CONCHITA PRETA
Mientras los represores condenados por crímenes de lesa humanidad duermen en sus countries como si nada, la ex presidenta tiene que pedir autorización judicial para recibir visitas dos veces por semana, con límite de tres personas por encuentro y no más de dos horitas. Adolfo Pérez Esquivel, Taty Almeida y hasta Pablo Echarri se juntaron en el Auditorio de la Cámara de Diputados para decir basta. «Hay genocidas que no tienen ningún tipo de restricción como tiene Cristina», largó Charly Pisoni de HIJOS. Y la pregunta flota en el aire: si la justicia es igual para todos, ¿por qué a algunos los tratan como delincuentes y a otros como jubilados de lujo?.
Mientras la mayoría de los argentinos miraba el precio del dólar y rezaba para que no explote la interna libertaria, en el Auditorio de la Cámara de Diputados se armó una conferencia de prensa que puso el dedo en la llaga de una de las contradicciones más grandes del sistema judicial argentino. Organismos de derechos humanos, encabezados por HIJOS, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas y el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, se juntaron para reclamar por las restricciones que sufre Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria .
El evento, gestionado por el diputado de Unión por la Patria Horacio Pietragalla (hijo de desaparecidos, para más datos), tuvo un objetivo claro: visibilizar lo que consideran un trato desigualitario hacia la ex presidenta en comparación con otros presos, especialmente aquellos condenados por delitos de lesa humanidad que también gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
EL RÉGIMEN DE SAN JOSÉ 1111: UNA CÁRCEL DE LUJO PERO CÁRCEL AL FIN
Para entender de qué están hablando, hay que repasar las reglas que rigen en el departamento de Constitución donde Cristina cumple su condena por la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, dispuso un protocolo que pondría nervioso a cualquier monje de clausura .
Las visitas que no sean del núcleo familiar directo o médicos indispensables requieren autorización judicial previa, individual y fundada. No es joda: si querés visitar a Cristina, tenés que pedir permiso al juez, decir qué día y a qué hora vas, y esperar que te lo habiliten. Una vez adentro, no podés ser más de tres personas por encuentro, con una frecuencia de hasta dos veces por semana y un límite de dos horas por reunión .
Además, lleva tobillera electrónica y tiene restricciones para usar la terraza: apenas dos horas diarias en horario diurno . Todo porque el 17 de noviembre del año pasado recibió a un grupo de nueve economistas en simultáneo y, horror de horrores, difundió la foto en sus redes. Para la justicia, eso fue «desnaturalizar el régimen restrictivo propio de la prisión domiciliaria» .
EL CONTRASTE QUE HACE EXPLOTAR TODO
Charly Pisoni, de la agrupación HIJOS, fue el encargado de ponerle el cascabel al gato. «Hay genocidas condenados por torturas, violación de mujeres, apropiación de menores, asesinatos y desapariciones que cumplen su prisión domiciliaria en su casa, en sus countries, que no tienen ningún tipo de restricción como tiene Cristina», soltó ante un auditorio que lo escuchaba con atención .
Y siguió: «No hay ninguna norma que indique que tiene que haber restricciones a la prisión domiciliaria. Esto es una decisión totalmente arbitraria del TOF N°2 de Comodoro Py» .
El argumento es tan simple como contundente: mientras a los represores que robaron bebés, torturaron militantes y volaron cuerpos al río los dejan tranquilos en sus casas, a una presidenta condenada por administración fraudulenta le exigen autorización judicial para tomar un café con amigos.
LAS VOCES QUE RESONARON EN EL RECINTO
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y tipo con una autoridad moral difícil de discutir, fue claro: «Defendemos a una persona inocente, víctima del lawfare, como le hicieron a Lula da Silva». Y pidió algo concreto: «Que le saquen la tobillera a Cristina, es una acción represiva psicológica» .
La exministra de Cultura Teresa Parodi, con esa mezcla de ternura y firmeza que la caracteriza, sentenció: «Cristina es inocente. No puede estar presa. Estando presa Cristina, está presa la democracia, están presos los derechos humanos, nuestra historia, nuestra memoria colectiva, la patria profunda que somos» .
Liliana Herrero, otra de las cantantes presentes, fue más filosa: «Este es un Gobierno desquiciado, peligroso, maldito, que inició una campaña de persecución a los militantes políticos» .
Taty Almeida, histórica de Madres, no se quedó atrás: «Son tremendas las restricciones que tiene Cristina. No hay que extrañarse de lo que hace este payaso (por Milei). La única lucha que se pierde es la que se abandona» .
Guillermo Pérez Roisinblit, en representación de Abuelas, calificó las restricciones como «una arbitrariedad inusitada ante una persona que siempre estuvo a derecho, que votó hasta su propio desafuero para poder ser investigada» .
Y hasta se hicieron presentes los actores Pablo Echarri y Lola Berthet, porque cuando la cosa se pone heavy, el arte también se planta.
LO QUE DICE LA JUSTICIA (Y LO QUE NO DICE)
La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó hace pocas semanas que las restricciones «no constituyen un agravamiento ilegítimo de la pena» . El juez Mariano Borinsky, en disidencia, propuso flexibilizar el régimen argumentando que es «más gravoso que el de una cárcel común» .
Pero el argumento de Hornos fue lapidario: «La prisión domiciliaria no es equiparable a la libertad plena» . Y recordó que, en casos de corrupción, «la pena no se agota en una dimensión individual», sino que cumple una función institucional y expresiva, reafirmando la vigencia de la norma .
EL CONTEXTO JUDICIAL: MÁS CAUSAS, MÁS PROBLEMAS
Mientras tanto, el 2026 no le ofrece a Cristina un horizonte mucho más despejado. En febrero se reanudó el juicio por la causa Cuadernos, donde su abogado Carlos Beraldi pidió la nulidad total del expediente denunciando una «estafa de los arrepentidos» y cuestionando la actuación del fiscal Stornelli . También está pendiente el juicio por el Memorándum con Irán, originado en la denuncia del fallecido fiscal Nisman .
Y en la causa Hotesur-Los Sauces, donde se investiga si parte del dinero de la obra pública retornó a la familia Kirchner, la expectativa es que se fije fecha de inicio, aunque el juez Giménez Uriburu se excusó de participar después de haberla condenado en Vialidad .
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO (QUE NO LLEGA)
Del otro lado de la grieta, el gobierno de Javier Milei mantiene un silencio ensordecedor. O no tanto: el propio Presidente, en su discurso del domingo, se refirió a Cristina como «chorra» y aseguró que «va a seguir presa» [según nota anterior de InfoNegro]. Difícil esperar una postura conciliadora de alguien que basa su campaña en el antiperonismo más visceral.
¿JUSTICIA IGUAL PARA TODOS?
La pregunta que dejó flotando la conferencia es tan incómoda como necesaria: ¿por qué a los represores que cometieron los crímenes más atroces de nuestra historia se los trata con guantes de seda mientras a una expresidenta electa democráticamente le exigen autorización judicial para recibir visitas?.
Puede que Cristina no sea una angelito, puede que haya cometido irregularidades, puede que merezca estar presa. Pero si la justicia es realmente igual para todos, entonces el mismo rasero debería medir a los genocidas que caminan libres por las calles sin tobillera ni restricciones.
Mientras tanto, en San José 1111, la dueña de casa espera que algún juez le autorice una visita más. Afuera, los que robaron bebés y torturaron militantes toman mate en el country sin pedirle permiso a nadie. La patria, parece, tiene dos varas para medir la misma justicia.
Melina Schweizer
