El poder que no se vota: Thiel, Milei y la tentación de mirar a todos

El fundador de Palantir Technologies pasó por Casa Rosada en medio de cambios en el sistema de inteligencia. Un decreto firmado a fin de año amplía capacidades estatales sobre datos. Entre reuniones reservadas y reformas silenciosas, se abre una discusión incómoda: qué tipo de poder se está construyendo en la Argentina.

Hay encuentros que no necesitan comunicado oficial para ser políticos. La visita de Peter Thiel a Buenos Aires es uno de ellos. No por el protocolo —que fue discreto— sino por lo que representa: uno de los ideólogos más influyentes del poder tecnológico global sentado en la mesa de un gobierno que, al mismo tiempo, empieza a rediseñar su sistema de inteligencia.

Thiel no es un empresario convencional. Es, además, un pensador. Alguien que hace años viene planteando que la democracia liberal puede ser incompatible con ciertas formas de libertad, especialmente en un mundo donde el poder ya no se organiza solo en instituciones sino en infraestructuras tecnológicas. No lo dice en off. Lo escribió, lo repitió, lo convirtió en parte de su identidad política.

Su empresa, Palantir, tampoco es una empresa cualquiera. Nació en 2003 con financiamiento inicial de In-Q-Tel —el brazo de inversión de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos— y creció al calor de contratos con agencias como la CIA y el FBI. Su negocio no es vender aplicaciones. Es integrar datos, cruzarlos, encontrar patrones donde antes había fragmentos. Traducido: convertir información dispersa en capacidad de acción.

El DNU que allana el camino

En paralelo a esa visita, el gobierno de Javier Milei firmó el DNU 941/2025, una norma que introduce cambios relevantes en el funcionamiento del sistema de inteligencia. El decreto amplía las posibilidades de acceso a información estatal por parte de organismos especializados y habilita mayores niveles de articulación entre bases de datos.

Desde el oficialismo se lo presenta como una modernización necesaria frente a amenazas complejas. Desde sectores críticos —incluidas organizaciones vinculadas a derechos digitales y trabajadores del sector tecnológico— se advierte que puede implicar una concentración de información sensible sin suficientes mecanismos de control.

Ese es el punto donde las dos escenas —la visita de Thiel y el DNU— dejan de ser episodios separados.

Porque lo que está en discusión no es solo una empresa ni un decreto, sino la convergencia entre capacidad tecnológica y decisión política. La posibilidad de que el Estado no solo tenga más información, sino que pueda procesarla de formas cada vez más sofisticadas. La posibilidad de que ese poder, además, se ejercite sin debate parlamentario ni control ciudadano.

Lo que Palantir ya hizo en el mundo

Palantir ya opera en ese terreno en otros países. Sus plataformas fueron utilizadas para análisis de seguridad, gestión de crisis sanitarias y también en políticas migratorias. Sus defensores hablan de eficiencia. Sus críticos, de opacidad y riesgos para la privacidad.

En el Reino Unido, por ejemplo, su participación en el sistema de salud generó debates sobre el uso de datos sensibles. En Estados Unidos, organizaciones civiles cuestionaron su rol en programas de control migratorio. En Israel, según denuncias de organismos internacionales, sus sistemas fueron utilizados para procesar información de inteligencia en territorio palestino.

Nada de eso implica automáticamente un escenario idéntico en Argentina. Pero sí ofrece antecedentes de cómo funciona ese tipo de tecnología cuando se integra al Estado. Y también ofrece una pregunta: ¿para qué se usa ese poder en los lugares donde ya existe?

La zona gris del DNU

En ese marco, el DNU argentino aparece como una pieza que todavía no fue discutida a fondo en el Congreso. La ampliación de facultades para acceder y cruzar datos, combinada con una supervisión que algunos especialistas consideran insuficiente, abre interrogantes que van más allá de la coyuntura.

No se trata de una denuncia cerrada ni de una conspiración. Se trata de una tendencia posible.

La historia reciente muestra que los sistemas de inteligencia no suelen expandirse en contextos de debate abierto, sino en zonas grises, en decisiones técnicas que después se vuelven estructurales. Lo que hoy se presenta como herramienta excepcional puede convertirse mañana en práctica cotidiana.

Por eso, el dato relevante no es solo que Thiel haya pasado por Casa Rosada. Es cuándo pasó, con quién se reunió y en qué momento institucional lo hizo. No es menor que su empresa represente un modelo de gestión del poder basado en datos, algoritmos y decisiones cada vez menos visibles para la ciudadanía.

Lo que está en juego

En ese cruce, la discusión deja de ser tecnológica y vuelve a ser profundamente política. El poder que no se vota es, también, el poder que no se controla. Y la Argentina de hoy está ofreciendo señales que merecen ser atendidas.

No todas las señales son concluyentes. Pero cuando se acumulan, cuando se multiplican los encuentros, los decretos y las reformas silenciosas, el ciudadano tiene derecho a preguntarse:

¿Qué puede hacer el Estado con la información que tiene?
¿Quién controla ese poder?
¿Qué margen real queda para las libertades individuales cuando la capacidad de ver, anticipar y clasificar crece más rápido que los mecanismos para limitarla?

No hay respuestas cerradas todavía. Pero sí señales. Y en política, las señales —cuando se acumulan— suelen ser más importantes que los anuncios.