Desalojos sin respuestas: la oposición presiona al Gobierno porteño

Legisladores exigen datos sobre desalojos, uso de fuerza pública y asistencia a familias desde 2024. Reclaman registros, criterios técnicos y qué pasó con quienes fueron expulsados de sus viviendas. El foco ya no es solo edilicio: es social.

📍 Ciudad de Buenos Aires, 4 de mayo de 2026

La política habitacional del Gobierno de la Ciudad volvió a quedar bajo cuestionamiento, esta vez no por un caso puntual sino por la ausencia de información sistemática sobre cómo se ejecutan los desalojos en inmuebles declarados en emergencia edilicia. Legisladores de distintos bloques opositores presentaron en la Legislatura porteña un pedido formal de informes que apunta a reconstruir, con datos concretos, qué viene haciendo el Ejecutivo desde 2024 hasta hoy en relación con esas intervenciones, que combinan criterios técnicos, decisiones administrativas y, en muchos casos, el uso de la fuerza pública.

El planteo no surge de una discusión abstracta sobre urbanismo o normativa, sino de una preocupación política concreta: la falta de trazabilidad en un tipo de procedimiento que impacta directamente sobre personas y familias. Por eso, el pedido exige información detallada sobre la existencia —o no— de registros actualizados de inmuebles en emergencia, los criterios técnicos utilizados para clasificar los niveles de riesgo y la cantidad de inspecciones realizadas en los últimos dos años. La pregunta de fondo es simple, pero incómoda: ¿hay un sistema ordenado de intervención o se actúa caso por caso sin una lógica transparente?

La inquietud crece cuando el foco se desplaza del diagnóstico a la acción. Los legisladores buscan saber cuántas intervenciones derivaron en desalojos, en qué casos se recurrió a la fuerza pública y qué tipo de medidas se adoptaron después de la desocupación: clausuras, apuntalamientos o directamente abandono de los inmuebles. En otras palabras, no solo interesa cómo se decide desalojar, sino qué se hace después, tanto con las propiedades como con las personas que vivían en ellas.

Ese punto es central.

Porque si bien la emergencia edilicia puede justificar una intervención urgente para evitar riesgos estructurales, el problema no termina cuando se vacía un edificio. Empieza otro: el destino de las familias desalojadas. Por eso, el pedido de informes incluye datos sobre cuántas personas fueron afectadas, qué dispositivos de asistencia habitacional se activaron, si hubo seguimiento posterior y en qué condiciones quedaron quienes perdieron su vivienda. Sin esa información, la política pública queda incompleta.

En paralelo, la oposición también puso la lupa sobre el rol de las fuerzas de seguridad. El proyecto solicita precisiones sobre la participación de la Policía de la Ciudad en los operativos, la eventual existencia de detenciones, el secuestro de pertenencias y la articulación entre las áreas técnicas, sociales y de control durante las intervenciones. No es un detalle menor: cuando un procedimiento involucra el uso de la fuerza, la transparencia deja de ser una opción y pasa a ser una obligación institucional.

El trasfondo del reclamo tiene que ver con la forma en que el Gobierno porteño viene gestionando el stock de inmuebles en situación crítica. Desde el Ejecutivo se sostiene que las intervenciones responden a criterios de seguridad estructural y prevención de riesgos, especialmente en edificios antiguos o con deterioro avanzado. Sin embargo, la falta de datos públicos y sistematizados impide evaluar si esas decisiones siguen un patrón coherente o si, por el contrario, dependen de variables coyunturales.

Ahí es donde aparece el conflicto político.

Para la oposición, no alcanza con invocar la emergencia edilicia como justificación. Lo que se discute es si esa herramienta se aplica con criterios claros, con controles efectivos y, sobre todo, con un esquema de acompañamiento social que evite que la solución técnica se convierta en un problema humano mayor. La sospecha que empieza a instalarse es que el Estado actúa con rapidez para desalojar, pero no con la misma eficacia para resolver las consecuencias de esos desalojos.

En ese sentido, el pedido de informes funciona como un intento de ordenar una política que, al menos hacia afuera, aparece fragmentada. Saber cuántos inmuebles están en riesgo, cuántos fueron intervenidos, cuántas familias fueron desplazadas y qué ocurrió después no es un dato accesorio: es la base para evaluar si existe una política pública o una suma de decisiones aisladas.

El Gobierno de la Ciudad ahora deberá responder.

Y no con discursos.

Con datos.