CONCHITA PRETA
Cristina Kirchner anunció que llevará su condena ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y volvió a denunciar que la inhabilitación perpetua busca excluirla de la vida política. Mientras tanto, un sector del kirchnerismo analiza colocarla igualmente al frente de una fórmula en 2027 para obligar a la Justicia Electoral a impugnarla. La política argentina consiguió superar una nueva frontera: ya no hace falta estar habilitado para que empiecen a discutir quién va de vice.
Cristina Kirchner está condenada e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos, detalle jurídico que en cualquier democracia convencional alcanzaría para descartar una candidatura. Pero estamos en Argentina, donde una prohibición electoral puede ser interpretada como el comienzo de la campaña. Por eso, mientras la expresidenta prepara su presentación ante Naciones Unidas, parte del kirchnerismo analiza anotarla igual en 2027 y obligar a la Justicia Electoral a decir oficialmente lo que ya dice la sentencia. No sería una candidatura para asumir: sería una candidatura para que la bajen. Hasta Kafka pediría un café antes de seguir leyendo.
Cristina alimentó la discusión con una carta en la que sostuvo que “ninguna proscripción logró apagar definitivamente la voluntad popular” y denunció que su inhabilitación busca impedir que una parte de la sociedad vuelva a elegir el proyecto que ella representa. No anunció formalmente que vaya a presentarse, pero tampoco parece interesada en pasar los próximos meses tejiendo escarpines. El mensaje fue suficientemente claro para que el kirchnerismo comenzara a discutir una fórmula presidencial alrededor de alguien que, bajo las condiciones jurídicas actuales, no puede ocupar la Presidencia.
El mecanismo que estudian algunos dirigentes tiene esa belleza barroca que distingue a la política nacional. Cristina encabezaría la lista, la Justicia Electoral debería impugnarla y esa decisión se transformaría en el corazón de la campaña. Es decir, el éxito inicial de la candidatura dependería precisamente de que fracase jurídicamente. Otros espacios necesitan ganar elecciones; el kirchnerismo estaría diseñando una estrategia donde el primer objetivo es conseguir una buena impugnación.
Y como ninguna candidatura imposible está completa sin compañero de fórmula, ya circulan nombres para la vicepresidencia. La política argentina acaba de alcanzar una sofisticación admirable: buscarle vice a quien no puede ser presidenta. Recalde, Wado de Pedro u otro dirigente podría terminar ocupando el primer lugar habilitado si Cristina fuera excluida. Es algo parecido a comprar los muebles antes de saber si existe el departamento, con la diferencia de que acá el escribano ya avisó que no entrega las llaves.
Pero reducir la jugada a la cuestión judicial sería perderse la parte más entretenida: la interna peronista. Porque una Cristina candidata, incluso destinada a ser impugnada, volvería a colocarla en el centro del armado, las listas, los afiches y la discusión electoral. Y ahí aparece Axel Kicillof, que viene creciendo en las encuestas y tratando de construir volumen político propio. Justo cuando el gobernador empezaba a acomodar los muebles de 2027, alguien recordó que Cristina todavía conserva la lapicera en algún cajón.
La posible candidatura funcionaría entonces en varios planos simultáneos. Serviría para denunciar la inhabilitación, movilizar al núcleo kirchnerista, disputar centralidad política y condicionar el armado electoral del gobernador. Una candidatura que jurídicamente no puede caminar pero políticamente puede pisarle los dedos a medio partido. La invalidez electoral, evidentemente, no incluye prohibición de codazos.
Esto ocurre además apenas después de que Máximo Kirchner bajara varios grados la temperatura de su enfrentamiento con Kicillof y asegurara que “no estamos en veredas opuestas”. Duró poco la tranquilidad inmobiliaria. Cuando parecía que todos podían compartir la misma vereda, apareció Cristina con la posibilidad de estacionar una candidatura en doble fila.
El problema para Kicillof es evidente. Si Cristina consigue instalarse como candidata simbólica, cualquier intento del gobernador por ordenar el peronismo alrededor de su figura tendrá que discutir primero qué hacer con la dirigente que todavía conserva una enorme capacidad de movilización y control territorial. El axelismo puede mostrar encuestas; el cristinismo puede mostrar estructura. Uno tiene intención de voto y el otro todavía guarda las llaves del local. Hermoso comienzo para una conversación sobre unidad.
Cristina, mientras tanto, llevará su caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el asesoramiento del brasileño Rafael Valim y del español Javier Borrego. Allí buscará cuestionar internacionalmente el proceso que derivó en su condena y someter la actuación judicial argentina al escrutinio del organismo. La causa judicial argentina incorpora así una nueva jurisdicción política al espectáculo. Ya teníamos Comodoro Py, tribunales electorales, internas partidarias y encuestas; faltaba la ONU para completar el fixture.
Naturalmente, recurrir a un organismo internacional no suspende por sí mismo la inhabilitación vigente ni convierte automáticamente a Cristina en candidata. Ese detalle conviene conservarlo porque la realidad ya es suficientemente absurda como para necesitar ayuda. La discusión política es otra: utilizar la eventual presentación electoral y su probable impugnación como instrumento para denunciar una proscripción y ordenar detrás de Cristina una parte de la campaña.
Ahí está la genialidad o el delirio, dependiendo de qué mesa del PJ se consulte. La Justicia podría impedirle competir y, al hacerlo, darle exactamente la centralidad que la estrategia busca. Cristina aparecería en discursos, actos y posiblemente en toda la construcción electoral aunque finalmente su nombre no pudiera permanecer formalmente en la competencia. Sería una candidata cuya principal herramienta de campaña consiste en demostrar que no la dejan ser candidata.
Mientras tanto habrá que elegir al vice, negociar las listas, contener a Máximo, conversar con los intendentes, observar a Kicillof, esperar qué ocurre en Naciones Unidas y preparar el argumento para la Justicia Electoral. Todo esto para una candidatura que oficialmente todavía no existe y jurídicamente hoy no puede prosperar.
La política argentina volvió a demostrar que jamás permitirá que una institución tan menor como la realidad le arruine una buena interna. Cristina está inhabilitada, el kirchnerismo estudia candidatearla y ya aparecen nombres para acompañarla: a este ritmo, lo único que falta para completar la fórmula es conseguir el pequeño detalle de poder presentarla.
