Melina Schweizer
Un informe del Ciclo Básico Común de la UBA estima que el 48,9% de la población de entre 18 y 29 años atraviesa algún tipo de vulnerabilidad social. Seis de cada diez jóvenes vulnerables no terminaron el secundario, apenas una cuarta parte continúa estudiando y, entre quienes trabajan, solo el 15% tiene empleo registrado. La precariedad económica convive con ansiedad, depresión, informalidad y un horizonte de movilidad social cada vez más estrecho.
La cifra obliga a mirar más allá de la coyuntura: 4.145.458 jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años viven en condiciones de vulnerabilidad social. No se trata de una estimación marginal ni de un grupo reducido ubicado en los extremos del sistema. Representan el 48,9% de toda la población juvenil del país, según Jóvenes vulnerables en la Argentina: condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro, una investigación realizada por el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires.
El dato surge de una estimación elaborada sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022: sobre 8.485.038 personas de entre 18 y 29 años, el estudio calcula que 4.145.458 integran el universo vulnerable y 4.339.580 quedan fuera de esa categoría. Es decir, la frontera entre ambas Argentinas juveniles es de apenas 194 mil personas.
Pero probablemente el aspecto más importante del informe no esté en el porcentaje general. La investigación muestra cómo la pobreza material, el abandono educativo, la informalidad laboral y el deterioro de la salud mental comienzan a superponerse hasta construir algo más profundo: una generación para la cual estudiar y trabajar dejaron de garantizar que la vida vaya a mejorar.
No es solamente pobreza
El informe forma parte del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas con Impacto Social de la UBA denominado Construir ciudadanía con jóvenes en contextos de vulnerabilidad, dirigido por Juan Cruz Esquivel y codirigido por Felipe Vega Terra. La investigación fue financiada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires.
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 fueron entrevistados presencialmente 1.002 jóvenes de 18 a 29 años residentes en los principales aglomerados urbanos del país. La selección no se limitó al ingreso monetario: se consideró vulnerable a quien tuviera como máximo el nivel primario completo o perteneciera a hogares con privaciones económicas o estructurales de acuerdo con el Índice de Privación Material de los Hogares del INDEC.
La diferencia metodológica importa. Una persona puede encontrarse por encima de una determinada línea de ingresos y continuar viviendo en una vivienda precaria, sin servicios adecuados, con estudios incompletos, empleo informal y dificultades permanentes para acceder a derechos básicos.
Para los investigadores, por eso, la vulnerabilidad combina dimensiones materiales, simbólicas y subjetivas. No se limita a cuánto dinero entra al hogar: incluye la calidad de la vivienda, las posibilidades educativas, las condiciones de trabajo, la salud mental y hasta las expectativas que una persona conserva sobre su propio futuro.
Esa definición permite entender por qué el 48,9% resulta mucho más inquietante que un indicador económico aislado. Lo que está en juego no es simplemente cuánto pueden consumir esos jóvenes, sino qué posibilidades concretas tienen de construir una trayectoria autónoma.
La primera fractura aparece en la educación
El 60,5% de los jóvenes vulnerables no terminó la escuela secundaria. Otro 32,8% alcanzó el secundario completo o comenzó estudios terciarios sin completarlos, mientras que apenas el 6,7% llegó a niveles terciarios completos o universitarios.
La fotografía del presente es todavía más contundente: solo el 24,8% continúa estudiando. Tres de cada cuatro jóvenes vulnerables ya se encuentran fuera del sistema educativo formal. La desvinculación es mayor fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires: mientras en el AMBA continúa estudiando el 29,9%, en el resto del país lo hace el 22,8%.
La educación aparece, además, como una de las variables que más fuertemente separan trayectorias. En sus conclusiones, el equipo de la UBA señala que el nivel educativo constituye el principal factor de estratificación observado: cuanto mayor es la educación alcanzada, disminuye significativamente la vulnerabilidad alta y aumentan las posibilidades de inserción laboral formal, cobertura sanitaria y movilidad social.
El problema es circular. Quien nace en un hogar vulnerable encuentra más dificultades para sostener los estudios; quien abandona los estudios accede a trabajos más precarios; los trabajos precarios dificultan retomar la educación y, finalmente, la falta de formación reduce todavía más las posibilidades laborales futuras.
La desigualdad deja así de ser un momento para convertirse en una trayectoria.
Los “ni-ni”: una etiqueta que esconde un problema mucho mayor
El informe establece que el 19,1% de los jóvenes vulnerables no estudia ni trabaja. Al mismo tiempo, el 30,6% no tiene actualmente empleo. Entre quienes trabajan, la mayoría tampoco estudia: el 56,1% se encuentra exclusivamente ocupado, mientras solo el 13,3% logra combinar trabajo y estudio.
Estos datos también obligan a revisar la expresión “ni-ni”, utilizada durante años para describir a jóvenes que supuestamente “ni estudian ni trabajan”. La categoría puede producir una lectura engañosa cuando convierte una condición estructural en una decisión individual.
El informe de la UBA describe algo diferente: jóvenes que abandonaron prematuramente la educación y llegan a un mercado laboral que ofrece principalmente trabajos informales, changas, venta ambulante, construcción, cuidados y otras actividades de baja calificación.
Entre quienes poseen una vulnerabilidad alta, la situación es todavía más extrema: el 83,9% interrumpió sus estudios y el 36,6% no trabaja. Apenas el 0,5% de los jóvenes de este segmento posee un empleo registrado.
No parece entonces una generación que haya decidido retirarse de la sociedad. Parece una generación a la que las principales puertas institucionales de integración comenzaron a cerrársele.
Trabajar tampoco garantiza salir de la vulnerabilidad
Quizás uno de los hallazgos más importantes sea precisamente este: conseguir empleo no implica necesariamente dejar atrás la precariedad.
Entre los 695 jóvenes ocupados relevados por el estudio, apenas el 15,3% tiene un trabajo completamente registrado. El 46,1% trabaja en negro y otro 29,8% lo hace por cuenta propia. Si se suman ambas categorías, alrededor del 76% se encuentra fuera de una relación laboral formal tradicional.
Las principales actividades también permiten observar qué tipo de inserción ofrece actualmente la economía a estos jóvenes. El 28,5% trabaja en comercio o gastronomía; el 19,8%, en construcción; el 15,6%, en ventas ambulantes, ferias o comercialización desde el hogar o internet; y otro 11,2% se dedica a limpieza y cuidados.
Son ocupaciones indispensables para el funcionamiento cotidiano de la economía, pero frecuentemente caracterizadas por bajos salarios, rotación, falta de cobertura social y dificultades para proyectar una carrera laboral.
Por eso trabajo y pobreza pueden convivir perfectamente.
El 75% de los hogares relevados depende principalmente del trabajo del propio joven o de algún integrante de la familia. Sin embargo, el 56,9% afirma que los ingresos familiares no alcanzan para llegar a fin de mes. Entre las mujeres esa proporción sube al 62,3%, frente al 53% de los varones.
En el nivel de vulnerabilidad alta, la situación alcanza otra escala: el 70,2% no logra cubrir los gastos mensuales.
La consecuencia política de estos números es evidente: la vieja promesa de que el empleo constituye automáticamente la puerta de salida de la pobreza pierde fuerza cuando el empleo disponible es informal, discontinuo y mal remunerado.
Una generación que depende del hospital público
Otra consecuencia directa de esa precariedad aparece en el acceso a la salud.
El 78% de los jóvenes vulnerables no dispone de obra social ni medicina prepaga y depende de hospitales públicos o centros de atención primaria.
Entre quienes se encuentran en el nivel de vulnerabilidad alta, el 93,1% recurre exclusivamente al sistema público.
Este dato adquiere todavía mayor importancia cuando se lo cruza con otro capítulo del informe: la salud mental.
Más de siete de cada diez jóvenes vulnerables manifiestan haber sufrido nerviosismo o ansiedad al menos algunos días. La incidencia es mayor entre las mujeres: 80% frente al 67,7% de los varones. También existen diferencias territoriales: en el AMBA alcanza al 78,9%, mientras que en el resto del país llega al 70,7%.
Más de la mitad declara sentimientos frecuentes de desgano o depresión y alrededor del 30% reconoce dificultades para controlar el consumo de alcohol, cigarrillos o drogas. La propia investigación advierte que estos fenómenos no constituyen experiencias excepcionales, sino elementos presentes en la vida cotidiana de la población estudiada.
El estudio encuentra además una relación clara entre vulnerabilidad y malestar psicológico: a medida que aumenta el nivel de vulnerabilidad, también aumentan la ansiedad, la tristeza, las dificultades para dormir, el aislamiento y los consumos problemáticos.
La salud mental aparece así no simplemente como una cuestión individual, sino como uno de los lugares donde se expresa la desigualdad.
El futuro se achica
El capítulo quizá más revelador del informe no pregunta cuánto ganan los jóvenes, sino qué creen que podrán hacer dentro de cinco años.
Casi siete de cada diez imaginan vivir en otro lugar. Sus dos principales objetivos son conseguir un trabajo o uno mejor, con el 31,9%, y tener una vivienda propia, con el 29,8%. Formar una familia aparece mucho más atrás: apenas el 4,8% lo identifica como principal objetivo.
Sin embargo, las expectativas cambian drásticamente según el nivel de vulnerabilidad. Quienes se encuentran en mejores condiciones proyectan mudanzas, estudios y trayectorias más diversificadas. Entre los sectores de mayor vulnerabilidad, las aspiraciones se concentran fundamentalmente en conseguir trabajo y garantizar la supervivencia económica.
Ese dato probablemente sintetice el problema mejor que cualquier otro.
La desigualdad no solo distribuye de manera desigual el dinero disponible en el presente. También distribuye el derecho a imaginar el futuro.
Quien dispone de educación, estabilidad económica y redes de protección puede pensar qué estudiar, dónde vivir, qué profesión desarrollar o qué proyecto construir. Quien debe resolver constantemente cómo pagar la comida, conseguir una changa o sostener el alquiler termina utilizando buena parte de su energía simplemente para atravesar el mes.
La vulnerabilidad también coloniza las expectativas.
El mapa argentino de la desigualdad juvenil
El informe rompe, además, con otra lectura habitual: la idea de que el problema se concentra esencialmente en el Conurbano bonaerense.
Solo el 27% de los jóvenes vulnerables reside en el AMBA; el 73% se distribuye en el resto del país.
Más aún: cuando se excluye al AMBA, la suma de jóvenes con vulnerabilidad media y alta supera el 90%. El propio estudio sostiene que la vulnerabilidad alta adquiere mayor peso en el interior, donde persisten brechas de infraestructura, oportunidades económicas y acceso a servicios.
La desigualdad juvenil argentina es, por lo tanto, profundamente federal.
No puede reducirse a una fotografía del Conurbano ni explicarse únicamente desde las grandes ciudades. El mercado de trabajo, las oportunidades educativas, la disponibilidad de transporte, el acceso a universidades y la infraestructura pública varían fuertemente según el territorio.
La advertencia que deja la UBA
Las conclusiones del estudio no proponen una única política porque el diagnóstico tampoco identifica una única causa. Recomiendan articular terminalidad educativa, formalización laboral, protección social, políticas diferenciadas por territorio, salud mental comunitaria e inversiones en infraestructura barrial.
Ese enfoque contiene quizás el punto político central del trabajo.
Cuando casi la mitad de una generación es vulnerable, el problema deja de poder explicarse mediante historias individuales de fracaso. No son millones de jóvenes que tomaron simultáneamente malas decisiones. Existe una estructura que distribuye oportunidades de forma profundamente desigual y luego suele responsabilizar a quienes quedan atrapados en ella.
El joven que abandona la escuela, consigue una changa, trabaja en negro, llega con dificultades a fin de mes, depende del hospital público y sufre ansiedad no representa cinco problemas diferentes.
Representa una misma trayectoria de vulnerabilidad.
Y el dato más preocupante del informe de la UBA quizá no sea que el 48,9% de los jóvenes argentinos ya se encuentre allí. Es que, cuando educación y trabajo dejan de funcionar como promesas creíbles de movilidad, también comienza a quebrarse algo menos visible pero decisivo para cualquier sociedad: la expectativa de que el esfuerzo presente pueda construir una vida mejor mañana.
Enzo Cabrera
Alejandra Egido
