La expresidenta y su hijo Máximo Kirchner participaron de manera virtual en el inicio del proceso por presunto lavado de activos y asociación ilícita. El Tribunal Oral Federal N.º 5 deberá determinar si existieron maniobras irregulares mediante alquileres inmobiliarios y negocios hoteleros vinculados con empresarios contratistas del Estado.

Este viernes 23 de octubre comenzó en los tribunales federales de Comodoro Py el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, dos expedientes que investigan operaciones comerciales y movimientos de dinero relacionados con empresas de la familia Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner siguió la audiencia desde su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, mientras que el diputado nacional Máximo Kirchner también fue autorizado a conectarse virtualmente.

El Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, permitió esa modalidad únicamente para la audiencia inaugural, dedicada a la lectura de las acusaciones.

Qué investiga la Justicia

La acusación sostiene que empresarios beneficiados con contratos estatales habrían transferido fondos a sociedades vinculadas con los Kirchner mediante operaciones de alquiler y contratación hotelera.

Hotesur comprende los negocios hoteleros de la familia, mientras que Los Sauces investiga principalmente contratos inmobiliarios con sociedades relacionadas con Lázaro Báez y el Grupo Indalo, encabezado por Cristóbal López y Fabián de Sousa.

La Fiscalía deberá demostrar que esas operaciones constituyeron mecanismos de lavado de activos y no simples relaciones comerciales. Las defensas rechazan las imputaciones y cuestionan la interpretación de las transacciones investigadas.

Un juicio unificado después de años de disputas judiciales

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reunir ambos expedientes en un único debate, luego de que el tribunal oral hubiera dispuesto inicialmente tratarlos por separado.

La acusación estará a cargo de los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina. La Unidad de Información Financiera (UIF) participará como querellante.

El cronograma inicial contempla audiencias los lunes, viernes y sábados, con posibilidad de continuar durante la feria judicial de enero de 2027.

El impacto político de un proceso que llega a 2027

El comienzo del juicio coincide con las negociaciones del peronismo para conformar un frente electoral amplio frente al gobierno de Javier Milei.

Cristina Kirchner mantiene influencia sobre sectores importantes del Partido Justicialista, mientras Axel Kicillof, Sergio Massa y otros dirigentes discuten cómo organizar una alternativa nacional.

En ese escenario, el proceso judicial vuelve a colocar a la expresidenta y a Máximo Kirchner en el centro de la agenda pública.

El juicio no implica una nueva condena. Los jueces deberán escuchar a las partes, examinar las pruebas y resolver las acusaciones mediante una sentencia.

La discusión política acompañará inevitablemente el proceso, pero la cuestión judicial es concreta: determinar si los negocios hoteleros e inmobiliarios investigados fueron operaciones legítimas o instrumentos para canalizar dinero de origen ilícito.

Ese será el objeto del debate que acaba de comenzar en Comodoro Py.