Rodolfo Gudino
La Libertad Avanza salió con un comunicado a responder a los miles de estudiantes, docentes y rectores que se movilizaron en todo el país. Dice que la ley de financiamiento está «suspendida» porque el Congreso no puso la plata. Advierte que cumplirla sería «romper el equilibrio fiscal» y traería «más inflación y más pobreza». No dice que los salarios docentes perdieron más del 30% de su valor, ni que el presupuesto universitario cayó un 41% desde 2023.
El comunicado: más humo que soluciones
El Gobierno salió con los tapones de punta. En lugar de sentarse a dialogar con los rectores, los docentes y los estudiantes que llenaron las calles de todo el país, La Libertad Avanza emitió un comunicado donde califica a la cuarta Marcha Federal Universitaria como «opositora».
Sí, leyó bien. Los miles de personas que se movilizaron por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por la recomposición salarial no son ciudadanos ejerciendo su derecho a protestar. Son «opositores». Una categoría política, no social.
La comparación tramposa
El gobierno dice que «cumplió con sus obligaciones» y que transfirió «mensualmente el presupuesto asignado». La frase es cierta, pero engañosa. Porque el «presupuesto asignado» por este gobierno es mucho menor que el que las universidades necesitan. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) lo documentó: el presupuesto universitario cayó un 32,5% en términos reales entre 2023 y 2025, y proyectado a fin de año la caída alcanza el 41,6%.
El gobierno, entonces, presume de pagar a tiempo un presupuesto recortado. Es como si un empleador le pagara el sueldo a tiempo, pero cada vez le pagara menos.
La excusa de la ley
El comunicado oficial también intenta desactivar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada dos veces por el Congreso y vetada otras dos veces por el Presidente. Según el gobierno, la ley «nació suspendida» porque el Congreso no determinó las fuentes de financiamiento.
El argumento es falaz. La ley establecía que el financiamiento debía provenir de partidas del Presupuesto Nacional. El gobierno, simplemente, decidió no incluirlas. No es que no hubiera fuentes. Es que el Poder Ejecutivo no quiso asignarles prioridad.
Además, el gobierno advierte que cumplir la ley implicaría un gasto de 1,9 billones de pesos, lo que rompería el equilibrio fiscal y traería «más inflación y más pobreza». Es la misma cantinela de siempre: no hay plata. Pero la plata apareció para los sobreprecios de Nucleoeléctrica, para los viajes del «genio» Demian Reidel, para las sombrillas en Valencia y para las reformas millonarias en efectivo que el jefe de Gabinete pagó sin factura.
El ajuste que no cesa
Mientras el gobierno se jacta de pagar a tiempo un presupuesto menguante, los números del sector educativo son demoledores:
- El Plan Nacional de Alfabetización perdió 35.288 millones de pesos horas antes de la marcha.
- El Fondo de Compensación Salarial Docente fue eliminado (8.929 millones de pesos menos).
- Las becas estudiantiles perdieron más de 559 millones de pesos.
- EDUC.AR S.A. sufrió una reducción de transferencias por 48.000 millones de pesos.
- Trece universidades se quedaron con obras de infraestructura suspendidas por un recorte de 5.303 millones de pesos.
Según la Asociación Civil Justicia Distributiva, el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva está 25% por debajo del nivel de 2023. El CIN estimó que los salarios docentes cayeron un 32% y que alrededor de 10.000 docentes renunciaron. En Ciencias Exactas de la UBA, renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre de 2023.
La hipocresía de fondo
El gobierno le echa la culpa al Congreso por no financiar la ley, pero fue el propio Poder Ejecutivo el que vetó la ley dos veces. Le echa la culpa a la gestión anterior por los atrasos en los pagos, pero mientras el kirchnerismo pagaba tarde, este gobierno paga menos. No es un avance. Es un retroceso disfrazado.
El gobierno califica a la marcha universitaria de «opositora». Como si reclamar por el derecho a la educación fuera un acto de militancia y no de supervivencia. Los miles de personas que se movilizaron no son «opositores». Son estudiantes que no quieren ver sus aulas vacías. Son docentes que no llegan a fin de mes. Son rectores que no pueden pagar la luz.
El gobierno dice que no hay plata. Pero la plata apareció para los sobreprecios de Nucleoeléctrica, para los viajes de los «genios» libertarios, para las sombrillas en Valencia, para los free shops y las peluquerías en Madrid, y para las reformas en efectivo del jefe de Gabinete en su country de lujo.
Para la educación, en cambio, siempre falta. Es abstracta. Como la ley.
Melina Schweizer
