Melina Schweizer
La Corte Suprema obligó al Gobierno nacional a presentar una propuesta de pago por más de $2,3 billones reclamados por la provincia de Buenos Aires. El conflicto surge por recortes y deudas vinculadas a ANSES y fondos previsionales. El caso expone una pelea de fondo entre Nación y provincias por recursos clave.
La tensión entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo judicial con impacto político y económico. La Corte Suprema ordenó que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, presente en junio una propuesta concreta para saldar una deuda de más de $2,3 billones reclamada por la gestión de Axel Kicillof.
La decisión se tomó tras una audiencia en el máximo tribunal en la que participó el propio gobernador bonaerense, en el marco de una serie de demandas por recortes de fondos vinculados al sistema previsional y transferencias de la ANSES.
El reclamo puntual forma parte de un conflicto más amplio. Según la provincia, la deuda total acumulada con la Nación supera los $15 billones, una cifra que equivale a cerca de un tercio del presupuesto bonaerense. No se trata de un desfasaje menor: es una disputa estructural por recursos clave para el funcionamiento del Estado provincial.
El origen del conflicto está en el sistema de compensaciones que debe realizar el Estado nacional a aquellas provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Buenos Aires es una de ellas. En esos casos, la ANSES debe cubrir los déficits mediante cálculos y auditorías que, según denuncia la provincia, se realizaron con criterios desactualizados o directamente no se cumplieron.
Ahí aparece el núcleo del reclamo.
Desde la administración de Kicillof sostienen que los montos girados fueron calculados con bases antiguas —en algunos casos de 2018 o 2020— lo que genera una brecha significativa frente a la situación actual. Esa diferencia, acumulada durante años, es la que hoy se judicializa.
El dato político no es menor: de las 13 provincias en esta situación, 10 ya alcanzaron acuerdos con Nación. Buenos Aires, en cambio, llevó el conflicto a la Corte.
Eso marca una diferencia.
Mientras otras jurisdicciones optaron por negociar, la provincia más grande del país decidió confrontar en sede judicial. Y el fallo que surja de este proceso puede tener impacto sobre el resto de las provincias que aún discuten sus cuentas con el Gobierno nacional.
En paralelo, el conflicto se amplía. La provincia presentó una octava demanda por más de $1,1 billones vinculada al incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y acuerdos posteriores, incluyendo fondos del Conurbano. En ese expediente también pidió una medida cautelar para frenar el esquema actual de cálculo y evitar nuevas pérdidas.
La Corte, por ahora, no resolvió el fondo del asunto.
Pero sí dio una señal clara: el Gobierno nacional deberá sentarse a poner números sobre la mesa. Ya no alcanza con la discusión técnica ni con las diferencias políticas. Habrá que presentar una propuesta concreta.
El plazo vence el 10 de junio.
Ahí se verá si la Casa Rosada está dispuesta a negociar o si el conflicto escala.
Porque más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es quién financia qué en un contexto de ajuste fiscal.
Y cuando los números son de esta magnitud, la disputa deja de ser contable.
Se vuelve política.
Rodolfo Gudino
