Melina Schweizer
El 30 de marzo de 2026, en Casa Rosada, una celebración privada derivó en una denuncia formal por uso de recursos públicos. Apuntan a Karina Milei y al jefe de Granaderos por desviar funciones institucionales.
La denuncia formal: qué dice el documento
La presentación fue realizada el 1° de abril de 2026 ante la Oficina Anticorrupción, y apunta directamente contra Karina Milei y el jefe del Regimiento de Granaderos, el teniente coronel Cristian Castellanos.
Según el texto, los denunciantes sostienen que hubo un uso indebido de la Fanfarria “Alto Perú”, que fue destinada a un evento privado en Casa Rosada: el cumpleaños de la secretaria general de la Presidencia.
El documento señala que la banda militar fue utilizada “para agasajar a la funcionaria”, desviándola de su función institucional.
El hecho central: música pop en un acto privado
Uno de los puntos más contundentes de la denuncia es el repertorio interpretado. Según consta en el escrito, la fanfarria ejecutó canciones de ABBA como:
- “Dancing Queen”
- “Mamma Mia”
- “Chiquitita”
Los denunciantes remarcan que se trata de música “pop extranjera”, completamente ajena al carácter ceremonial, patriótico y militar de la unidad.
Y lo plantean en términos duros: se habría actuado “en el único interés de contentar a la funcionaria”.
El eje jurídico: uso indebido del Estado
La denuncia se apoya en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188).
En particular, señala una posible violación al artículo 2°, que obliga a los funcionarios a:
- Priorizar el interés público
- No utilizar recursos del Estado para fines personales
- Mantener conducta digna y decorosa
Además, se citan principios del Código de Ética como:
- Templanza
- Uso adecuado del tiempo de trabajo
- Dignidad y decoro
Un punto clave: la “desnaturalización” del rol de los Granaderos
Uno de los párrafos más fuertes del documento habla de una “escandalosa desnaturalización” del rol de la banda oficial.
La fanfarria, señalan, está vinculada a la historia nacional, a la figura de San Martín y a ceremonias institucionales. Su uso en un cumpleaños privado sería, según la denuncia, una desviación grave de su finalidad.
Además, el escrito subraya que el episodio tuvo alto impacto mediático, amplificando su gravedad.
La prueba: repercusión pública y medios
La denuncia incluye una recopilación de publicaciones periodísticas y cobertura mediática del hecho, lo que refuerza que no se trató de un episodio menor ni privado.
Se menciona explícitamente que el caso fue ampliamente difundido en medios y redes, consolidando la idea de un hecho público con consecuencias institucionales.
El trasfondo político: símbolos y poder
Más allá del plano jurídico, el caso tiene una dimensión política fuerte.
No se trata solo del uso de una banda militar, sino del significado simbólico de los Granaderos, una unidad asociada a la historia nacional y a la representación del Estado.
Utilizarlos en un evento privado —y con repertorio ajeno a lo institucional— transforma el hecho en un conflicto político.
Cuando lo público se vuelve privado
En distintos gobiernos, el uso de recursos estatales para fines personales ha generado denuncias, investigaciones y crisis políticas.
Desde vehículos oficiales hasta personal del Estado en eventos privados, estos casos suelen tener un patrón común: el cruce entre función pública y beneficio personal.
El episodio de los Granaderos se inscribe en esa lógica, pero con un agravante simbólico.
Denuncia que puede escalar
Con la presentación ya formalizada ante la Oficina Anticorrupción, el caso entra en una etapa institucional que podría derivar en investigaciones administrativas o políticas.
La clave será determinar si existió efectivamente una violación a la normativa o si se trató de una interpretación flexible del uso ceremonial.
Pero más allá del resultado, el impacto ya está instalado.
Porque cuando los símbolos del Estado se utilizan en el ámbito privado, el debate deja de ser técnico y pasa a ser político.
Y en ese terreno, el costo suele ser mucho mayor.
