Rodolfo Gudino
Miles de personas se movilizaron en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. Los salarios docentes están en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia y las transferencias cayeron un 45,6%. El Gobierno respondió con un comunicado: la marcha fue «opositora», la única ley que van a cumplir es la de Presupuesto, y aplicar la ley de financiamiento costaría el 90,3% del gasto primario del Estado. Un número tan absurdo como falso.
La cuarta Marcha Federal Universitaria fue masiva. Las calles se llenaron. Las plazas también. No hace falta ponerse de acuerdo en la cifra exacta: bastaba con mirar las columnas que no terminaban, los carteles que tapaban el sol, los gritos que retumbaban en la Avenida de Mayo.
Detrás de esa marea humana hay números concretos que duelen y no se discuten. El documento leído por la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue lapidario. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Los salarios universitarios están en su nivel más bajo de los últimos 23 años y desde el retorno de la democracia. Son los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. El poder adquisitivo de las partidas de funcionamiento no superó el 64% del valor de enero de 2023. La pérdida equivale a casi nueve meses de transferencias.
Los testimonios de los que fueron a la marcha, recogidos por LA NACION, no necesitan estadísticas para conmover. Susana Aguirre, de 59 años, llevaba un cartel con la foto de su hijo recibido en la UBA: «Mi abuelo era analfabeto. Yo estudié el secundario. Él es la primera persona en el grupo familiar que se recibe profesionalmente. No podría haber estudiado de otra manera, sin universidad pública. Da bronca que esté desfinanciándose para que no haya profesionales de todas las clases sociales».
Luna Álvarez, de 18 años, estudiante de Psicología, levantó un cartel que se volvió viral: «Estudiá, no seas como Adorni. Más salarios, menos cascadas». Gabriela, médica jubilada formada en el Hospital Clínicas de la UBA, vino a defender «el derecho a la salud» y soltó una frase que debería estar tatuada en la entrada del Ministerio de Capital Humano: «Que aprendan a utilizar los recursos. Que no se los gasten en lo que ellos quieran».
Ana Clara Gómez, graduada en la UBA, contó que su hija estudia en Ciencias Químicas. «Exactas está cerrada. En Ciencias Químicas se fueron muchos profesores. Vinimos para garantizarles que puedan estudiar, tener una profesión y vivir de eso en un futuro, como lo hicimos nosotros». Gabriel Santi, otro manifestante, fue al hueso: «Sin Estado no somos nada. ¿Qué somos? ¿Inquilinos de nuestro propio país?».
Mientras la plaza explotaba, el oficialismo se refugiaba en el comunicado de prensa. Calificó la marcha de «opositora». La ministra Sandra Pettovello y el subsecretario Alejandro Álvarez aseguraron que la única ley que van a cumplir es la de Presupuesto. Y lanzaron un dato que merece análisis: según un informe del Ministerio de Economía, cumplir la Ley de Financiamiento Universitario requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
El número es tan absurdo como falso. El presupuesto universitario representa una fracción ínfima del gasto público total. Lo que el gobierno está diciendo, en criollo, es: «No queremos cumplir la ley y vamos a inventar una excusa matemática para justificarlo». El gobierno también lleva cinco meses sin distribuir los 80 mil millones de pesos para los hospitales universitarios previstos en esa misma ley. Y la partida asignada a las universidades es la mitad de lo que pedían los rectores.
Mientras tanto, la universidad pública se desangra. En la Facultad de Ciencias Químicas de la UBA se fueron muchos profesores. En Exactas está cerrada. En el Conicet los investigadores se van al exterior. Los salarios docentes perdieron más del 30% de su valor desde diciembre de 2023.
La marcha fue masiva. Las calles se llenaron. Los testimonios de los que fueron no dejan lugar a dudas: la universidad pública es, para millones de argentinos, la única escalera para salir del fondo del pozo. El gobierno responde con un comunicado, una calculadora trucha y desprecio institucional. Los rectores, mientras tanto, negocian migajas. Las burocracias sindicales, también.
La pregunta incómoda, la que nadie quiere hacer en voz alta, es esta: si la educación pública se cae a pedazos, si los docentes se van, si los estudiantes no pueden pagar el boleto, si los hospitales universitarios no reciben los fondos de la ley, ¿quién va a pagar los platos rotos?
La respuesta, como siempre, la van a pagar los mismos de siempre.
Melina Schweizer
