Melina Schweizer
La conducción del gremio estatal se reúne este lunes para resolver una huelga durante la primera semana de agosto. Denuncia que los aumentos salariales volvieron a quedar por debajo de la inflación, que el poder adquisitivo cayó un 44% desde diciembre de 2023 y que el Gobierno avanza con nuevos despidos, cierres de organismos y la flexibilización de la Ley de Tierras.
La Asociación Trabajadores del Estado reúne este lunes a su conducción nacional para definir un nuevo paro de estatales durante la primera semana de agosto, en rechazo al deterioro salarial, los despidos y el desmantelamiento de organismos y empresas públicas impulsado por el gobierno de Javier Milei.
El plenario fue convocado para las 11 en el Hotel Quagliaro, perteneciente al sindicato, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los dirigentes de ATE debatirán la fecha, el alcance y la modalidad de una nueva medida de fuerza que podría afectar dependencias nacionales en todo el país.
La reunión se desarrolla en un contexto de creciente conflictividad sindical. ATE ya confirmó que participará el 7 de agosto de la tradicional movilización de San Cayetano bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, junto con las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones sociales. Sin embargo, el sindicato aclaró que el eventual paro nacional sería una medida propia y podría realizarse por separado.
“En el sector público no se soporta más ajuste”
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la situación de los trabajadores estatales llegó a un límite y cuestionó el rumbo económico del Gobierno.
“En el sector público no se soporta más ajuste. En este momento, más de la mitad de los salarios se destinan a cubrir el costo de las tarifas de servicios y de los alquileres”, afirmó.
El gremio denuncia que los incrementos salariales otorgados a la Administración Pública Nacional acumularon un 12,9% durante el primer semestre de 2026, frente a una inflación del 16,9% en el mismo período. Según sus cálculos, desde la llegada de Milei a la Casa Rosada los trabajadores estatales perdieron alrededor del 44% de su poder adquisitivo.
ATE responsabiliza al Gobierno por imponer aumentos por debajo de la inflación y también apunta contra la conducción de UPCN, el sindicato que suele firmar los acuerdos paritarios con el Ejecutivo.
“En los últimos dos años y medio el poder adquisitivo de los estatales ha sido destruido con el aval de UPCN. Tenemos que romper ese pacto para la entrega de todos nuestros derechos y la única manera de poder hacerlo es con huelga y movilización”, sostuvo Aguiar.
El sindicato ya había resuelto en mayo convocar a un paro nacional en los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal— para la fecha en que el Gobierno abriera una nueva negociación paritaria. En aquella oportunidad, ATE aseguró que el 80% de sus afiliados en distintos organismos y jurisdicciones se encontraba por debajo de la línea de pobreza.
Despidos y organismos bajo amenaza
Otro de los puntos centrales del plenario será la continuidad de los despidos y los intentos de cierre, fusión o vaciamiento de dependencias estatales.
ATE sostiene que la reducción de personal y presupuesto no afecta solamente a quienes pierden sus empleos, sino también a la prestación de servicios públicos esenciales. El gremio advierte que las cesantías, la falta de reemplazos y la paralización de áreas técnicas ya provocan demoras y deterioro en distintos organismos.
“Continúan los despidos y el desmantelamiento de distintos organismos y empresas del Estado. Esto repercute de manera absolutamente negativa en toda la sociedad”, afirmó Aguiar.
El dirigente agregó que los trabajadores deben “ponerle límites al Gobierno” e impedir que avance con lo que calificó como un “plan de destrucción” del Estado.
Desde el inicio de la gestión libertaria, ATE realizó paros, ocupaciones, movilizaciones y protestas contra los despidos y la eliminación de áreas públicas. La conducción considera ahora que las medidas parciales no alcanzaron para detener el ajuste y plantea profundizar el plan de lucha.
El rechazo a la flexibilización de la Ley de Tierras
La discusión también incluirá el proyecto oficial que busca reducir o eliminar restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
ATE alertó que la iniciativa podría facilitar la adquisición de grandes extensiones en zonas estratégicas, fronterizas o con recursos naturales. El sindicato relacionó ese debate con los planes del Gobierno para vender inmuebles estatales y terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
Uno de los casos mencionados es el de tierras militares en Ushuaia, donde el gremio teme que una eventual venta termine favoreciendo intereses privados o extranjeros en una región de importancia geopolítica por su cercanía con la Antártida y el Atlántico Sur.
La Ley 26.737 establece actualmente límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. El proyecto impulsado por la Casa Rosada pretende flexibilizar ese régimen bajo el argumento de atraer inversiones, una explicación rechazada por ATE y otras organizaciones que advierten sobre la pérdida de soberanía territorial.
Una semana de protestas contra el Gobierno
La fecha del eventual paro todavía debe ser resuelta por el plenario. La primera semana de agosto aparece marcada por distintas convocatorias contra la política económica de Milei.
El 7 de agosto, ATE participará en la marcha de San Cayetano, que partirá desde Liniers y confluirá con organizaciones sindicales, sociales y religiosas. La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores ya confirmaron su adhesión y convocaron a ampliar la protesta a estatales, docentes, trabajadores de la salud, jubilados, intendentes y fuerzas políticas.
La movilización reclamará trabajo, alimentos, salarios y continuidad de las políticas sociales, luego del cierre del programa Volver al Trabajo. ATE y la UTEP ya habían realizado acciones conjuntas el 22 de julio y acordaron volver a marchar en San Cayetano.
La decisión de este lunes determinará si esa protesta será acompañada por una huelga nacional de estatales o si el sindicato elegirá otra fecha para profundizar el conflicto.
ATE busca convertir el malestar salarial, los despidos y la defensa de los recursos públicos en una nueva medida de alcance nacional. La definición quedará en manos del plenario, pero Aguiar anticipó el rumbo: para el gremio, la etapa de reclamos aislados terminó y la respuesta al ajuste deberá darse nuevamente con paro y movilización.
