Melina Schweizer
El Gobierno busca eliminar límites de la Ley 26.737 y flexibilizar la compra de tierras rurales por capitales extranjeros. Pero varios países que Javier Milei suele presentar como modelos mantienen regulaciones mucho más duras: Israel concentra cerca del 93% del suelo bajo dominio público o cuasi público; casi 30 estados de Estados Unidos restringen la propiedad agrícola extranjera; y Canadá, Brasil, México y Paraguay aplican controles específicos. El Senado votará el proyecto en medio de un poroteo ajustado y protestas frente al Congreso.
Javier Milei quiere convertir a la Argentina en uno de los países con menos restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La paradoja es que buena parte de los países que el Presidente suele exhibir como ejemplos de libertad económica, seguridad jurídica o afinidad política aplican exactamente lo contrario cuando se trata de territorio, producción agrícola y zonas estratégicas.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno y elaborado bajo la órbita del ministro Federico Sturzenegger, apunta a modificar sustancialmente el régimen establecido por la Ley 26.737. La normativa vigente fija, entre otros límites, que las personas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad o posesión de tierras rurales, porcentaje que también se computa en cada provincia, municipio o jurisdicción equivalente.
El debate regresará al Senado el próximo 6 de agosto. La Libertad Avanza asegura estar cerca de reunir los votos, pero la negociación permanece abierta porque varios aliados exigen modificaciones, especialmente respecto de las tierras ubicadas en zonas fronterizas y del mecanismo de silencio administrativo.
La discusión ocurre sobre un escenario concreto: aproximadamente 13 millones de hectáreas rurales argentinas están actualmente en manos extranjeras, equivalentes a alrededor del 5% de la superficie relevada. El promedio nacional, sin embargo, oculta departamentos donde la concentración supera ampliamente ese porcentaje y coincide con regiones donde existen agua, minerales, bosques o proyectos extractivos.
Israel: mucha menos libertad cuando se trata de la tierra
El contraste más llamativo aparece en Israel, uno de los países con los que Milei mantiene mayor afinidad política.
Aproximadamente el 93% del territorio israelí se encuentra bajo propiedad estatal o de organismos públicos vinculados al Estado y es administrado en gran medida mediante la Israel Land Authority. En ese tipo de terrenos la regla general no es la venta plena, sino la concesión de derechos de arrendamiento a largo plazo. Los extranjeros, además, enfrentan restricciones adicionales para acceder a determinadas categorías de tierra.
Por eso conviene precisar una afirmación que suele simplificarse en el debate argentino: Israel no prohíbe absolutamente a todo extranjero comprar cualquier inmueble. Existe tierra de propiedad privada que puede ser adquirida por no residentes.
Pero el dato estructural sigue siendo contundente: la inmensa mayoría del territorio no funciona bajo un mercado de compraventa libre comparable con el que propone Milei para las tierras rurales argentinas.
Es decir, uno de los principales aliados ideológicos del Presidente considera la propiedad y administración territorial un asunto suficientemente estratégico como para mantener la mayor parte del suelo fuera de un mercado completamente liberalizado.
Estados Unidos también pone límites
Algo semejante ocurre en Estados Unidos.
A nivel federal, la Agricultural Foreign Investment Disclosure Act obliga a extranjeros que adquieren o transfieren tierras agrícolas a informar esas operaciones. El sistema federal no establece una prohibición general, pero los estados tienen capacidad para imponer sus propias restricciones.
Y cada vez más lo hacen.
Una revisión reciente de Reuters contabilizó 28 estados con prohibiciones o restricciones sobre la propiedad extranjera de tierras agrícolas, mientras otras fuentes legislativas sitúan el número alrededor de 30 según qué tipos de limitaciones se incluyan.
Las normas varían considerablemente. Algunos estados limitan la superficie; otros restringen adquisiciones realizadas por gobiernos, empresas o ciudadanos de determinados países considerados adversarios; y varios reforzaron los controles por razones de seguridad alimentaria y nacional.
El argumento central es exactamente el contrario a una desregulación total: la tierra agrícola no es tratada solamente como un activo comercial.
Canadá llega a limitar a los extranjeros a unas pocas hectáreas
Las restricciones son todavía más evidentes en algunas provincias agrícolas de Canadá.
En Saskatchewan, un no residente puede adquirir apenas 10 acres de tierra agrícola —algo más de cuatro hectáreas— sin conseguir previamente una autorización especial del Farm Land Security Board.
En Alberta, los ciudadanos extranjeros y las sociedades controladas desde el exterior pueden poseer, como regla general, hasta dos parcelas que no superen conjuntamente los 20 acres, aproximadamente ocho hectáreas. El propio gobierno provincial explica que la regulación existe para asegurar que las tierras rurales permanezcan fundamentalmente en manos de ciudadanos canadienses, residentes permanentes o sociedades controladas localmente.
El modelo canadiense demuestra que incluso economías altamente abiertas a la inversión extranjera distinguen entre atraer capital y liberar sin límites la propiedad territorial.
Brasil, México y Paraguay tampoco dejan la tierra librada al mercado
La tendencia se repite en América Latina.
Brasil mantiene desde hace décadas un régimen específico para la adquisición y arrendamiento de inmuebles rurales por extranjeros. Las operaciones pueden quedar sujetas a límites de superficie, autorizaciones y controles según quién compra, dónde se encuentra el terreno y qué extensión pretende adquirir.
México incorpora las restricciones directamente en su Constitución. El artículo 27 establece reglas particulares para la adquisición de inmuebles por extranjeros y conserva una protección especialmente fuerte en las denominadas zonas restringidas cercanas a fronteras y costas.
Paraguay, cuyo presidente Santiago Peña mantiene una relación política cercana con Milei, también protege sus áreas fronterizas: la legislación limita la adquisición por determinados extranjeros de inmuebles rurales ubicados dentro de una franja de 50 kilómetros desde las fronteras internacionales.
No se trata, por lo tanto, de una rareza argentina. Los límites a la propiedad extranjera existen en países gobernados por derechas, izquierdas, liberales, conservadores y socialdemócratas.
El punto común no es ideológico: es territorial.
Agua, minerales y fronteras en el centro de la discusión
La preocupación por el proyecto oficial argentino aumenta porque las modificaciones no afectarían únicamente campos destinados a actividades agropecuarias.
La legislación vigente contempla protecciones vinculadas con cuerpos de agua y áreas consideradas estratégicas. Sus críticos advierten que la reforma podría facilitar operaciones sobre territorios que contienen lagos, ríos, acuíferos, bosques nativos, minerales críticos o que se encuentran en zonas de frontera.
El tema tiene especial impacto en provincias mineras.
Un informe incorporado al debate señala, por ejemplo, que en Iglesia, San Juan, la extranjerización de la tierra rural alcanza cerca del 25%, mientras en Tinogasta, Catamarca, ronda el 27%. Ambas regiones concentran proyectos mineros existentes y futuros.
El mismo material advierte sobre posibles subregistros en áreas de explotación de litio como Antofagasta de la Sierra, donde la titularidad formal de algunos proyectos no necesariamente refleja toda la participación de capital extranjero asociada a las explotaciones.
Son afirmaciones que requieren analizar cada estructura societaria de manera individual antes de equiparar una inversión minera extranjera con propiedad extranjera de la tierra, pero muestran por qué el debate excede ampliamente la compraventa inmobiliaria.
El Senado, al filo
El oficialismo sostiene que podría reunir alrededor de 36 votos propios y aliados, una cifra que deja la votación extremadamente ajustada.
La Libertad Avanza cuenta con sus legisladores, los senadores del PRO y espera sumar radicales y representantes provinciales. Sin embargo, varios de esos votos permanecen condicionados a cambios en el texto definitivo.
Uno de los puntos discutidos es la eventual venta de tierras en zonas de frontera. Algunos aliados reclaman que las operaciones necesiten conformidad tanto del Estado nacional como de la provincia involucrada.
También hubo pedidos para eliminar el silencio administrativo positivo, mecanismo por el cual una solicitud podría considerarse aprobada si la administración no responde dentro del plazo previsto.
El peronismo, legisladores provinciales y otros bloques opositores buscan reunir los votos para impedir la media sanción.
Mientras tanto, organizaciones sindicales y sociales convocaron a movilizarse frente al Congreso el 6 de agosto contra la reforma.
Argentina podría terminar siendo más liberal que los países que Milei admira
La contradicción política es difícil de ignorar.
Milei sostiene que eliminar restricciones favorecerá inversiones y garantizará plenamente el derecho de propiedad. Pero los países con los que mantiene algunos de sus vínculos políticos más estrechos no consideran contradictorio defender la propiedad privada y, al mismo tiempo, establecer límites severos cuando el comprador es extranjero y el activo en cuestión es tierra agrícola o territorio estratégico.
Estados Unidos controla y restringe. Canadá limita hectáreas. Paraguay protege sus fronteras. Israel mantiene la enorme mayoría de su territorio fuera del régimen de compraventa privada tradicional.
Argentina podría avanzar justamente en la dirección inversa.
La discusión que llegará al Senado no es entonces simplemente entre “regulación” y “libertad”. La comparación internacional muestra que incluso algunos de los Estados más capitalistas del mundo consideran que la tierra, el agua, las fronteras y los recursos estratégicos son bienes suficientemente sensibles como para no dejarlos exclusivamente en manos del mercado.
Rodolfo Gudino
