Jorge R. Schweizer
El Ministerio de Seguridad oficializó la Resolución 439/2026, que prorroga por 24 meses la emergencia en el Servicio Penitenciario Federal. La población carcelaria asciende a 12.248 internos, un 6% por encima de la capacidad operativa máxima de 10.932 plazas. Adicionalmente, 5.073 personas detenidas aguardan una vacante para ser trasladadas a unidades federales. Casi la mitad de los reclusos están vinculados a causas de la Justicia Penal Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo traspaso al ámbito porteño continúa demorado.
El Poder Ejecutivo nacional oficializó este jueves, mediante la Resolución 439/2026 del Ministerio de Seguridad, la prórroga de la emergencia del sistema penitenciario federal por un período de dos años. La medida, publicada en el Boletín Oficial, refleja la situación crítica de saturación que atraviesan las unidades carcelarias del país.
Según los datos oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la población actual de internos asciende a 12.248 personas. Esta cifra supera en un 6% la capacidad operativa máxima de las unidades, fijada en 10.932 plazas. El excedente de 1.316 internos evidencia el desborde del sistema.
La presión sobre el sistema
El informe que acompaña la resolución detalla que entre fines de 2023 y marzo de 2026 ingresaron más de 15.000 nuevos detenidos al sistema penitenciario federal. Sin embargo, el dato más preocupante es la demanda contenida: actualmente, 5.073 personas bajo arresto aguardan una vacante para poder ser trasladadas a unidades de detención federales.
La composición de la población carcelaria muestra que el 61,83% de los internos (7.576 personas) cuentan con condena firme, mientras que el 38,17% restante (4.672 personas) permanecen bajo proceso judicial sin sentencia definitiva.
El problema del traspaso de competencias
Un punto central que el Gobierno nacional señaló como causa del colapso es el retraso en el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad, el SPF debe custodiar a 5.983 detenidos vinculados a causas ordinarias porteñas, lo que representa casi la mitad (48,8%) del total de la población alojada en las cárceles federales.
Este dato es relevante porque, en virtud de la transferencia de competencias prevista en la Ley 24.588 y sus modificatorias, los detenidos por delitos comunes cometidos en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires deberían estar bajo la órbita del sistema penitenciario porteño, no del federal. La demora en la concreción de esta transferencia sobrecarga al SPF con una población que no le corresponde.
Perspectivas
La prórroga de la emergencia penitenciaria federal por dos años implica que el Gobierno nacional reconoce la imposibilidad de resolver en el corto plazo la crisis de infraestructura carcelaria. La construcción de nuevas unidades de detención requeriría inversiones millonarias y plazos de ejecución que exceden el período de gestión actual.
El dato de los 5.073 detenidos en lista de espera es particularmente grave. Estas personas se encuentran privadas de su libertad en comisarías o dependencias policiales, sin las condiciones de alojamiento adecuadas para una población de detenidos. La falta de vacantes en el sistema federal prolonga situaciones de hacinamiento en instalaciones no diseñadas para ese fin.
La resolución extiende hasta mayo de 2028 la vigencia de la emergencia declarada originalmente en gestiones anteriores. El Ministerio de Seguridad deberá presentar informes periódicos sobre la evolución de la población carcelaria y las medidas adoptadas para reducir la sobrepoblación.
Melina Schweizer
REDACCIÓN
