Rodolfo Gudino
Una auditoría del Ministerio de Salud detectó que la ANDIS pagó hasta 4.239% por encima del precio de mercado por andadores, sillas de ruedas y prótesis. La investigación judicial ya tiene 35 imputados, entre ellos exfuncionarios kirchneristas y empresarios libertarios. El fiscal los acusa de integrar una asociación ilícita que desangró al Estado mientras los discapacitados esperaban sus prestaciones.
Hay robos chicos y robos grandes. Y después está lo que pasó en la ANDIS. La Agencia Nacional de Discapacidad, ese organismo que el gobierno de Javier Milei terminó desarticulando a fines de 2025 por «irregularidades», era en realidad una máquina de hacer plata a costa de los que menos tienen .
Una auditoría interna del Ministerio de Salud, que salió a la luz esta semana, comparó las facturas de la ANDIS con los precios de mercado y encontró diferencias que harían sonrojar al más pintado de los estafadores. Un andador, por ejemplo, se pagó a un precio que supera en un 4.239% el valor de referencia . No es un error de tipeo. Es cuatro mil doscientos treinta y nueve por ciento de sobreprecio.
El método: una familia, cuatro empresas y la fachada de la legalidad
La investigación, liderada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, destapó un sistema de contrataciones paralelas para prestaciones de alto costo (PACBI) que benefició a un grupo reducido de empresas proveedoras . El mecanismo era sencillo y perverso: una misma familia tenía cuatro empresas que se presentaban a las licitaciones. Así le daban fachada de legalidad a un proceso que ya sabían quién iba a ganar .
Las empresas rotaban en las adjudicaciones. Si una ganaba este mes, la otra ganaba el próximo. Los sobreprecios eran la moneda corriente. Y detrás de todo, una red de conexiones societarias y familiares que distorsionaban cualquier principio de libre competencia .
Los nombres y los montos
Esta semana, a partir del lunes 11 de mayo, comenzaron a desfilar por los tribunales los primeros citados a indagatoria . La lista es extensa y cruzada: incluye a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández y a empresarios que siguen facturando en la era Milei.
El primero en declarar fue Osmar Caballi, un contador que fue director general de la ANDIS por unos meses durante la gestión de Fernández. Caballi es, además, uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, una de las empresas que se adjudicó contratos por alrededor de 7.900 millones de pesos . Un dato no menor: Caballi figura procesado en la causa por «asociación ilícita» .
También declararon esta semana cuatro miembros de la familia Sagués —Mariano, Christian, Vicente y Lucas—, dueños de la ortopedia que lleva su apellido y que fue una de las más beneficiadas por las contrataciones de la ANDIS . La investigación los identifica como parte de un núcleo de proveedores cercanos a la administración del organismo, junto a otras empresas como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma .
La semana pasada ya habían declarado otros 35 imputados, entre ellos Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS ya procesado, y Daniel Garbellini, su segundo al frente del organismo . Spagnuolo fue señalado por la Justicia como uno de los cabecillas de la asociación ilícita .
El negocio de los medicamentos: precios que se duplicaban por arte de magia
Pero el sobreprecio más grosero no estuvo en las sillas de ruedas. Estuvo en los medicamentos. Un informe de la fiscalía reveló que la ANDIS pagaba hasta 11.909.591 pesos por un medicamento que el PAMI y las obras sociales compraban a 6.207.000 pesos . Casi el doble.
El Daratumumab, un medicamento oncológico de alta complejidad, se pagó a casi 6 millones de pesos en la ANDIS, mientras que otras obras sociales lo adquirían a poco más de 2 millones . El fiscal Picardi documentó que, cuando las licitaciones eran abiertas, los precios de los medicamentos rondaban los 16 o 19 millones de pesos. Pero cuando el círculo se cerraba a los mismos proveedores de siempre —Genesis y Profarma—, el precio saltaba a 39 millones y hasta 45 millones de pesos .
La maniobra era tan burda que, cuando allanaron los depósitos de algunas de estas empresas, los encontraron vacíos. Sin medicamentos. Sin insumos. Sin nada que justificara los millones que habían facturado . Eran, lisa y llanamente, cáscaras vacías para darle una pátina de legalidad a una estafa.
El negocio que atravesó dos gobiernos
La causa ANDIS tiene un dato que incomoda a todos, tanto a kirchneristas como a libertarios. La investigación de los fiscales Picardi y Rodríguez, que sumó 29 nuevas indagatorias en marzo de 2026, sostiene que el sistema de compras del organismo fue «un negocio» desde la asunción de Javier Milei hasta que echaron a Spagnuolo en 2025 . Los sobreprecios y las licitaciones amañadas no empezaron con este gobierno: ya venían de la gestión anterior y se profundizaron.
Los fiscales pidieron el embargo de los bienes de los 24 imputados y de 16 compañías . El procesamiento firmado por Casanello en una primera etapa incluyó a Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Arnaudo y Federico Santich . Calvete, según la investigación, era el lobista que manejaba los hilos desde afuera. Un testigo confesó que las empresas recibían órdenes de él sobre cómo cotizar y a qué precio .
La ANDIS fue desarticulada por corrupta. Pero la corrupción no empezó ni terminó con su cierre. Lo que la auditoría del Ministerio de Salud descubrió es un sistema mafioso montado para desangrar al Estado a costa de los discapacitados. Los mismos que esperaban meses por una silla de ruedas, una prótesis o un medicamento para no morirse.
El gobierno de Milei se llena la boca hablando de terminar con la casta. ¿Y quién era la casta? Exfuncionarios kirchneristas, sí. Pero también empresarios que siguen facturando en la era Milei. La casta no tiene partido. La casta es un método.
Mientras tanto, los discapacitados siguen esperando. Las pensiones no contributivas se cortaron, el programa Incluir Salud quedó en la nada, y la gente que más necesita del Estado fue la primera en quedar desamparada. La corrupción se llevó la plata. El ajuste se llevó el resto.
La pregunta es si alguien va a pagar por esto. O si, como siempre, los únicos que pagan son los mismos.
Melina Schweizer
