Melina Schweizer
La primera guardia afro urbana de Colombia nació en Llano Verde, oriente de Cali. La integran 31 mujeres desplazadas, madres cabeza de hogar, sobrevivientes del conflicto. Salen a mediar conflictos, a proteger jóvenes del reclutamiento, a tejer redes de cuidado donde el Estado nunca tejió nada. Su labor es admirable. Pero también es una denuncia de cuerpo entero: ¿por qué tienen que ser ellas, siempre ellas, las que pongan el cuerpo y el alma para sostener la vida en territorios abandonados?.
Hay una imagen que no me abandona mientras escribo esto: la de una mujer, negra, desplazada del Pacífico, caminando las calles de Llano Verde al atardecer. No lleva uniforme. No porta arma. No tiene radio para pedir refuerzos. Tiene apenas su presencia, su palabra, su memoria de lo que duele. Está ahí para evitar que una pelea vecinal termine en balacera. Está ahí para que un adolescente, tentado por el dinero fácil de las economías ilegales, no termine en una fosa común. Está ahí haciendo, con las manos y con el corazón, lo que el Estado jamás hizo.
Y entonces pregunto: ¿por qué tiene que ser ella?.
¿Por qué esta mujer, que ya perdió su tierra, que ya vio morir a los suyos, que ya cargó con el desarraigo como se carga un hijo muerto, tiene que hacerse cargo también de la seguridad en un barrio que ni siquiera existe oficialmente?.
¿Por qué son siempre ellas?
EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES NEGRAS EN LA GUERRA Y EN LA PAZ
La historia de Colombia está escrita con la sangre de mujeres negras que han sostenido la vida en medio del horror. Lo hicieron en los palenques, cuando protegían a los niños mientras los hombres guerreaban. Lo hicieron en los consejos comunitarios del Pacífico, cuando los paramilitares llegaron y ellas se quedaron a defender el territorio. Lo hicieron en los procesos de restitución, cuando los funcionarios preguntaban por los «dueños» de la tierra sin entender que para ellas la tierra no se tiene, se cuida, se habita, se hereda.
Y lo hacen ahora, en este oriente de Cali que nadie quiere ver, donde el Estado brilla por su ausencia y las balas brillan por su presencia.
El perfil de las integrantes de la guardia afro urbana no es casualidad: son mujeres desplazadas, víctimas del conflicto, madres cabeza de hogar, lideresas comunitarias. Es decir, mujeres que han sido formateadas por la violencia para entender, en carne propia, que la vida es frágil y que hay que protegerla con uñas y dientes.
Pero ese perfil también revela algo más: la naturalización de que sean ellas, precisamente ellas, las que asuman las tareas de cuidado comunitario. Como si el dolor las habilitara para ser eternas reparadoras del daño causado por otros. Como si haber perdido todo las obligara a darlo todo.
EL ESTADO AUSENTE, PERO NO TANTO
Aquí conviene hacer una distinción. Decir que el Estado está ausente en Llano Verde es cierto a medias. Porque el Estado sabe llegar cuando se trata de hacer presencia militar. Sabe llegar cuando hay que allanar una casa. Sabe llegar cuando hay que contar muertos para las estadísticas.
Lo que no llega es el Estado social. El que construye escuelas, el que garantiza salud, el que ofrece empleo digno, el que reconoce un barrio como barrio para que pueda recibir inversión pública. Ese Estado no aparece.
Llano Verde tiene 20.000 habitantes y no existe oficialmente. Veinte mil personas viviendo en el limbo de lo no reconocido, esperando que algún funcionario decida que su existencia merece estar en un mapa. Mientras tanto, la violencia sigue su curso.
La comuna 15, donde está Llano Verde, registró 1.444 homicidios entre 2015 y 2026. Ciento cuarenta y cuatro por año. Doce por mes. Uno cada dos días y medio. Son números fríos, pero si los mirás con atención, cada uno es un hijo, un padre, un amigo, una mujer que se quedó sola.
El 29% de esos homicidios son de personas afrodescendientes. Porque en Cali, como en el resto de Colombia, la violencia también tiene color.
LA TRAMPA DE LA RESILIENCIA
Hay un discurso que circula, bienintencionado pero peligroso, que celebra la capacidad de estas mujeres para organizarse, para resistir, para «salir adelante a pesar de todo». Es el discurso de la resiliencia, ese que pone el foco en la fuerza de las víctimas y no en la debilidad de las instituciones que deberían protegerlas.
Celebramos que estas mujeres hagan guardia, pero no nos preguntamos por qué no hay guardia estatal. Celebramos que medien conflictos, pero no nos preguntamos por qué los conflictos escalan hasta la muerte en territorios abandonados. Celebramos que protejan a los jóvenes del reclutamiento, pero no nos preguntamos por qué el reclutamiento es la única opción que ven muchos adolescentes en Llano Verde.
La resiliencia, cuando se convierte en el único discurso, es una trampa. Porque traslada la responsabilidad del Estado a las víctimas. Porque naturaliza que sean ellas, las que menos tienen, las que más han perdido, las que pongan el cuerpo para sostener la vida. Porque convierte en virtud lo que en realidad es una obligación incumplida.
LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL CUIDADO COMUNITARIO
Hay también una dimensión económica en esto que no podemos ignorar. Estas mujeres trabajan gratis, o casi gratis, en tareas que en cualquier otro lado serían remuneradas. Mediación de conflictos, contención psicológica, prevención del delito, promoción cultural, soberanía alimentaria a través de huertas comunitarias.
Su trabajo no está en ningún presupuesto público. No genera empleos formales. No cotiza para pensión. No da derechos laborales. Pero mantiene vivo un territorio que el Estado dio por muerto.
Es la economía política del cuidado comunitario funcionando a toda máquina, sostenida por mujeres negras empobrecidas que hacen con las manos lo que el Estado debería hacer con políticas públicas. Y mientras tanto, el discurso oficial celebra su «emprendimiento», su «organización», su «capacidad de resiliencia», sin preguntarse si acaso no sería más justo que ellas pudieran dedicar ese tiempo a estudiar, a trabajar formalmente, a descansar.
Porque el descanso, para estas mujeres, es un lujo que no pueden pagarse.
UNA LECTURA DESDE LA INTERSECCIONALIDAD
Si aplicamos la lente de la interseccionalidad, el panorama se vuelve aún más nítido y más indignante.
Por su raza: son mujeres negras en una ciudad y un país que históricamente ha invisibilizado los aportes de la población afrodescendiente. Su trabajo comunitario no es visto como político, sino como una extensión natural de su rol de cuidadoras. Como si cuidar fuera algo que las mujeres negras hacen porque sí, porque es su esencia, y no porque el sistema las ha colocado históricamente en ese lugar.
Por su género: son mujeres en una estructura patriarcal que asigna a lo femenino las tareas de reproducción de la vida. El cuidado de niños, ancianos, enfermos, el mantenimiento de los vínculos comunitarios, la transmisión de saberes, todo eso recae sobre ellas de manera naturalizada. Y cuando ese cuidado se extiende al territorio, también lo asumen.
Por su clase: son mujeres empobrecidas, desplazadas, sin acceso a educación superior, sin empleo formal, sin redes de protección social. Su posición en la estructura económica las obliga a inventar estrategias de supervivencia que luego son celebradas como «iniciativa comunitaria», cuando en realidad son el resultado de un abandono sistemático.
Por su condición de víctimas: son mujeres que ya sufrieron el conflicto en carne propia, que vieron morir a los suyos, que fueron arrancadas de su territorio. Y ahora, en lugar de recibir reparación integral, se les pide que sean ellas las que reparen el tejido social que otros destruyeron.
LO QUE DEBERÍA PASAR Y NO PASA
No se trata de decir que la guardia afro urbana no debería existir. Se trata de decir que su sola existencia es una condena al Estado colombiano. Porque un Estado que permite que mujeres desplazadas, víctimas del conflicto, tengan que organizarse para hacer seguridad comunitaria en un barrio que no existe, es un Estado que ha renunciado a sus funciones más elementales.
Lo que debería pasar es que Llano Verde fuera reconocido como barrio, con todos los derechos y obligaciones que eso implica. Que el Estado invirtiera en infraestructura, en educación, en salud, en empleo. Que hubiera políticas públicas específicas para la población afrodescendiente, que reconocieran su historia, su cultura, sus formas de organización. Que las mujeres de la guardia pudieran ser contratadas, formadas, remuneradas por el trabajo que hacen. Que sus saberes ancestrales fueran valorados no como folclore, sino como conocimiento legítimo.
Nada de eso pasa.
Mientras tanto, ellas siguen caminando el barrio. Siguen mediando conflictos. Siguen sembrando huertas. Siguen cantando en los encuentros comunitarios. Siguen haciendo, con las manos y con el corazón, lo que el Estado debería hacer pero no hace.
Y lo hacen no porque quieran, sino porque si no lo hacen, nadie lo hará.
UNA PREGUNTA INCÓMODA PARA TERMINAR
La próxima vez que leamos una noticia sobre la guardia afro urbana de Llano Verde, sobre estas 31 mujeres que salen a proteger a sus jóvenes, que median conflictos, que tejen redes de cuidado, preguntémonos algo:
¿Estamos celebrando su valentía o estamos naturalizando el abandono estatal?
Porque una cosa es admirar la fuerza de estas mujeres. Otra, muy distinta, es aceptar que sean ellas, siempre ellas, las que tengan que poner el cuerpo para sostener la vida en territorios que el Estado prefiere no ver.
Mientras eso no cambie, mientras el Estado siga ausente y las balas sigan presentes, estas mujeres van a seguir ahí. Caminando el barrio. Sembrando la tierra. Cuidando la vida.
Y nosotros, desde la comodidad de nuestras ciudades, vamos a seguir leyendo noticias como esta y sintiendo una mezcla de admiración e impotencia. Sin preguntarnos qué podemos hacer para que ellas no tengan que hacerlo solas.
CONCHITA PRETA
