Melina Schweizer
El Frente de Sindicatos Unidos convocó a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso contra el proyecto oficial que busca modificar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. ATE advirtió que la iniciativa amenaza la soberanía sobre territorios y recursos estratégicos. El Gobierno pretende llevarla nuevamente al Senado, pero todavía enfrenta dificultades para reunir los votos.
La discusión por el futuro de las tierras rurales argentinas saldrá del Senado y llegará a la calle. El Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) convocó a una movilización para el próximo 6 de agosto frente al Congreso Nacional en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que propone modificar el régimen vigente y eliminar restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y capitales extranjeros.
La fecha no resulta casual. El oficialismo pretende llevar la iniciativa al recinto del Senado ese mismo día, después de haber postergado su tratamiento ante las dificultades para garantizar los votos necesarios para obtener la media sanción.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) e integrante del FRESU, Rodolfo Aguiar, confirmó la participación sindical y colocó el eje del conflicto en la soberanía nacional.
Según el dirigente, si avanza el proyecto “quedará gravemente comprometida la soberanía” argentina.
La advertencia apunta especialmente a la posibilidad de que grandes corporaciones, fondos de inversión e incluso capitales vinculados con otros Estados puedan incrementar la adquisición de extensiones rurales en territorios considerados estratégicos.
Qué está en juego con la reforma
Uno de los puntos centrales de la discusión es el límite establecido sobre la titularidad extranjera de tierras rurales.
La legislación vigente establece restricciones a la concentración extranjera, entre ellas un límite general del 15% sobre las tierras rurales, con parámetros que también alcanzan a provincias y departamentos o divisiones equivalentes.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por La Libertad Avanza busca modificar ese esquema. Sus críticos sostienen que la eliminación de esas barreras podría acelerar la extranjerización de territorios argentinos sin garantizar como contrapartida nuevas inversiones productivas ni creación de puestos de trabajo.
Para el FRESU, el problema adquiere especial gravedad cuando las operaciones alcanzan territorios de la Patagonia, áreas fronterizas o superficies vinculadas con reservas de agua y otros recursos naturales.
Aguiar advirtió que la modificación podría habilitar un uso “indiscriminado” de tierras destinadas al cultivo intensivo de soja, proyectos mineros y operaciones de especulación inmobiliaria.
El dirigente también alertó sobre un posible aumento de la concentración de la propiedad rural y llegó a plantear que, sin los límites actualmente existentes, podrían producirse niveles de extranjerización extremadamente elevados en algunas jurisdicciones.
El reclamo sindical, por lo tanto, no se limita a discutir quién puede comprar un campo. La discusión involucra quién controla el territorio, los recursos naturales y determinadas áreas consideradas estratégicas para el país.
Buenos Aires también salió contra el proyecto
El gobierno de la provincia de Buenos Aires se sumó al rechazo.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó la iniciativa libertaria y sostuvo que eliminar los límites a la propiedad extranjera no implica necesariamente aumentar la inversión.
“El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional habilita la compra indiscriminada de tierras sin que ello implique mayores inversiones ni generación de empleo. Lo que verdaderamente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos”, afirmó.
Rodríguez planteó que la discusión debe analizarse desde una perspectiva que exceda el mercado inmobiliario rural y alcance el dominio sobre recursos esenciales.
“Ante este proyecto, que elimina los límites a la extranjerización de las tierras, desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la soberanía no se negocia ni se entrega”, remarcó.
El Gobierno todavía no tiene garantizados los votos
La iniciativa ya provocó dificultades parlamentarias para La Libertad Avanza.
El oficialismo pretendía avanzar anteriormente con su tratamiento en el Senado, pero debió postergarlo ante la incertidumbre sobre la cantidad de votos necesarios para obtener la media sanción.
El proyecto atravesó además más de 15 modificaciones, producto de las negociaciones con bloques provinciales, aliados y legisladores dialoguistas.
Ahora, la Casa Rosada busca volver a llevar la discusión al recinto el 6 de agosto.
La disputa será especialmente sensible para los senadores que representan provincias con grandes extensiones rurales, territorios fronterizos, recursos hídricos, minerales y superficies de alto valor productivo o estratégico.
También vuelve a poner bajo la lupa la posición de los gobernadores, cuyos legisladores pueden resultar determinantes para definir el futuro de la iniciativa.
El 6 de agosto, la discusión estará adentro y afuera del Congreso
El FRESU pretende que la presión social acompañe la negociación parlamentaria. Por eso convocó a sindicatos, organizaciones y sectores que rechazan la reforma a concentrarse frente al Congreso mientras el oficialismo intenta conseguir los votos para avanzar con la ley.
La movilización incorpora así la cuestión territorial a un escenario de conflictividad que ya tiene al sindicalismo enfrentado con el Gobierno por salarios, empleo público, jubilaciones y desregulación del Estado.
Esta vez, sin embargo, el reclamo apunta a un patrimonio que trasciende una gestión determinada.
Mientras el Gobierno sostiene que flexibilizar las restricciones permitirá fortalecer la propiedad privada y atraer capitales, sus críticos advierten que una inversión puede retirarse, pero la propiedad de la tierra permanece.
Por eso, el 6 de agosto la discusión no será solamente cuántas hectáreas puede comprar un extranjero. En el Congreso y en la calle se debatirá una cuestión mucho más profunda: quién puede ser dueño del territorio argentino y hasta dónde está dispuesto el Estado a resignar los límites establecidos para protegerlo.
Rodolfo Gudino
