Universidades aceptan un aumento del 24%, pero mantienen la batalla judicial contra Milei

Tras dos años de conflicto, el Gobierno acordó una suba salarial del 24,33% en dos tramos para docentes universitarios. Sin embargo, las universidades no retirarán la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vetada por Javier Milei.

Después de dos años de enfrentamientos, marchas multitudinarias, paros nacionales y una inédita judicialización del conflicto universitario, el gobierno de Javier Milei logró cerrar un acuerdo salarial con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El entendimiento contempla una recomposición del 24,33% para los trabajadores universitarios, pero está lejos de representar el final del conflicto.

La negociación se produjo en un contexto de fuerte desgaste político para la Casa Rosada. Desde fines de 2023, docentes, investigadores, no docentes y autoridades universitarias denunciaron una pérdida acumulada cercana al 35% del poder adquisitivo producto de la inflación y la falta de actualización salarial.

El acuerdo firmado este martes entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro «Galleguito» Álvarez, y representantes del sistema universitario establece una actualización escalonada. El primer tramo será del 21,33% a partir de julio, mientras que el 3% restante se incorporará en octubre. La cifra quedó por debajo de las pretensiones originales de las universidades. Los rectores y gremios habían planteado que la recuperación salarial debía acercarse a la pérdida acumulada desde la llegada de Milei al gobierno. Finalmente aceptaron un porcentaje menor para destrabar una negociación que llevaba meses paralizada y que amenazaba con profundizar todavía más la crisis académica y presupuestaria de las casas de estudio.

Sin embargo, la principal noticia no está en el acuerdo salarial sino en aquello que el Gobierno no logró conseguir. Según trascendió durante las negociaciones, la administración libertaria buscó que las universidades desistieran de la demanda presentada ante la Corte Suprema para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei y posteriormente ratificada por una mayoría legislativa que rechazó la decisión presidencial.

La Casa Rosada considera que el cumplimiento pleno de esa ley tendría un impacto fiscal incompatible con el objetivo de superávit que sostiene el ministro de Economía, Luis Caputo. Por eso el Gobierno intentó utilizar la negociación salarial como una vía para cerrar simultáneamente el frente judicial. No lo consiguió. Las universidades aceptaron el incremento, pero mantuvieron intacta la demanda ante el máximo tribunal. El motivo es simple: consideran que el acuerdo salarial resuelve apenas una parte del problema y no reemplaza la obligación legal del Estado de cumplir una ley aprobada por el Congreso.

«La firma de un acuerdo no implica resignar el reclamo por el cumplimiento efectivo y completo de la Ley de Financiamiento Universitario ni por la recuperación integral del salario perdido», señalaron desde la Federación de Docentes de las Universidades mediante un comunicado difundido tras la firma. Esa frase sintetiza la posición del sistema universitario. Para los rectores y gremios, el aumento acordado constituye una mejora parcial pero no compensa la pérdida salarial acumulada durante los últimos años ni resuelve el problema estructural del financiamiento universitario.

Por eso la atención ahora se traslada a la Corte Suprema. Si el máximo tribunal falla a favor de las universidades, el Gobierno podría verse obligado a aplicar la ley que intentó bloquear mediante el veto presidencial. Eso implicaría una recomposición presupuestaria y salarial considerablemente superior a la acordada esta semana.

Dentro del ámbito universitario existe además una percepción extendida de que la Casa Rosada aceptó negociar porque confía en que la Corte demorará una definición durante varios meses o incluso años. Esa hipótesis circula desde hace tiempo entre rectores y dirigentes gremiales. La sospecha es que el Ejecutivo busca ganar tiempo, reducir el nivel de conflictividad en los campus y evitar nuevas movilizaciones masivas mientras la cuestión judicial sigue pendiente. No sería un dato menor.

Las universidades protagonizaron algunas de las protestas más importantes contra el gobierno de Milei desde su llegada al poder. Las marchas federales realizadas en 2024, 2025 y 2026 reunieron a cientos de miles de personas y lograron instalar el financiamiento universitario como uno de los temas de mayor sensibilidad social.

Además, el conflicto dejó de limitarse a una discusión presupuestaria. Las universidades denuncian dificultades crecientes para sostener:

• salarios docentes,
• programas de investigación,
• becas estudiantiles,
• infraestructura,
• equipamiento científico,
• y funcionamiento básico de facultades y laboratorios.

Por eso el acuerdo firmado esta semana aparece más como una tregua que como una solución definitiva.

Los docentes obtuvieron una recomposición salarial importante después de dos años de deterioro, pero todavía insuficiente para recuperar lo perdido frente a la inflación.

El Gobierno logró reducir momentáneamente la presión política de uno de los sectores más movilizados del país, aunque no consiguió cerrar el frente judicial.

Y la Corte Suprema quedó ahora en el centro de una disputa que puede redefinir no sólo el financiamiento universitario, sino también los límites del poder presidencial frente a leyes aprobadas por el Congreso. La batalla salarial encontró un punto de equilibrio transitorio, sin embargo, la batalla política y judicial, en cambio, recién empieza.