Melina Schweizer
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES compró acciones por USD 1.426 millones y aumentó fuerte su participación en bancos, energéticas y firmas del Merval. El Estado ya controla hasta el 29,8% de Banco Macro, 25,3% de TGS y 22,5% de Galicia, pese al discurso antiestatista de Milei. En Wall Street hablan de una “exit strategy”: usar el FGS para inflar activos, sostener liquidez y preparar futuras ventas.
Hay algo profundamente irónico —y también bastante brutal— en lo que está ocurriendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. El gobierno de Javier Milei llegó al poder prometiendo achicar el Estado, terminar con la intervención pública en la economía y denunciar cualquier mecanismo de participación estatal como una deformación populista. Pero mientras repite ese discurso, el Ministerio de Economía de Luis Caputo acaba de profundizar una de las estrategias más estatistas de los últimos años: usar el dinero previsional para aumentar la participación del Estado en grandes empresas privadas.
Y no hablamos de movimientos menores. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, el FGS compró acciones por el equivalente a USD 1.426 millones al contado con liquidación, incrementando de manera fuerte su presencia en bancos, energéticas y empresas estratégicas del mercado argentino.
Los números son contundentes. La participación estatal en Grupo Financiero Galicia pasó de 16,8% a 22,5%. En Banco Macro saltó de 28,8% a 29,75%. En YPF escaló desde 1,46% hasta 8% del paquete flotante de mercado. También crecieron las posiciones en Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía, BYMA y otras firmas clave del Merval.
La imagen que devuelve el cuadro es impactante: el mismo gobierno que demoniza la intervención estatal ahora usa el fondo jubilatorio para transformarse en accionista pesado de bancos y energéticas. Y eso abrió una pregunta incómoda incluso dentro del mercado financiero. ¿Qué está haciendo realmente Caputo?. Porque la operación no parece responder solamente a una lógica previsional. En Wall Street ya hablan directamente de una “exit strategy”.
La definición es importante porque muestra cómo se interpreta afuera el movimiento del Gobierno: no como una apuesta ideológica estatista, sino como una herramienta financiera para sostener mercado, generar liquidez y construir una salida rentable para determinados activos argentinos.
Ahí aparece el verdadero núcleo del asunto. Caputo necesita desesperadamente que entren dólares, crédito y financiamiento sin volver a disparar emisión monetaria. Y el FGS aparece como una caja gigantesca disponible para intervenir. La lógica oficial combina varias necesidades al mismo tiempo: sostener la remonetización, darle profundidad al mercado de capitales, impulsar crédito privado y evitar tensiones cambiarias. El problema es que para hacerlo el Gobierno recurre precisamente al instrumento que históricamente el liberalismo criticó como ejemplo de utilización política del ahorro previsional.
La contradicción es tan evidente que ya genera ruido incluso entre empresarios. Porque mientras algunos operadores celebran que el FGS funcione como comprador estructural de acciones argentinas, otros empiezan a inquietarse por el crecimiento de la presencia estatal dentro de compañías privadas. Varias empresas, según trascendió, ya analizan recomprar parte de las acciones en manos de ANSES por miedo a un escenario político futuro donde un eventual regreso del peronismo utilice esas posiciones para recuperar influencia dentro de directorios y decisiones corporativas.
El fantasma de la “estatización” vuelve a recorrer el mercado. Pero esta vez empujado por un gobierno libertario. Y eso vuelve todavía más desconcertante la escena. Porque Milei construyó buena parte de su identidad política denunciando el rol del Estado empresario y cuestionando el manejo kirchnerista del FGS. Sin embargo, hoy el oficialismo utiliza exactamente esa herramienta para intervenir sobre activos estratégicos del mercado financiero argentino.
Incluso el propio crecimiento del fondo despierta dudas. Según datos oficiales, el FGS pasó de 106,1 billones de pesos en diciembre de 2025 a 112,6 billones en marzo de 2026, una suba nominal del 6,1%. Pero el aumento quedó por debajo de la inflación acumulada del período, estimada en torno al 9,4%. Es decir: en términos reales, el fondo perdió valor. Aunque medido en dólares oficiales la situación cambia y el Gobierno exhibe valorización financiera positiva gracias al rally bursátil y la apreciación de activos argentinos. Ahí aparece otra tensión central:¿El FGS está siendo administrado como herramienta previsional o como brazo financiero del plan económico?. Porque las prioridades no son necesariamente las mismas.
Un fondo previsional debería priorizar estabilidad, resguardo de valor y protección de largo plazo para jubilaciones futuras. Pero buena parte de las operaciones actuales parecen responder más a necesidades de mercado y sostenimiento financiero del programa económico libertario. Y eso genera alarma. Especialmente porque el FGS ya representa cerca del 13% del mercado accionario argentino y tiene participaciones relevantes en más de 40 compañías. En algunas empresas, el Estado roza niveles de influencia difíciles de ignorar.
Mientras tanto, en la city ya circulan nuevas especulaciones. Algunos operadores creen que el Gobierno podría utilizar la valorización reciente de acciones para rotar después hacia obligaciones negociables privadas en dólares, buscando rendimientos más altos y menor exposición soberana. Otros hablan directamente de usar el FGS para “darle bid al mercado”. En criollo: convertirse en comprador permanente para sostener precios y evitar derrumbes financieros.
La frase, repetida en mesas bursátiles, sintetiza el cambio completo de lógica. El Estado que supuestamente venía a retirarse termina funcionando como sostén central del mercado. Y eso deja una pregunta incómoda flotando sobre el modelo libertario. Si hasta Milei necesita usar la plata de los jubilados para apuntalar bancos, energéticas y acciones argentinas, entonces quizás el mercado nunca fue tan libre como prometían. O quizás el problema no era la intervención estatal. Sino quién la controlaba.
REDACCIÓN
