Un dibujante de 37 años, trabajador de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, fue detenido el miércoles pasado acusado de “intimidación pública” por sus publicaciones en redes sociales. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció el operativo con pompa y circunstancia: fotos de armas, máscaras antigás y botellas que, según la versión oficial, serían “útiles para fabricar cócteles molotov”. Lo que no se dice es que esas armas son réplicas de colección de la Segunda Guerra Mundial, que las botellas están vacías y que la soga podría encontrarse en cualquier casa. En el medio, un debate que cruza la libertad de expresión, el rol de la inteligencia policial y la reactivación de prácticas que parecían enterradas hace 50 años.
BUENOS AIRES, 27 de febrero de 2026 – El miércoles pasado, Nico M., dibujante y trabajador de la Universidad de Tres de Febrero, recibió la visita de personal del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO). No era una charla informal. Era un allanamiento ordenado en el marco de una investigación que, según el Ministerio de Seguridad, llevaba meses siguiendo sus pasos. El resultado: Nico fue detenido y trasladado a una dependencia del DICCO, donde permanece alojado desde entonces .
La noticia, lejos de pasar desapercibida, fue anunciada por la propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con un mensaje de WhatsApp a periodistas. El título: «Amenazas a Patricia Bullrich: detuvimos a un simpatizante de la Organización Antifa». Acompañaban el texto una serie de fotos de los objetos secuestrados en el allanamiento: un arma larga, cinco pistolas, un cinturón con balas, máscaras antigás, cascos «de uso militar», un rollo de soga y varias botellas de cerveza vacías .

LOS OBJETOS DEL DEBATE (Y LO QUE NO SE DICE)
Las imágenes, en principio, son llamativas. Pero lo que no se aclara en los comunicados oficiales es que esas armas son réplicas de colección, objetos vinculados a la Segunda Guerra Mundial que Nico guardaba como parte de su interés histórico. Tampoco se menciona que las botellas de cerveza, artesanales, están vacías, y que la soga podría formar parte de cualquier hogar.
El Ministerio de Seguridad, sin embargo, construyó un relato: esos elementos serían «útiles para la fabricación de cócteles molotov». La soga, por su parte, no se sabe bien qué función cumpliría en la hipotética elaboración de explosivos caseros, pero en la foto junto a las botellas, suma para la narrativa del «sujeto peligroso».
La abogada Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados que representa a Nico, es contundente: «La ilegalidad es tal en todo el procedimiento y en el montaje armado para mostrar un sujeto peligroso que incluso en Infobae se escribió, siguiendo el listado de elementos allanados, que habían encontrado combustible, sin aclarar que se trataba de combustible para encendedores» .

LA ACUSACIÓN: INTIMIDACIÓN PÚBLICA POR PUBLICACIONES EN INSTAGRAM
Nico está acusado de «intimidación pública», una figura penal que, según el Código Penal, consiste en «infundir temor público, provocar tumultos o desórdenes utilizando medios materiales idóneos (como amenazas de bomba o falsas alarmas) para causar caos» .
El hecho concreto que se le imputa es la publicación en su cuenta de Instagram de dibujos y viñetas satirizando a la exministra Patricia Bullrich y a la Policía Federal. Según la denuncia, esas publicaciones constituirían amenazas. La abogada Taffetani lo explica sin vueltas: «¿Una publicación de Instagram tiene el poder de causar caos? La respuesta parece evidente» .
EL PRECEDENTE: LA CONSTRUCCIÓN DE UN «SUJETO PELIGROSO»
Detrás de la detención de Nico hay una investigación que, según el Ministerio de Seguridad, comenzó en mayo de 2025. El DICCO habría iniciado «tareas de investigación y análisis de datos en prevención de ilícitos contra figuras del Estado Nacional» a partir de los dibujos que Nico publicaba en redes.
En el comunicado oficial, se destaca que Nico «acompaña las marchas de jubilados y jubiladas los miércoles». Ese dato, lejos de ser neutral, forma parte de la construcción del perfil: un activista, un manifestante, un potencial «enemigo interno».
También se menciona la incautación de «múltiples banderas con inscripciones antifascistas, banderas correspondientes a ‘Antifa’ (movimiento descentralizado de extrema izquierda y declarado como organización terrorista por Donald Trump), doce pines ilustrados con amenazas contra el Presidente de la Nación Javier Milei y otros funcionarios del Estado nacional y banderas de Palestina» .
Un vecino de Nico, que presenció el allanamiento, aporta un dato inquietante: «Yo fui testigo de cómo filmaban dos veces la detención, o sea la salida de la casa con el pibe esposado entre dos policías. Y lo hicieron dos veces porque parece que el perfil de uno de los policías no daba bien» .
EL CONTEXTO: 50 AÑOS DEL GOLPE Y EL DEBATE SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El caso de Nico M. se produce a menos de un mes del 50 aniversario del último golpe de Estado en Argentina. En las redes sociales, la amenaza más repetida contra periodistas, feministas, activistas y militantes es la imagen de un Falcon verde, símbolo de la dictadura cívico-militar.
Mientras tanto, el gobierno libertario de Javier Milei dice privilegiar la libertad de expresión por sobre la libertad de prensa. Pero en los hechos, esa libertad parece tener límites claros: no aplica para quienes dibujan, para quienes marchan con jubilados, para quienes se declaran antifascistas.
La abogada Taffetani lo resume así: «Con el avance de las investigaciones, se determinó que el responsable de las publicaciones operaría oculto de la justicia desde un domicilio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo». En un contexto donde la protesta está constantemente amenazada por la represión desmedida, estar en la propia casa pasa a ser presentado como «operar oculto de la Justicia» .
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Nico M. sigue detenido. Los medios afines al gobierno reproducen la versión oficial como un gran logro investigativo, sin mencionar que las armas son réplicas, que las botellas están vacías y que los «pines con amenazas» son, en realidad, caricaturas.
El juzgado, por ahora, sostiene la acusación de intimidación pública. La defensa insiste en que se trata de un montaje y advierte sobre un avance represivo contra la libertad de expresión.
Mientras tanto, el gobierno de Milei, que llegó al poder con un discurso de «libertad», parece estar definiendo los límites de esa libertad de manera muy precisa: todo lo que critique al poder, todo lo que se organice en las calles, todo lo que se declare antifascista, está en la mira.
Y Nico, un dibujante de 37 años, es el primer nombre propio de una lista que, temen los abogados, podría ser mucho más larga.



























