La financiación de una compra online en Jumbo muestra tasas de hasta el 98% para algunos planes: un consumo de $559.095 puede terminar en $1.038.128 en doce cuotas. Mientras cae el ingreso disponible de los hogares y crece el endeudamiento, la tarjeta dejó de financiar consumos extraordinarios y pasó a utilizarse para comprar alimentos y productos básicos.
La crisis de ingresos incorporó una nueva variable al precio de los alimentos en Argentina. Para una cantidad creciente de hogares ya no alcanza con mirar cuánto cuesta la carne, la leche, los fideos o los artículos de limpieza en la góndola: también hay que calcular cuánto termina costando financiarlos cuando el salario se agota antes de fin de mes.
Una prueba realizada por LPO sobre una compra online en Jumbo expone la magnitud del problema. Para un changuito de $559.095, la plataforma ofrecía diferentes alternativas de financiación con tarjeta de crédito. Los planes llegaban a tasas informadas cercanas al 93% para hasta seis cuotas y al 98% para nueve, diez o doce pagos.
En el caso de elegir doce cuotas, el consumidor terminaba desembolsando $1.038.128. Son $479.033 adicionales respecto del precio al contado: el monto final resulta aproximadamente 85,7% superior al valor original de la compra.
No se trata de financiar un automóvil, un electrodoméstico o unas vacaciones. Son compras de supermercado. Alimentos, bebidas, productos de higiene y artículos indispensables para sostener un hogar pueden terminar convertidos en una deuda que se arrastra durante meses.
De $559.095 a $1.038.128 por llenar el changuito
El ejemplo permite dimensionar un fenómeno que suele quedar escondido detrás de las estadísticas generales de inflación. El precio nominal de los alimentos puede desacelerarse, pero eso no significa que el costo efectivo de acceder a ellos disminuya para todos los consumidores.
Quien dispone de los $559.095 puede pagar el precio de contado. Quien necesita doce meses para financiar exactamente los mismos productos termina desembolsando casi medio millón de pesos adicionales.
En otras palabras, la falta de liquidez tiene precio.
La diferencia resulta todavía más significativa porque aparece sobre bienes que se consumen mucho antes de terminar de pagarlos. Una familia puede estar abonando en julio cuotas correspondientes a alimentos consumidos varios meses atrás mientras simultáneamente necesita volver a endeudarse para realizar la compra del mes corriente.
Ese mecanismo puede generar una rueda difícil de romper: se financia el supermercado porque el ingreso no alcanza, las cuotas reducen el ingreso disponible del mes siguiente y esa reducción obliga a volver a utilizar crédito para cubrir nuevos gastos básicos.
La tarjeta dejó de ser para compras extraordinarias
Durante años, las cuotas estuvieron asociadas principalmente con bienes durables: electrodomésticos, muebles, tecnología, indumentaria o gastos excepcionales. El deterioro del poder adquisitivo modificó esa lógica.
La tarjeta de crédito comenzó a funcionar como una extensión del salario.
El fenómeno coincide con un deterioro del ingreso disponible de los hogares. Según los datos de Equilibra citados en el relevamiento, en mayo el ingreso disponible —después de descontar gastos fijos— cayó 2,1% respecto de abril y 5,1% interanual. Frente al promedio comprendido entre enero y septiembre de 2023, el retroceso alcanza el 16,5%.
Si se considera el ingreso real descontando la inflación mediante la canasta actualizada, la caída fue del 1,4% mensual y 2,9% interanual, mientras que respecto de los niveles anteriores al cambio de gobierno acumula un deterioro del 10,6%.
El problema aparece entonces por dos vías. Los hogares disponen de menos recursos después de afrontar alquileres, servicios y otros gastos fijos y, cuando recurren al crédito para cubrir la diferencia, encuentran tasas que multiplican el precio final de aquello que necesitan comprar.
Más de la mitad del financiamiento con tarjeta se destina a alimentos
La utilización del crédito para necesidades básicas dejó de ser marginal.
Según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense citado en la información difundida, más de la mitad del financiamiento mediante tarjetas de crédito se destina a la compra de alimentos.
El dato cambia la interpretación del endeudamiento familiar. Una cosa es utilizar crédito para adelantar una compra durable que permanecerá varios años en el hogar. Otra muy diferente es contraer una obligación financiera para adquirir productos que desaparecen de la heladera o la alacena en pocos días.
El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) también viene señalando el peso creciente de las tarjetas de crédito y los préstamos personales como instrumentos para sostener el consumo corriente, mientras organizaciones de consumidores advierten sobre los riesgos del sobreendeudamiento.
La tarjeta deja así de cumplir exclusivamente una función de administración financiera para transformarse en un mecanismo que permite cubrir la distancia entre lo que cuesta vivir y lo que ingresa al hogar.
Inflación cercana al 2%, tasas cercanas al 100%
La contradicción resulta particularmente llamativa cuando se compara el costo del financiamiento con la evolución de los precios.
Mientras la inflación mensual se mueve alrededor del 2%, determinadas alternativas para financiar compras de supermercado presentan tasas nominales anuales cercanas al 100%.
Eso no significa que ambas variables sean directamente comparables —una corresponde a variaciones mensuales de precios y otra al costo anual nominal del crédito—, pero la distancia permite observar el elevado costo financiero que enfrenta un consumidor sin liquidez suficiente para pagar al contado.
Y existe otro elemento importante: la tasa nominal no necesariamente representa todo el costo de financiar una operación. Para comparar adecuadamente alternativas de crédito, el consumidor debe observar también la Tasa Efectiva Anual y, especialmente, el Costo Financiero Total cuando corresponda, porque allí pueden quedar incorporados otros cargos asociados a la financiación.
En el ejemplo concreto, sin embargo, el resultado final es suficientemente gráfico: $559.095 al contado contra $1.038.128 financiados en doce pagos.
La comida no aumentó en la góndola. Aumentó por necesitar tiempo para pagarla.
Jumbo no es la única cadena con compras financiadas
La financiación con intereses tampoco se limita a una única empresa. Otras grandes cadenas ofrecen compras en cuotas cuyo costo depende de la tarjeta, el banco emisor, la cantidad de pagos y las promociones disponibles.
Carrefour, por ejemplo, informa para determinadas operaciones financiadas la Tasa Nominal Anual, la Tasa Efectiva Anual y el Costo Financiero Total correspondiente.
Por eso conviene diferenciar dos cuestiones. El problema no consiste simplemente en que los supermercados permitan pagar en cuotas —una herramienta que puede resultar útil para los consumidores—, sino en el costo que adquiere esa financiación cuando una familia depende de ella para acceder a productos esenciales.
También debe distinguirse qué parte del costo corresponde a la cadena comercial, cuál al banco o entidad emisora de la tarjeta y qué condiciones específicas establece cada acuerdo de financiación. Atribuir automáticamente la totalidad de una tasa a un solo actor podría simplificar un mecanismo en el que participan distintos intermediarios.
Lo indiscutible para el consumidor es el resultado final: paga mucho más por el mismo changuito.
El negocio aparece donde termina el salario
El fenómeno se vuelve todavía más preocupante cuando se cruza con el crecimiento general de la morosidad.
El crédito utilizado para alimentos compite cada mes con las cuotas anteriores, los servicios, el alquiler, los préstamos personales y el propio resumen de la tarjeta. Cuando el consumidor no logra cancelar el saldo completo, puede comenzar una segunda etapa de financiación y acumulación de intereses.
Así, una dificultad inicialmente vinculada con el ingreso puede convertirse en un problema financiero.
El costo de la crisis deja entonces de medirse exclusivamente por la caída del salario real. También aparece en los intereses que las familias pagan para sostener niveles mínimos de consumo.
Para los hogares con capacidad de pagar al contado, el precio sigue siendo el de la góndola. Para quienes llegan al supermercado después de haber destinado buena parte del sueldo al alquiler, las tarifas, el transporte y otras obligaciones, el mismo paquete de alimentos puede tener un precio considerablemente mayor.
La financiarización de la comida
Ese proceso introduce un cambio profundo en la economía cotidiana argentina: la financiarización del consumo básico.
Cuando una familia necesita crédito para comprar comida, una porción de sus ingresos futuros queda comprometida antes de comenzar el mes siguiente. Si vuelve a necesitar la tarjeta para realizar la próxima compra, comienza a superponer consumos presentes con deudas del pasado.
El problema ya no puede analizarse solamente comparando salarios contra inflación. También importa cuánto del ingreso disponible queda comprometido por deudas y qué tasa debe pagar una familia para cubrir la diferencia cuando sus recursos corrientes resultan insuficientes.
El caso de la compra de $559.095 que puede terminar transformándose en $1.038.128 lo resume con crudeza: la diferencia supera los $479.000.
Durante décadas, el precio de la comida fue uno de los termómetros más directos del poder adquisitivo argentino. La novedad es que para una parte de la población ese termómetro ahora tiene dos números: el precio de la góndola y el precio de llegar a fin de mes financiándolo.


























