Mientras el 50% más pobre destina alrededor del 36% de sus ingresos al pago de impuestos, el 10% más rico tributa apenas el 26%. Con rebajas en Bienes Personales, beneficios para grandes patrimonios y nuevos blanqueos, la Argentina de Milei consolida un sistema donde la factura siempre termina llegando al mismo domicilio.
Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el 50% más pobre de los argentinos destina cerca del 36% de sus ingresos al pago de impuestos, mientras el 10% más rico tributa alrededor del 26%. En paralelo, la gestión Milei redujo el peso de Bienes Personales en la recaudación y multiplicó beneficios fiscales para grandes patrimonios, exportadores e inversores.
Existe una mentira elegante que atraviesa décadas de discusión económica argentina. Consiste en repetir que bajar impuestos es siempre una buena noticia para todos. Suena moderno. Suena eficiente. Suena a libertad. El problema aparece cuando uno abre las planillas y descubre que los beneficiados suelen tener estudios jurídicos en Puerto Madero, mientras los que terminan compensando la pérdida de recaudación hacen fila en la caja del supermercado.
Los datos que difundió el Instituto Argentina Grande (IAG) son incómodos porque rompen una de las ficciones favoritas del oficialismo. Mientras el Gobierno promociona blanqueos, rebajas tributarias y beneficios para los sectores de mayores ingresos, el 50% más pobre del país soporta una presión tributaria cercana al 36% de sus ingresos. En cambio, el 10% más rico tributa alrededor del 26%. Traducido al castellano: la familia que calcula si compra un litro más de leche o espera hasta la semana siguiente termina aportando proporcionalmente más que quienes acumulan patrimonios millonarios.
La situación no es producto de una casualidad ni de una falla del sistema. Es precisamente el resultado del sistema. El mismo informe señala que el peso de Bienes Personales dentro de la recaudación cayó desde el 7,2% en 2023 hasta apenas el 1,5% durante la gestión libertaria. Hablamos del impuesto que grava a los sectores de mayor patrimonio. Mientras tanto, el IVA sigue ganando protagonismo dentro de los ingresos del Estado. Es decir: menos impuestos sobre la riqueza acumulada y más dependencia de los impuestos que pagan todos cuando consumen.
La belleza del mecanismo radica en su brutal sinceridad. Ya no existe siquiera el esfuerzo por disimular la regresividad. Durante años al menos se intentaba sostener la fantasía de que quienes más tenían hacían un aporte diferencial. Ahora directamente se construye un esquema donde la riqueza recibe alivios y el consumo financia la fiesta. El multimillonario entra al blanqueo. El trabajador entra al supermercado. El primero recibe beneficios fiscales. El segundo recibe el ticket con IVA incluido.
El IAG advierte además que la recaudación depende cada vez más de impuestos indirectos en un contexto donde la actividad económica, el empleo y el consumo siguen golpeados. La consecuencia es bastante previsible: cuando el Estado deja de cobrarle a quienes concentran patrimonio, necesita compensar por otro lado. Y ese «otro lado» suele ser el mismo de siempre. Salarios. Consumo. Combustibles. Pequeños contribuyentes. Monotributistas. Jubilados.
Como si fuera poco, el debate coincide con las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional. Según el análisis realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), el organismo impulsa una reforma tributaria orientada a ampliar la recaudación sobre Ganancias para trabajadores formales, monotributo, combustibles e impuestos al consumo. Es decir, la vieja receta actualizada: menos presión para los grandes patrimonios y más esfuerzo para quienes viven de un sueldo.
El dato más obsceno aparece cuando se observa la distribución de la riqueza. De acuerdo con los estudios citados por el IPYPP y la Plataforma Tributaria Latinoamericana y del Caribe, el 10% más rico concentra el 60% de la riqueza mientras el 50% inferior apenas accede a una fracción mínima del patrimonio nacional. Sin embargo, el sistema tributario sigue descansando cada vez más sobre impuestos que paga cualquiera que compre un paquete de arroz o cargue combustible.
La promesa era terminar con los privilegios.
La realidad parece haber elegido otro camino.
Los que guardaron millones sin declarar reciben una segunda oportunidad.
Los que nunca tuvieron millones siguen financiando el Estado cada vez que pasan por la caja.
Y mientras desde los despachos oficiales explican que el sacrificio es compartido, las estadísticas muestran algo bastante menos romántico: en la Argentina libertaria el ajuste no desapareció.
Simplemente cambió de destinatario.
Porque al final de toda discusión tributaria hay una pregunta que define cualquier modelo económico: quién paga la cuenta.
Y los números empiezan a mostrar que, una vez más, la cuenta llegó a la mesa equivocada.


























