Melina Schweizer
Federico Sturzenegger prepara una reforma para desregular el mercado inmobiliario y eliminar restricciones históricas sobre corredores y comisiones. Detrás de la ofensiva aparece Jorge Amoreo Casotti, un empresario proptech cercano al universo libertario y vinculado a los Benegas Lynch. El proyecto ya desató una guerra interna en el sector: colegios profesionales denuncian precarización, informalidad y concentración del negocio.
La desregulación permanente ya no se limita al Estado, al trabajo o a la economía. Ahora el gobierno de Javier Milei decidió avanzar sobre otro territorio sensible: el mercado inmobiliario argentino. Y detrás de esa ofensiva aparece una figura que hasta hace poco circulaba apenas en foros especializados del negocio proptech y el universo libertario más radicalizado.
Su nombre es Jorge Amoreo Casotti.
Y hoy es señalado dentro del sector como el principal impulsor civil de una reforma que busca romper el esquema histórico de colegios profesionales, matrículas obligatorias y regulación estatal sobre la intermediación inmobiliaria.
La discusión ya provocó una grieta feroz dentro del negocio inmobiliario argentino. De un lado aparecen corredores tradicionales, colegios profesionales y sectores históricos de la actividad que denuncian un intento de precarizar el mercado y destruir mecanismos de control. Del otro, empresarios tecnológicos, sectores libertarios y funcionarios cercanos a Federico Sturzenegger, que sostienen que el sistema actual encarece operaciones, limita competencia y protege privilegios corporativos.
Lo que hasta hace un año parecía una discusión marginal hoy ya tiene fecha política.
Según confirmó Sturzenegger, el Gobierno enviará en junio al Congreso un paquete de desregulación inmobiliaria orientado a flexibilizar el mercado, reducir costos de compraventa y abrir la actividad a nuevos actores.
La señal encendió todas las alarmas en el sector.
Porque no se trata solamente de bajar comisiones.
El proyecto apunta a modificar la estructura misma del negocio inmobiliario argentino.
Casotti, fundador de la startup Pint, aparece como uno de los principales articuladores intelectuales y políticos de esa transformación. Oriundo de La Plata y con fuertes vínculos con el ecosistema libertario, el empresario lleva meses empujando la discusión en fundaciones, cámaras empresariales, despachos legislativos y encuentros privados con funcionarios nacionales.
La escena que terminó de blanquear esa relación ocurrió el 27 de abril durante un evento de Reporte Inmobiliario en la UCA. Después de una exposición de Sturzenegger frente a desarrolladores y empresarios del sector, Casotti tomó el micrófono y realizó la única pregunta del encuentro. No fue espontánea. Según reveló LPO, el intercambio había sido coordinado previamente y funcionó como lanzamiento público de una reforma que el Gobierno ya tenía en carpeta.
El episodio fue leído como una señal clara de alineamiento político.
Y también como una demostración de poder.
Porque Casotti no proviene de las estructuras tradicionales del negocio inmobiliario. No viene de los colegios profesionales ni de las cámaras históricas. Llega desde el universo startup, las plataformas tecnológicas y la narrativa libertaria de destrucción de regulaciones.
En sus redes sociales exhibe cercanía con Alberto Benegas Lynch, uno de los referentes doctrinarios del mileísmo.
Y dentro del sector ya es identificado como uno de los actores más radicalizados en la discusión sobre desregulación total.
La tesis que impulsa es simple pero explosiva.
Sostiene que el corretaje inmobiliario no debería ser considerado una profesión regulada sino un simple servicio de intermediación comercial. Bajo esa lógica, cualquier persona podría operar en el mercado mediante sistemas de certificación flexibles y competencia abierta, sin necesidad de las actuales estructuras colegiadas.
En otras palabras: menos control profesional, menos restricciones territoriales y libertad absoluta para negociar honorarios y operar propiedades.
El Gobierno comparte esa mirada.
Sturzenegger ya cuestionó públicamente el rol de los colegios profesionales y calificó como una “aberración social” la existencia de precios mínimos fijados por esas entidades. Aunque aclaró que no objeta la existencia de colegios en sí mismos, sí rechaza su capacidad de imponer condiciones obligatorias sobre el mercado.
La crítica libertaria apunta al corazón del sistema actual.
Hoy, para operar legalmente como corredor inmobiliario en gran parte del país se requiere matrícula profesional otorgada por colegios habilitados. Además, existen límites jurisdiccionales, regulaciones específicas y parámetros orientativos para honorarios y funcionamiento.
El oficialismo considera que ese modelo restringe competencia y mantiene costos artificialmente altos.
Los críticos de la reforma responden otra cosa.
Que la desregulación puede abrir la puerta a más informalidad, menor control sobre operaciones, concentración empresarial y deterioro de estándares mínimos de responsabilidad profesional.
Y no hablan solamente desde la teoría.
Dentro del sector inmobiliario ya comenzó una reacción muy agresiva contra Casotti y el círculo desregulador. Referentes históricos como Alberto Loyarte y Alejandro Braña incluso publicaron contenidos denunciando una supuesta ofensiva coordinada para destruir el sistema tradicional de intermediación inmobiliaria.
Las acusaciones cruzadas reflejan algo más profundo.
El negocio inmobiliario argentino está atravesando una disputa de poder.
Por un lado aparecen las viejas estructuras corporativas que durante décadas administraron matrículas, cajas profesionales y acceso al mercado. Del otro, una nueva generación de actores tecnológicos y financieros que busca flexibilizar reglas para ampliar participación y acelerar operaciones.
El problema es que detrás del discurso de libertad también hay intereses económicos muy concretos.
Porque cuando se eliminan barreras de entrada y controles profesionales, quienes suelen ganar ventaja son las grandes plataformas, empresas tecnológicas y actores con capacidad de escalar rápidamente en mercados abiertos.
Y eso preocupa incluso dentro del propio sector privado.
Especialmente entre pequeños corredores e inmobiliarias medianas que temen quedar aplastados entre plataformas digitales, desregulación y concentración del negocio.
La discusión además tiene antecedentes judiciales delicados.
Los críticos recuerdan el decreto 2484 de 1991 impulsado durante la gestión de Domingo Cavallo, que intentó avanzar en una desregulación similar y terminó declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
El argumento central fue que las provincias conservan facultades para ejercer poder de policía sobre profesiones y delegar ese control en colegios profesionales.
Eso significa que el Gobierno podría enfrentar nuevos conflictos judiciales si intenta avanzar demasiado rápido.
Pero el oficialismo parece dispuesto a dar la pelea.
Porque la reforma inmobiliaria no aparece aislada.
Forma parte de una lógica política mucho más amplia donde Milei y Sturzenegger buscan desmontar estructuras regulatorias históricas bajo la idea de que cualquier mediación estatal o corporativa constituye una distorsión del mercado.
La pregunta es qué queda después.
Porque la desregulación nunca elimina el poder.
Simplemente cambia quién lo concentra.
Y en el negocio inmobiliario argentino esa batalla recién empieza.
