Rodolfo Gudino
Carlos Frugoni renunció tras una investigación periodística que reveló bienes no declarados por más de 1,5 millones de dólares. Admitió «un error» y la situación quedó bajo análisis judicial.
Hay olvidos y olvidos. Uno puede olvidar las llaves, el celular o el nombre de un ex compañero del primario. Pero siete departamentos en Miami no suelen entrar en esa categoría. Salvo, al parecer, cuando se trata de funcionarios públicos de este gobierno.
Carlos María Frugoni, hasta hace horas secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, quedó en el centro de una controversia luego de que una investigación periodística revelara presuntas omisiones en su declaración jurada. Según esas publicaciones, el funcionario no habría consignado siete propiedades en Miami y Palm Beach, además de sociedades comerciales radicadas en Delaware.
El «error»
Tras la difusión del caso, Frugoni reconoció públicamente haber cometido «un error» en sus declaraciones. De acuerdo con la información difundida, las inconsistencias incluirían activos en el exterior por un valor superior a 1,5 millones de dólares.
Los datos patrimoniales también abrieron interrogantes sobre la evolución de sus bienes. Registros previos indican que en 2019 había declarado activos por unos 98.000 dólares, mientras que en años recientes su patrimonio en el exterior habría mostrado un crecimiento significativo. Especialistas en transparencia pública suelen advertir que este tipo de variaciones requiere explicaciones detalladas para descartar irregularidades.
Antecedentes
Distintas versiones periodísticas señalan, además, que Frugoni habría tenido observaciones previas vinculadas al cumplimiento de sus declaraciones juradas en ámbitos de la administración pública. Estos antecedentes, de confirmarse, agregan un elemento adicional al análisis del caso.
La interna del gobierno
En el plano político, la salida del funcionario expuso tensiones dentro del gobierno de Javier Milei. Según trascendidos, existieron diferencias respecto de cómo manejar la situación tras la difusión del caso. Mientras el presidente prefería mantenerlo en el cargo «para no mostrar debilidad y no darle de comer a los periodistas», el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó con la aceptación de la renuncia. Finalmente, primó la postura de Caputo.
El episodio vuelve a poner en discusión los mecanismos de control patrimonial sobre los funcionarios públicos. Más allá de cómo avance la situación en sede administrativa o judicial, el caso deja abierta una pregunta incómoda: cuánto margen existe entre un «error» y una omisión relevante cuando se trata de bienes en el exterior.
Porque en política, como en las declaraciones juradas, no todo olvido es inocente. Y algunos, definitivamente, requieren explicaciones.
Melina Schweizer
