REDACCIÓN
Más de 50.000 personas protestaron en Estados Unidos contra ICE tras muertes civiles en operativos federales en enero de 2026. Redadas, detenciones sin orden judicial y niños presos exponen una política migratoria que ya funciona como violencia de Estado.
Hay países que no colapsan de golpe. Se tensan. Crujen. Se llenan de sirenas y consignas antes de romperse. Estados Unidos atraviesa uno de esos momentos. A comienzos de 2026, una ola de protestas masivas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desbordó las calles de Minneapolis, Nueva York, California y Texas. No fue una reacción espontánea ni un estallido aislado: fue la acumulación de una política sostenida de persecución, violencia institucional y deshumanización de la población migrante.
El dato es contundente: más de 50.000 personas se movilizaron el 23 de enero en distintas ciudades del país para exigir el fin de las redadas, el cese de las deportaciones y justicia por las muertes de civiles en operativos federales. La consigna se repitió como un eco incómodo para el poder: ICE OUT.
Minneapolis: el punto de quiebre
El epicentro del conflicto está en Minneapolis, Minnesota, tras la muerte de Alex Pretti y Renee Good, ocurridas en enero durante operaciones federales de control migratorio. Sus nombres dejaron de ser cifras para convertirse en símbolo. A partir de esos hechos, la protesta se transformó en algo más que una denuncia: pasó a ser un cuestionamiento frontal a la arquitectura misma de la política migratoria estadounidense.
Las movilizaciones incluyeron marchas masivas, plantones en el lago congelado Bde Maka Ska, vigilias interreligiosas y un “Cierre Nacional” convocado para el 30 de enero, con paros de actividades, suspensión de clases y cierre de comercios. No trabajar. No estudiar. No consumir. Cuando la legalidad deja de proteger, el cuerpo colectivo responde.
Redadas, fuerza federal y excepción permanente
Las protestas no frenaron las operaciones. Por el contrario, jueces federales habilitaron la continuidad de la Operación Metro Surge, un despliegue extraordinario que envió miles de agentes federales a Minneapolis y St. Paul. Las autoridades locales y estatales calificaron la medida como una “invasión federal”, denunciando arrestos sin orden judicial y uso excesivo de la fuerza.
El Gobierno federal celebró el fallo. Las ciudades, no. Minnesota, St. Paul y Minneapolis iniciaron acciones legales contra la administración Trump, sosteniendo que la operación viola competencias estatales y derechos constitucionales básicos. La respuesta judicial fue clara —y alarmante—: mientras la demanda se tramita, la operación continúa.
La excepción se vuelve regla. Y cuando eso ocurre, la democracia empieza a resquebrajarse.
El niño detenido que desnudó la crueldad
El caso de Liam Ramos, un niño de 5 años detenido junto a su padre en un centro de detención de Texas, terminó de encender la indignación pública. Tras más de una semana de encierro, un juez federal ordenó su liberación inmediata y calificó la política migratoria como “mal concebida e incompetente”, señalando que el Gobierno había establecido cuotas diarias de deportación incluso a costa de traumatizar niños.
No es un exceso. Es un método. Cuando el Estado mide su eficacia en números de deportados, la infancia se convierte en daño colateral.
Trump, el “orden” y la disputa por el relato
En medio de las protestas, el presidente Donald Trump aseguró haber instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a no intervenir en ciudades gobernadas por demócratas salvo pedido formal de las autoridades locales. Al mismo tiempo, advirtió contra supuestos ataques a fuerzas federales y edificios públicos.
La narrativa oficial habla de orden. Los gobiernos locales hablan de abuso. Incluso jefes de policía desmintieron versiones presidenciales sobre supuesta inacción frente a disturbios, dejando al descubierto una grieta cada vez más profunda entre el discurso federal y la realidad en el territorio.
ICE bajo la lupa: grietas institucionales
La presión no se limita a la calle. En Chicago, el alcalde Brandon Johnson firmó un decreto que ordena investigar y documentar la mala conducta de agentes federales con miras a su procesamiento. En paralelo, nueve fiscales de distrito anunciaron una coalición para avanzar judicialmente contra agentes de ICE que violen leyes estatales.
Incluso dentro del propio Gobierno aparecen fisuras. El responsable de la frontera, Tom Homan, habló de una posible reducción gradual de agentes en Minnesota, condicionada a la cooperación de cárceles locales. Horas después, Trump lo desmintió públicamente. La improvisación no es menor: revela una política sin coordinación, sostenida más por gestos de fuerza que por una estrategia legal coherente.
¿Control migratorio o crisis humanitaria?
La pregunta ya no es si la política migratoria estadounidense es dura. Lo es. La pregunta es qué está produciendo. Las protestas no cuestionan solo a ICE: cuestionan un modelo que criminaliza la migración, normaliza la violencia institucional y convierte la vida de personas migrantes en variable de ajuste político.
Lo que ocurre en Estados Unidos no es una anomalía. Es una advertencia. Cuando el Estado abandona la lógica de derechos y adopta la del enemigo interno, el resultado no es seguridad: es represión, muerte y fractura social.
Las calles lo entendieron antes que el Congreso. Por eso arden. Por eso gritan.
Y por eso el poder intenta, sin éxito, apagar ese incendio con más fuerza.
David Fonseca
Jorge R. Schweizer
