REDACCIÓN
La decisión administrativa del Gobierno nacional eliminó una partida de $7.359 millones destinada al acueducto de Vipos, una obra clave para el abastecimiento de agua en Tucumán. El recorte generó fuerte tensión política después de que Luis Caputo y Osvaldo Jaldo anunciaran juntos la adjudicación hace menos de un mes. La Casa de Gobierno tucumana salió de urgencia a aclarar que el financiamiento sigue garantizado por el BID.
El ajuste de 2,5 billones de pesos ejecutado por el gobierno de Javier Milei empieza a dejar consecuencias concretas en las provincias y ya abrió un foco de conflicto político en Tucumán. La polémica explotó después de que el diputado nacional Pablo Yedlin revelara que la decisión administrativa 20/2026 firmada por el Ejecutivo nacional eliminó una partida presupuestaria de 7.359 millones de pesos destinada al acueducto de Vipos, una de las obras de infraestructura hídrica más importantes previstas para la provincia.
El dato generó ruido inmediato porque la adjudicación de esa misma obra había sido presentada oficialmente hace menos de un mes en un acto compartido entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador Osvaldo Jaldo. En aquel momento, el proyecto fue exhibido como parte de las inversiones estratégicas destinadas a resolver problemas históricos de abastecimiento de agua potable en el Gran San Miguel de Tucumán y zonas aledañas.
La aparición del recorte en los anexos presupuestarios encendió rápidamente alarmas políticas y sociales. El acueducto de Vipos no es una obra menor: está pensado para fortalecer el suministro hídrico de una región donde los problemas de presión, distribución y acceso al agua se volvieron cada vez más frecuentes durante los últimos años, especialmente en períodos de altas temperaturas y crecimiento demográfico acelerado.
Yedlin fue quien puso el tema en el centro del debate público. A través de sus redes sociales cuestionó duramente la decisión del Gobierno y planteó dudas sobre la continuidad efectiva del proyecto. “La pregunta es si el acueducto se va a hacer o no. O si Caputo decidió usar esos recursos para sostener el dólar y el falso superávit fiscal mientras los tucumanos vuelven a quedar relegados”, planteó el diputado.
La reacción fue inmediata.
Dentro de la Casa de Gobierno tucumana entendieron rápidamente el impacto político que podía generar la noticia, sobre todo porque el propio Jaldo había mostrado la adjudicación de la obra como un símbolo de su relación pragmática con la administración libertaria. La posibilidad de que Nación anunciara proyectos mientras simultáneamente eliminaba partidas presupuestarias amenazaba con dejar al gobernador en una situación incómoda frente a la oposición provincial y frente a una sociedad atravesada por problemas estructurales de infraestructura.
Por eso, desde el Ejecutivo tucumano salieron rápidamente a desactivar la crisis.
El propio Jaldo aseguró públicamente que la obra “no peligra absolutamente en nada” porque el financiamiento principal proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no depende directamente del Tesoro nacional. Según explicó el mandatario, el organismo internacional ya aprobó el financiamiento y autorizó formalmente la adjudicación del proyecto.
“La obra tiene financiamiento específico del BID y esos fondos están garantizados”, insistió el gobernador en declaraciones públicas destinadas a frenar el impacto político del recorte presupuestario.
La aclaración no fue casual.
Porque el contexto general del ajuste nacional empezó a generar incertidumbre en múltiples provincias respecto de obras públicas, programas de infraestructura y transferencias comprometidas por Nación. Gobernadores de distintos signos políticos todavía analizan el alcance concreto de las 588 páginas de modificaciones presupuestarias impulsadas por el Ministerio de Economía, tratando de identificar qué proyectos quedaron afectados en cada distrito.
En Tucumán, el tema adquiere una sensibilidad especial porque el acceso al agua potable se convirtió desde hace años en uno de los grandes problemas estructurales de expansión urbana y crecimiento poblacional. El acueducto de Vipos forma parte de un esquema más amplio de obras destinadas a reforzar captación, distribución y transporte de agua para abastecer áreas metropolitanas donde la demanda crece constantemente.
Según datos oficiales difundidos por la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), el proyecto completo tiene un costo estimado de 170 mil millones de pesos y apunta a garantizar provisión de agua para cientos de miles de habitantes en las próximas décadas.
El titular de la SAT, Marcelo Caponio, también salió a responder públicamente las dudas generadas tras el recorte presupuestario. El funcionario explicó que la eliminación de partidas corresponde a fondos nacionales originalmente previstos, pero insistió en que el financiamiento internacional del BID sigue vigente y comprometido. “La obra está garantizada íntegramente con fondos del BID”, sostuvo.
Sin embargo, el episodio volvió a dejar expuesta una tensión que empieza a crecer entre el Gobierno nacional y las provincias: la distancia entre los anuncios políticos y la ejecución presupuestaria real en medio del ajuste.
Porque mientras Milei sostiene el discurso del equilibrio fiscal como núcleo central de su programa económico, gobernadores y administraciones provinciales empiezan a descubrir el impacto concreto de los recortes sobre infraestructura, obra pública y servicios básicos.
Y el problema no es solamente financiero.
También es político.
En muchas provincias, los gobernadores aceptaron mantener una relación relativamente cooperativa con la Casa Rosada bajo la expectativa de preservar obras estratégicas y financiamiento internacional. Pero cada recorte empieza a tensionar ese equilibrio y alimenta sospechas sobre el verdadero alcance del ajuste libertario.
La situación de Tucumán expone precisamente ese dilema. Jaldo intentó diferenciar rápidamente entre el recorte presupuestario nacional y el financiamiento garantizado por el BID para evitar que la polémica escalara hacia una crisis política mayor. Pero el episodio dejó una señal incómoda: incluso proyectos recientemente anunciados y políticamente exhibidos pueden quedar atrapados dentro de la lógica de recorte permanente impulsada por el Ministerio de Economía.
Y eso alimenta un clima creciente de incertidumbre en las provincias.
Porque detrás de las discusiones técnicas sobre partidas, financiamiento internacional y readecuaciones presupuestarias aparece una pregunta mucho más concreta para millones de argentinos: qué obras seguirán realmente en pie cuando el ajuste termine de atravesar todo el Estado nacional.
CONCHITA PRETA
GONZALO SCHWEIZER
