Melina Schweizer
Miles de estudiantes, docentes, investigadores y rectores marcharon este 12 de mayo en la cuarta Marcha Federal Universitaria contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. El sistema universitario denuncia una caída real de fondos superior al 45% desde 2023 y salarios con pérdidas del 32% frente a la inflación. Mientras el oficialismo defiende el superávit fiscal, las universidades advierten que la educación pública y la ciencia nacional atraviesan una crisis “al borde del abismo».
La cuarta Marcha Federal Universitaria no fue solamente una protesta sectorial. Fue, otra vez, una escena política de época. Las columnas de estudiantes, docentes, investigadores, sindicatos y autoridades universitarias que este martes 12 de mayo coparon Plaza de Mayo y distintos puntos del país expresaron algo más profundo que un reclamo presupuestario: la disputa abierta entre dos modelos de Estado, dos concepciones de ciudadanía y dos formas radicalmente distintas de entender qué significa la universidad pública en Argentina.
La movilización tuvo como eje central el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, ratificada tras el veto presidencial y respaldada posteriormente por fallos judiciales que ordenaron al Ejecutivo actualizar salarios y partidas universitarias. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei continúa resistiendo su aplicación bajo el argumento de que la norma “pone en riesgo el equilibrio fiscal”.
Esa tensión resume el núcleo del conflicto: para el oficialismo, el problema es económico; para la comunidad universitaria, es político y civilizatorio.
Los números detrás del conflicto
Los datos muestran la magnitud del deterioro. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias reales al sistema universitario cayeron un 45,6% desde 2023, mientras los salarios docentes perdieron alrededor del 32% de su poder adquisitivo.
Chequeado informó que, aunque el Presupuesto 2026 contempla $4,8 billones para universidades, la inflación proyectada implicaría una caída real del 18,4% respecto de 2025 y de más del 42% comparado con 2023. Para sostener los niveles reales previos al ajuste, el presupuesto debería ascender a $8,4 billones.
El conflicto no afecta solo salarios. Hospitales universitarios, laboratorios, programas científicos, becas y obras de infraestructura están en crisis. El Hospital de Clínicas de la UBA —que atiende a miles de personas por mes— advirtió que funciona “al borde del colapso” por falta de partidas operativas.
En paralelo, la caída salarial ya produce otro fenómeno: fuga de docentes e investigadores. Universidades nacionales denuncian renuncias crecientes, deterioro de condiciones laborales y dificultades para sostener equipos académicos.
La universidad como blanco ideológico
La Marcha Federal no puede entenderse únicamente como una discusión presupuestaria porque el conflicto tiene una dimensión ideológica evidente. Desde el inicio de su gestión, Javier Milei construyó discursivamente a las universidades públicas como espacios “capturados por la política”, “ineficientes” o asociados al gasto estatal que debe ser reducido. Esa narrativa no es casual: forma parte de una concepción libertaria que entiende la educación superior no como derecho social, sino como costo fiscal.
Por eso la discusión excede los números. La universidad pública argentina representa históricamente algo incómodo para los proyectos neoliberales: movilidad social, producción científica estatal, pensamiento crítico y democratización del conocimiento. No es solamente una institución educativa; es una estructura de ascenso social y construcción de ciudadanía.
La reacción oficial frente a la marcha volvió a mostrar esa lógica. La Libertad Avanza calificó la movilización como una “marcha política opositora” y acusó a sectores universitarios de intentar instalar falsamente que el Gobierno quiere cerrar las universidades. Sin embargo, el problema ya no se limita a una disputa narrativa: las universidades denuncian dificultades concretas para sostener clases, investigación y servicios básicos.
La crisis universitaria como problema social
El impacto del ajuste universitario no se limita al sistema educativo. En Argentina, las universidades nacionales funcionan como entramados sociales complejos: producen investigación científica, sostienen hospitales, desarrollan tecnología, generan empleo y articulan políticas territoriales en cientos de ciudades.
Reducirlas implica afectar mucho más que aulas.
Por eso la movilización reunió actores diversos: centros de estudiantes, gremios, científicos, sindicatos, artistas y organizaciones sociales. Figuras como Lali Espósito, María Becerra y Emilia Mernes expresaron públicamente su apoyo a la marcha, transformando el conflicto universitario en un debate cultural más amplio sobre el rol del Estado y el futuro de la educación pública.
La presencia masiva de artistas no es menor. Históricamente, la universidad pública argentina funcionó también como espacio de legitimación cultural y construcción simbólica. Su deterioro afecta no solo la formación profesional, sino también la producción de pensamiento, arte y crítica social.
La disputa judicial y el límite del “déficit cero”
El conflicto ingresó además en una dimensión institucional inédita. La Justicia ya falló en dos instancias a favor de las universidades y ordenó aplicar la ley de financiamiento. El Gobierno, sin embargo, apeló ante la Corte Suprema y sostiene que la norma es inaplicable porque el Congreso no definió fuentes de financiamiento específicas.
Ese argumento expone la tensión central del modelo económico libertario: el superávit fiscal como prioridad absoluta incluso frente a derechos garantizados legalmente.
Para el oficialismo, cualquier aumento presupuestario implica emisión, déficit o inflación. Para las universidades, la negativa estatal constituye directamente un vaciamiento. La frase del rector de la UBA, Ricardo Gelpi —“estamos en una situación dramática”— sintetiza esa percepción.
Ciencia, investigación y fuga de futuro
Otro aspecto menos visible pero igual de crítico es el impacto sobre el sistema científico. Argentina posee uno de los sistemas universitarios más integrados a la investigación pública en América Latina. Gran parte de la producción científica depende directamente de universidades nacionales y organismos asociados.
El ajuste no solo afecta salarios actuales: compromete capacidades futuras. Laboratorios paralizados, becas congeladas y proyectos suspendidos generan un efecto acumulativo difícil de revertir. En términos estructurales, la discusión es sobre el tipo de país que Argentina quiere ser: uno basado en producción de conocimiento o uno dependiente tecnológicamente.
Por eso el conflicto universitario conecta también con la discusión geopolítica más amplia sobre soberanía científica y desarrollo.
Una movilización que ya excede lo universitario
Las Marchas Federales Universitarias lograron algo que otros sectores no consiguieron durante el gobierno de Milei: construir legitimidad social amplia. Incluso medios alejados de posiciones progresistas reconocen que estas movilizaciones canalizan malestares que van más allá de la universidad.
La educación pública funciona en Argentina como uno de los últimos consensos sociales relativamente extendidos. Y precisamente por eso su conflicto tiene tanta capacidad de irradiación política.
La pregunta de fondo ya no es solamente cuánto presupuesto reciben las universidades. La pregunta es qué lugar ocupa el conocimiento en un modelo político que convierte al Estado en enemigo y al ajuste en virtud moral.
Porque detrás de cada laboratorio desfinanciado, cada docente que renuncia y cada beca perdida, no solo se recorta gasto: también se redefine qué sectores sociales pueden acceder al conocimiento y cuáles quedan afuera.
Y en esa disputa, la universidad pública dejó de ser solo un conflicto educativo para transformarse en uno de los principales campos de batalla políticos y culturales de la Argentina de 2026.
CONCHITA PRETA
GONZALO SCHWEIZER
