REDACCIÓN
La Secretaría de Trabajo reemplazó las inspecciones tradicionales por un esquema de “visitas de cortesía” para empresas con personal sin registrar. Los funcionarios deberán priorizar la “cordialidad” y explicar los beneficios de la reforma laboral antes de sancionar. Con la informalidad por encima del 43%, el Estado redefine su rol frente a la precarización laboral.
📍 Ciudad de Buenos Aires, mayo de 2026
La escena resume con bastante precisión el cambio de época que impulsa el gobierno de Javier Milei en materia laboral: un inspector que llega a una empresa con trabajadores sin registrar y que, en lugar de controlar, intimar o sancionar, debe explicar las ventajas de la reforma laboral, ofrecer ayuda administrativa y mantener una actitud cordial con el empleador aun cuando persista la irregularidad.
No es una interpretación.
Es el nuevo protocolo.
Con bajo perfil y casi sin difusión pública, la Secretaría de Trabajo puso en marcha una prueba piloto que modifica profundamente el sistema de fiscalización laboral vigente desde hace más de veinte años. El nuevo Programa de Fomento del Empleo y Buenas Prácticas reemplaza en los hechos al histórico Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), creado en 2003 para combatir el empleo no registrado, el fraude laboral y otras formas de precarización mediante inspecciones coordinadas entre Trabajo, Seguridad Social y la entonces AFIP.
La diferencia entre ambos modelos no es técnica.
Es política.
Mientras el esquema anterior concebía al Estado como órgano de control frente al incumplimiento empresarial, el nuevo enfoque redefine a los inspectores como agentes de acompañamiento y promoción. Según las instrucciones transmitidas a cientos de funcionarios de la cartera laboral y de sus delegaciones territoriales, las primeras visitas a empresas deberán tener un carácter “amistoso” y orientado a construir confianza con los empleadores.
En algunos casos, incluso, los inspectores no deberían preguntar inicialmente cuántos trabajadores tiene el establecimiento.
La prioridad no será detectar la infracción.
Será generar predisposición.
El protocolo establece al menos cuatro visitas previas antes de avanzar hacia una eventual sanción administrativa. Durante ese período, los funcionarios deberán explicar las “bondades” de la reforma laboral, asesorar sobre mecanismos de registración y colaborar con aspectos burocráticos que, según el diagnóstico oficial, muchas pequeñas empresas desconocen o no saben resolver.
Desde el Gobierno sostienen que buena parte de la informalidad laboral no surge necesariamente de una decisión deliberada de evasión, sino de trabas administrativas, presión tributaria y dificultades para sostener costos laborales en un contexto económico complejo. Bajo esa lógica, endurecer controles y multas solo agravaría el problema.
Por eso el oficialismo decidió cambiar el paradigma.
Menos fiscalización.
Más persuasión.
El problema es que el giro ocurre en un momento particularmente delicado para el mercado laboral argentino. Según distintos relevamientos, el empleo no registrado ya supera el 43% y, desde el inicio de la gestión libertaria, se destruyeron al menos 300 mil puestos de trabajo formales. En ese contexto, el cambio de estrategia despierta fuertes cuestionamientos entre especialistas laborales, sindicatos y sectores de la oposición, que ven en el nuevo programa una retirada del Estado frente a la precarización.
Porque el PNRT no solo apuntaba a registrar trabajadores.
También funcionaba —con limitaciones y resultados desiguales— como una herramienta para detectar situaciones de explotación laboral, empleo infantil, fraude previsional e incluso formas extremas de servidumbre en determinados sectores productivos.
Ahora esa lógica queda desplazada.
Y el inspector deja de ser controlador para transformarse en facilitador.
El cambio no llegó de golpe. Ya en 2024 la Ley Bases había eliminado buena parte de las multas vinculadas al trabajo no registrado, reduciendo la presión sobre empresas incumplidoras. Más tarde, la ley 27.802 profundizó esa orientación con la creación del Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL), que alivió aportes patronales y flexibilizó condiciones para evitar sanciones e ingresos al Repsal, el registro público de empleadores con antecedentes laborales negativos.
El nuevo programa aparece como la fase cultural de esa transformación.
Ya no alcanza con modificar leyes.
Ahora también cambia el rol del Estado.
Y eso es lo que vuelve tan sensible la discusión.
Porque detrás del lenguaje amable de las “buenas prácticas” y las “visitas de cortesía” se esconde una redefinición profunda de la relación entre el poder público y el mercado laboral. El Gobierno sostiene que busca incentivar la formalización reduciendo hostilidad burocrática. Sus críticos creen que, en realidad, el Estado está abandonando herramientas básicas de protección laboral en nombre de una idea de libertad económica donde el empresario pasa a ser visto más como socio que como sujeto de control.
La discusión se vuelve todavía más áspera cuando se observan los resultados.
Hasta ahora, la flexibilización no logró reducir significativamente la informalidad.
Y tampoco generó una recuperación fuerte del empleo registrado.
Ese dato complica el relato oficial.
Porque si las multas bajan, los controles se suavizan y aun así el trabajo no registrado sigue creciendo, entonces el problema parece ser más estructural que regulatorio.
En otras palabras: el mercado no se formaliza solo porque el Estado deje de controlar.
Especialmente en economías atravesadas por recesión, caída del consumo y deterioro salarial.
Ahí aparece la gran pregunta de fondo.
¿El nuevo modelo busca incorporar trabajadores al sistema formal?
¿O simplemente reducir el conflicto entre el Estado y las empresas?
La respuesta todavía no está clara.
Pero el mensaje político sí.
El Gobierno ya decidió de qué lado quiere ubicarse en esa discusión.
Y el inspector, ahora convertido en promotor, es probablemente la imagen más clara de ese cambio.
Melina Schweizer
