Melina Schweizer
Siete años de cárcel para quien agreda a médicos y enfermeras, pero ni una línea sobre hospitales colapsados, sueldos miserables y seguridad inexistente. En República Dominicana, el Estado vuelve a elegir el atajo punitivo: castiga el estallido social sin hacerse cargo del abandono que lo provoca.
En la República Dominicana, el Congreso desempolva una respuesta punitiva para un problema que el propio Estado incubó. Un proyecto de ley propone penas de hasta siete años de prisión para quienes agredan —física o verbalmente— a médicos, enfermeras y personal hospitalario en ejercicio de sus funciones. La iniciativa, presentada por el diputado Miguel Arredondo (PRM), comenzará a estudiarse a partir del 27 de febrero, cuando se inaugure una nueva legislatura.
El texto llega después de una seguidilla de episodios violentos en hospitales públicos, el último en el Hospital Francisco E. Moscoso Puello, donde familiares de un paciente insultaron al personal de enfermería y agredieron a un agente de seguridad. La escena se repite con una regularidad inquietante: salas colapsadas, familiares desesperados, trabajadores exhaustos y un Estado que aparece tarde, cuando ya hubo gritos, empujones o sangre.
La receta rápida: más castigo
El proyecto establece entre uno y siete años de cárcel para agresiones físicas y entre uno y tres años para agresiones verbales, con agravantes si hay armas, ataques en grupo, secuelas psicológicas o si el altercado interrumpe una urgencia médica con consecuencias fatales. También prevé demandas civiles y obliga a hospitales y al Colegio Médico Dominicano (CMD) a capacitar al personal en manejo de conflictos.
En el papel, la lógica es simple: proteger al personal de salud para garantizar la continuidad del servicio. En la práctica, la pregunta es otra: ¿por qué el Estado llega siempre con el Código Penal en la mano y nunca con camas, insumos, seguridad, salarios dignos y una red que funcione?.
Hospitales como zona de riesgo
Los propios fundamentos del proyecto reconocen lo evidente: la violencia crece porque los hospitales se volvieron entornos hostiles. Jornadas interminables, emergencias saturadas, falta de recursos y pacientes que esperan horas —o días— por una atención que no depende de la voluntad del médico sino de un sistema roto. En ese caldo, el enojo estalla contra quien está más cerca: el personal sanitario.
El CMD lo dijo sin rodeos en noviembre de 2024, tras la agresión a médicos residentes en el Hospital Darío Contreras: habló de una “epidemia de violencia” y de profesionales que trabajan “a la defensiva”. Pidieron medidas urgentes al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña. Lo que llega ahora es una respuesta parcial: castigo al último eslabón del conflicto, no a sus causas.
Punitivismo sin política pública
Nadie discute que golpear a un médico es inaceptable y que el personal de salud merece protección. Lo que sí se discute es el reflejo automático de endurecer penas sin una política integral de seguridad hospitalaria: controles de acceso, personal capacitado, mediación en crisis, inversión sostenida y un sistema que no empuje a pacientes y familiares al límite.
El riesgo es convertir a los hospitales en espacios judicializados, donde el miedo a la agresión conviva con el miedo a la denuncia, mientras el abandono estructural sigue intacto. Cárcel para el golpe, sí; pero presupuesto para la prevención, también.
Lo que el proyecto no dice
El texto no habla de financiamiento, ni de infraestructura, ni de condiciones laborales. No dice cuántos agentes de seguridad faltan, ni cómo se evitarán las esperas interminables, ni qué pasa cuando la violencia es el síntoma de un Estado ausente. Tampoco responde por qué la discusión aparece ahora, después de años de advertencias del propio gremio médico.
La iniciativa dormirá en comisión hasta el inicio de la nueva legislatura. Mientras tanto, médicos y enfermeras seguirán atendiendo en guardia, con vocación y cansancio, esperando que la política entienda algo básico: la violencia no se resuelve solo con condenas, sino con un sistema que funcione.
Porque si el hospital sigue siendo una trinchera, la ley llegará siempre tarde. Y la salud pública, otra vez, pagará el costo.
Rodolfo Gudino
REDACCIÓN
