Rodolfo Gudino
En medio de una economía nacional golpeada por el ajuste libertario y la caída del empleo formal, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo decidió presentar como “éxito productivo” una realidad que los números muestran con crudeza: en su provincia también se destruyeron puestos de trabajo.
La celebración de los números rojos
En política hay momentos que revelan más de lo que pretenden ocultar, y el episodio protagonizado por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo pertenece exactamente a esa categoría incómoda en la que el discurso del poder queda expuesto por sus propias palabras, porque al compartir en redes sociales un gráfico sobre la evolución del empleo privado registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 —un período atravesado por el programa de ajuste impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei— el mandatario radical eligió un tono celebratorio para comentar un dato que, leído sin maquillaje retórico, muestra algo bastante más simple: en Mendoza también se perdieron puestos de trabajo.
La cifra difundida por el propio gobernador indica una caída del 0,6% del empleo privado registrado, un número que en cualquier contexto económico normal sería motivo de preocupación para una administración provincial que pretende exhibir dinamismo productivo, pero que en el actual clima político parece haber sido reinterpretado como una especie de logro relativo, porque —según el argumento oficial— otras provincias habrían experimentado caídas aún mayores.
El razonamiento es revelador: cuando el deterioro económico se vuelve generalizado, el objetivo deja de ser crear trabajo y pasa a ser perder menos trabajo que los demás.
El contexto del ajuste
El mensaje de Cornejo no puede leerse aislado del contexto económico nacional, marcado por el programa de reformas estructurales impulsado por el gobierno libertario desde diciembre de 2023, un plan que combina ajuste fiscal severo, liberalización de precios, reducción del gasto público y reformas laborales orientadas a flexibilizar el mercado de trabajo, medidas que distintos organismos internacionales y centros de estudios económicos han señalado históricamente como factores que tienden a provocar contracciones rápidas del empleo en el corto plazo.
De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del Ministerio de Trabajo, durante los primeros años del gobierno de Milei el empleo privado registrado sufrió retrocesos en varias provincias, particularmente en sectores como la construcción, el comercio y la industria, donde la caída del consumo interno y la paralización de obras públicas generaron un impacto inmediato sobre la demanda laboral.
En ese escenario, la comparación que el propio Cornejo introdujo en su publicación —ubicando a Mendoza detrás de Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por la actividad hidrocarburífera vinculada a Vaca Muerta— funciona más como reconocimiento indirecto de la debilidad estructural del empleo que como una señal de fortaleza económica.
La lógica del “mal menor”
Lo que vuelve particularmente significativo este episodio no es el dato estadístico en sí mismo, sino la forma en que la dirigencia política empieza a narrar ese dato.
Durante décadas, el indicador central de cualquier gestión económica fue la capacidad de generar empleo, porque el trabajo registrado no solo representa ingresos para las familias sino también estabilidad social, acceso a derechos laborales y sostenibilidad del sistema previsional.
Sin embargo, en la Argentina actual parece estar consolidándose una nueva lógica discursiva que transforma el retroceso en mérito relativo: si el empleo cae en todo el país, entonces perder menos empleo que otros se convierte en motivo de celebración.
Esa narrativa del “mal menor” no es casual ni improvisada; forma parte de una estrategia política destinada a normalizar los efectos sociales del ajuste, desplazando el eje del debate desde la creación de riqueza hacia la administración de la escasez.
La sintonía con el proyecto libertario
La postura de Cornejo tampoco sorprende demasiado si se observa su ubicación dentro del mapa político actual.
El gobernador mendocino es uno de los dirigentes provinciales que más claramente acompañó el programa económico de Javier Milei, respaldando iniciativas clave del oficialismo nacional, como el Pacto de Mayo y la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario.
En el Congreso, legisladores mendocinos vinculados al oficialismo provincial acompañaron varias de esas reformas, consolidando una alianza política que, en la práctica, se traduce en apoyo a un modelo económico basado en la reducción del rol del Estado y en la reconfiguración del mercado laboral.
Dentro de ese marco ideológico, el deterioro del empleo aparece no como una anomalía sino como un costo transitorio de la transformación económica, una interpretación que el propio gobierno nacional ha repetido en múltiples oportunidades al defender su programa de ajuste.
La política frente al deterioro social
Pero hay algo profundamente inquietante en la escena política que deja este episodio, y no tiene que ver únicamente con la discusión económica.
Tiene que ver con el momento en que un dirigente público decide celebrar un indicador negativo, no porque ignore su significado sino porque considera políticamente conveniente presentarlo de otra manera.
Ese gesto revela hasta qué punto la política argentina ha comenzado a adaptarse a un escenario donde el deterioro social ya no se discute en términos de solución, sino en términos de comparación.
Cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser cómo generar más trabajo y pasa a ser cuánto trabajo se puede perder sin que el sistema político lo considere un fracaso.
Y esa, más que cualquier gráfico estadístico, es probablemente la señal más preocupante del momento económico que atraviesa el país.
GONZALO SCHWEIZER
