Melina Schweizer
El juez Diego Slupski prohibió al legislador Facundo Del Gaiso acercarse o contactar al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, incluso por redes sociales. La medida llega en medio de causas por retención indebida de aportes, lavado y presunta manipulación de partidos. Mientras la Justicia investiga a la cúpula del fútbol, el denunciante queda bajo restricción.
Ciudad de Buenos Aires, 5 de mayo de 2026
La escena parece escrita por alguien con demasiado sentido del humor negro: en medio de una serie de causas judiciales que cercan a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, el que termina con una perimetral no es el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sino uno de los legisladores que viene denunciando al sistema. Facundo Del Gaiso, diputado porteño de Vamos por Más y referente de la Coalición Cívica, fue notificado de una restricción dictada por el juez Diego Javier Slupski en favor del dirigente santiagueño, una de las figuras más poderosas del fútbol argentino y uno de los nombres que aparece en varias investigaciones abiertas contra la cúpula de la entidad.
La resolución le prohíbe a Del Gaiso acercarse al domicilio de Toviggino, comunicarse con él por teléfono, enviarle mensajes, contactarlo por cualquier medio digital e incluso arrobarlo en X. También le impide aproximarse a menos de 500 metros de los lugares donde el tesorero de la AFA desarrolle tareas laborales. La medida fue presentada como una protección frente a presuntos actos de hostigamiento, pero en el contexto político y judicial en que aparece, inevitablemente abre otra lectura: la frontera entre proteger a una persona y silenciar a un denunciante puede volverse demasiado fina cuando el beneficiado por la restricción es un dirigente investigado y el restringido es quien viene exponiendo esas investigaciones.
El caso no surge en el vacío. Del Gaiso había denunciado penalmente a Toviggino, al director nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, y al árbitro Nicolás Jara por presuntas maniobras vinculadas a la manipulación de partidos del ascenso, con sospechas de arbitrajes “insólitos” y posibles pagos en criptomonedas. Según informó Pura Ciudad, la denuncia apuntó a al menos tres encuentros —Argentino de Rosario-Atlas, Luján-Lamadrid y Sacachispas-Deportivo Merlo— y sostuvo que los hechos podrían encuadrar en delitos de estafa y defraudación. En esa presentación, el legislador también pidió revisar la situación patrimonial de árbitros profesionales y propuso que la AFA incorpore declaraciones juradas anuales para los jueces del fútbol.
El trasfondo es mucho más grande que una pelea personal entre un legislador y un dirigente deportivo. La AFA atraviesa uno de los momentos judiciales más delicados de los últimos años. En marzo, la Justicia procesó al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al propio Toviggino por presunta retención indebida de aportes. El juez Diego Amarante dictó embargos por 350 millones de pesos y les prohibió salir del país, aunque sin prisión preventiva. La causa fue iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la AFA de apropiarse de más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025 al retener tributos y aportes de seguridad social que debían ser transferidos al Estado.
Ese expediente no es el único. El País detalló que la cúpula de la AFA enfrenta al menos otros cuatro frentes judiciales vinculados con operaciones sospechadas de lavado de dinero, desvío de fondos a través de empresas fantasma y vínculos con estructuras comerciales paralelas. También consignó que la dirigencia del fútbol interpreta el avance judicial como parte de una disputa política con el gobierno de Javier Milei, especialmente por la discusión sobre las sociedades anónimas deportivas. Esa explicación puede servir para ordenar el relato interno de Viamonte, pero no borra los expedientes ni las cifras que aparecen en las causas.
La situación se agravó en los últimos días con otro capítulo judicial, esta vez en Santiago del Estero. El fiscal federal Pedro Simón apeló el rechazo a abrir una investigación contra Tapia y Toviggino y reclamó que la causa siga en esa provincia. Según Infobae, el fiscal había pedido avanzar con medidas que incluían la detención de ambos dirigentes, mientras que TN informó que la apelación fue presentada ante la Cámara Federal de Tucumán luego de que el juez Sebastián Argibay desestimara el pedido de instrucción, rechazara medidas contra la conducción de la AFA y se declarara incompetente.
La Nación agregó un dato todavía más áspero: Simón denunció al juez Argibay y sostuvo que la defensa de los dirigentes habría tenido acceso anticipado a constancias del expediente. Según ese medio, el fiscal afirmó que la AFA transfirió 3.633 millones de pesos a empresas vinculadas al entramado societario de Toviggino, información que surgiría solo de datos enviados por un banco, con otros bancos todavía bajo análisis. También pidió que el Consejo de la Magistratura abra un expediente disciplinario contra el magistrado.
En ese contexto, la perimetral contra Del Gaiso adquiere otra densidad. No se trata de un cruce más en redes ni de una disputa de egos con olor a pasillo legislativo. Se trata de un denunciante que venía señalando posibles maniobras en arbitrajes, apuestas y estructuras de poder dentro del fútbol, y que ahora queda limitado incluso para nombrar digitalmente al tesorero de la AFA. Si la Justicia quiere evitar hostigamientos, tiene herramientas para hacerlo. Pero cuando la herramienta elegida alcanza al debate público, a la denuncia política y a la posibilidad de mencionar a un funcionario de hecho del fútbol argentino en redes sociales, la discusión deja de ser privada y se vuelve institucional.
Del Gaiso respondió con una denuncia pública. En X, afirmó que este miércoles 6 tendrá una audiencia en la Cámara de Apelación Penal contra el “tesorero de la AFA” y sostuvo que si logra revertir la medida “se cae todo el sistema de aprietes, denuncias y querer callar a denunciantes y periodistas”. La frase puede sonar grandilocuente, pero expresa algo que atraviesa toda esta trama: quienes investigan o denuncian al poder de la AFA suelen enfrentarse no solo al poder económico y deportivo de la entidad, sino también a una maquinaria judicial y comunicacional que busca invertir los roles.
El punto sensible es ese. La AFA no es una asociación menor. Administra el fútbol más popular del país, maneja contratos millonarios, arbitra competencias, negocia derechos, concentra vínculos políticos y tiene una capacidad de presión que excede largamente el deporte. Cuando sus principales dirigentes son procesados, investigados o señalados por fiscales, el interés público es evidente. Y cuando, en ese mismo contexto, un legislador que impulsa denuncias queda sometido a restricciones de contacto y expresión respecto de uno de esos dirigentes, la pregunta aparece sola: ¿se está protegiendo a una persona o blindando a una estructura?
La medida dictada por Slupski incluye restricciones razonables si existieran pruebas de acoso o intimidación personal. Nadie tiene derecho a perseguir, amenazar o invadir la vida privada de otro. Pero el problema aparece cuando la restricción se proyecta sobre la actividad política, periodística o institucional de un denunciante. Prohibir el acercamiento físico puede tener una lógica preventiva. Prohibir arrobar a un dirigente de la AFA en redes sociales, mientras ese dirigente aparece en causas públicas por corrupción, tiene otro aroma: menos a protección y más a mordaza con membrete judicial.
La historia reciente de la AFA tampoco ayuda a despejar sospechas. En 2024, Del Gaiso ya había llevado a la Justicia una denuncia por posible manipulación de partidos del ascenso. En 2026, Tapia y Toviggino fueron procesados por retención indebida de aportes. Luego apareció el expediente de Santiago del Estero, con acusaciones más amplias y reproches del fiscal al juez que frenó la investigación. La secuencia es demasiado cargada como para tratar la perimetral como un simple trámite de convivencia.
La dirigencia del fútbol argentino suele responder a cada investigación con dos argumentos: persecución política y ataque al fútbol. Es una defensa conocida. Funcionó durante años porque toca una fibra sensible: nadie quiere que la Selección campeona del mundo quede atrapada en una pelea de poder. Pero esa identificación entre la pelota y sus administradores es una trampa vieja. Tapia no es la Selección. Toviggino no es el fútbol argentino. La AFA no es Messi levantando la Copa. La AFA es una estructura de poder que debe rendir cuentas como cualquier otra.
Por eso este caso importa. Porque no se trata solo de una perimetral insólita contra un legislador opositor. Se trata de cómo responde el sistema cuando alguien señala zonas oscuras en una institución acostumbrada a funcionar como territorio autónomo, con sus propias reglas, sus propios jueces simbólicos y su propia capacidad de castigo. A Del Gaiso le prohíben acercarse y mencionar. A la AFA, mientras tanto, la Justicia le cuenta expedientes, procesamientos, embargos y sospechas de maniobras millonarias.
La audiencia del 6 de mayo será un punto de inflexión menor en términos procesales, pero relevante en términos políticos. Si la Cámara confirma la medida, el mensaje será claro: quien denuncia al poder del fútbol deberá medir hasta el arroba. Si la revoca o la limita, también habrá una señal: las cautelares no pueden convertirse en un refugio elegante para dirigentes investigados.
En un país donde los poderosos suelen pedir silencio en nombre del orden, esta perimetral llega como una postal perfecta. La AFA, que debería explicar sus números, sus arbitrajes y sus negocios, consigue que la Justicia le ponga distancia a uno de los que pregunta. La pelota sigue rodando, claro. Pero cada vez se nota más quién mueve la cancha.
GONZALO SCHWEIZER
