfectos y no ordenó que la navegación continuara en superficie tras el incendio .
- Alonso, jefe del Estado Mayor del COFS, firmó la orden operativa que envió al submarino hacia el sur, con conocimiento de las limitaciones de inmersión y los problemas previos de la unidad .
- Correa, director operativo de comunicaciones, diagramó el ejercicio naval ignorando el estado defectuoso del equipamiento y no garantizó un servicio radioeléctrico rápido entre el barco y tierra firme .
Los familiares: «Se han sentido nadie durante ocho años»
El juicio se desarrolla en Río Gallegos, una locación que los familiares cuestionaron desde el inicio. El abogado Luis Tagliapietra, que perdió a su hijo Alejandro de 27 años en la tragedia y representa a 32 familias, lo expresó sin vueltas: «Por tomar el juicio en Río Gallegos, tan lejos de Buenos Aires, están tratando de hacer desaparecer la tragedia» .
La mayoría de los familiares no podrá asistir. Valeria Carreras, abogada de otras 34 familias, fue lapidaria: «Ni siquiera pueden pagar fotocopias, mucho menos pasajes de avión y alojamiento» . Y agregó: «Son personas sin poder, sin dinero, sin apellido. Se han sentido nadie durante los últimos ocho años, por eso hay tanta expectativa. La visibilidad es importante, para que el olvido y el tiempo no se conviertan en cómplices de la impunidad» .
Tagliapietra, que sigue luchando por su hijo, resumió el sentir de muchos: «Hay resignación entre las familias. Yo sigo peleando. Es la promesa que le hice a mi hijo» .
La «cultura del silencio» y la sombra de la dictadura
La investigación también apuntó a la estructura misma de la Armada. Carreras acusó a la fuerza de albergar una «cultura del silencio» y recordó que «fue la fuerza más secreta durante la dictadura», en referencia al régimen militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 . «En la Armada está mal visto decir ‘tengo miedo, hay riesgos'», agregó .
En 2021, un consejo de guerra había destituido a Villamide por negligencia y condenado a otros oficiales a penas de hasta 45 días de cárcel por ocultar información . Sin embargo, el juicio penal que ahora comienza busca determinar responsabilidades que van más allá de las sanciones internas.
Lo que el juicio no incluye: el espionaje y la impunidad política
Quedan fuera de este debate las causas por el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas, que fueron cerradas definitivamente por la Corte Suprema de Justicia el año pasado. En esa investigación, quedaron sobreseídos los exfuncionarios involucrados, incluido el expresidente Mauricio Macri . La decisión del máximo tribunal puso fin a todos los procedimientos legales contra Macri, quien era el jefe de Estado cuando el submarino implosionó .
Tampoco declararán en este juicio Macri ni su entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, quienes fueron mencionados en la etapa de instrucción pero no convocados como testigos .
Tagliapietra fue claro al respecto: «Este es el primer juicio; la investigación sobre otros responsables en la cadena de mando que llega hasta Macri aún no se ha completado» . Señaló que aún quedan por analizar «67.000 fotografías y horas de video» .
El juicio, en números
El proceso contará con más de 100 testigos, entre ellos especialistas, altos mandos navales y técnicos . Se exhibirá material fílmico encriptado del hallazgo del submarino por el buque Ocean Infinity, que data del 17 de noviembre de 2018, y se analizará documentación bajo secreto militar remitida por la Armada . También declarará un experto de la empresa alemana Thyssen-Krupp, fabricante del submarino .
Las audiencias se desarrollarán de lunes a jueves cada dos semanas y se estima que el veredicto podría conocerse en julio de este año . Los jueces que deberán decidir son Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.
📍 44 muertos, 8 años de espera, 4 imputados y un mar de dudas que aún no se cierran. El juicio por el ARA San Juan no es solo un debate judicial: es el intento desesperado de 44 familias por recuperar la dignidad que les arrebataron junto con la vida de sus seres queridos. Mientras tanto, los responsables políticos duermen tranquilos, amparados por fallos de la Corte Suprema que cerraron la causa por espionaje y dejaron en el camino la certeza de que, en Argentina, hay muertos de primera y muertos de segunda. Los de abajo, como siempre, esperan justicia sentados en el piso de la sala, porque no tienen ni para pagar un pasaje.
Jorge R. Schweizer
GONZALO SCHWEIZER
