Melina Schweizer
A más de 45 días de movilizaciones, colectivos de mujeres, organizaciones indígenas y movimientos sociales difundieron una carta pública en la que denuncian detenciones arbitrarias, violencia institucional y restricciones a la protesta. El documento reclama la presencia urgente de observadores internacionales de derechos humanos.
En Bolivia, la crisis política y social continúa profundizándose. Esta semana, las organizaciones Warmis Trabajando y Luchando y Feminismo Comunitario Antipatriarcal hicieron pública una carta dirigida a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, movimientos sociales, organizaciones feministas y espacios de observación internacional, en la que solicitan el envío urgente de observadores para monitorear la situación que atraviesa el país.
El documento, fechado el 9 de junio de 2026 en La Paz, sostiene que las movilizaciones sociales llevan más de 45 días de desarrollo y que las protestas surgieron en respuesta a la crisis económica y a medidas adoptadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Las organizaciones firmantes denuncian que la respuesta estatal habría incluido acciones represivas contra manifestantes y bloqueos, con un saldo que describen como más de cinco personas fallecidas, decenas de heridas y cientos de detenidas y judicializadas. También afirman que existirían casos de violencia institucional, torturas, detenciones arbitrarias y persecución contra dirigentes sociales.
Una denuncia que excede las calles
La carta no se limita a cuestionar los operativos de seguridad. Las organizaciones sostienen que existe un proceso más amplio de criminalización de la protesta social.
Entre los sectores mencionados aparecen integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y organizaciones vecinales, cuyos dirigentes —según denuncian— habrían sido objeto de órdenes de detención, judicialización y encarcelamiento.
El texto plantea que las garantías mínimas vinculadas al derecho a la protesta, la libertad de expresión, la movilización y el derecho a la vida estarían siendo vulneradas en distintos puntos del país.
Mujeres indígenas y trabajadoras en el centro de la denuncia
Uno de los aspectos más significativos del documento es la voz desde la cual se construye la denuncia.
Las firmantes se presentan como mujeres trabajadoras, indígenas, aymaras, obreras, universitarias, lesbianas y feministas, y sostienen que también han sido víctimas de amedrentamientos, amenazas, persecución política y restricciones a la libre expresión.
La carta menciona particularmente la situación de mujeres constructoras que, según afirman, habrían sido detenidas mientras transportaban herramientas de trabajo.
Más allá de los hechos puntuales denunciados, el texto describe un clima social atravesado por el miedo, la incertidumbre y la polarización política.
La polémica por la Ley 1740
Las organizaciones cuestionan especialmente la Ley 1740, aprobada el 8 de mayo, que reglamenta el estado de excepción en Bolivia.
Según las firmantes, esta normativa ampliaría las facultades represivas del Estado y podría facilitar mayores restricciones a las libertades civiles y a la protesta social.
Desde esa lectura, la solicitud de observación internacional aparece como una medida de protección frente a lo que consideran una escalada de violencia institucional.
Un llamado al mundo
El tramo final de la carta adquiere el tono de un pedido urgente.
Las organizaciones solicitan la presencia de observadores internacionales de derechos humanos, organizaciones sociales y movimientos feministas que puedan acompañar la situación sobre el terreno y monitorear posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
La petición se apoya en una idea sencilla pero contundente: cuando las instituciones nacionales dejan de generar confianza, la mirada internacional puede transformarse en una herramienta de protección.
En una región donde las tensiones políticas suelen medirse en términos electorales o partidarios, el documento vuelve a colocar en el centro una pregunta más elemental: qué ocurre con los derechos humanos cuando la conflictividad social se vuelve permanente y la respuesta estatal es percibida por sectores de la sociedad como una amenaza antes que como una garantía.
Por ahora, la carta ya comenzó a circular entre organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Bolivia. La respuesta que obtenga será una señal importante sobre el nivel de atención internacional que logre alcanzar una crisis que, según denuncian sus firmantes, continúa agravándose día tras día.
CONCHITA PRETA
GONZALO SCHWEIZER
