CONCHITA PRETA
El Gobierno endureció por DNU las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra los argentinos, o ultrajen símbolos patrios. La medida llegó apenas después de que Javier Milei viajara a Brasil, insultara a Lula y obligara a Cancillería a trabajar para bajar la tensión bilateral. La apertura económica sigue firme; para los agravios, en cambio, comenzó la sustitución de importaciones.
El Gobierno finalmente encontró una actividad económica que considera necesario proteger de la competencia extranjera: putear. Después de años explicando que las fronteras, las regulaciones y el proteccionismo condenan a los pueblos a la decadencia, Javier Milei firmó un DNU que endurece las herramientas migratorias frente a extranjeros que inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos y quienes ultrajen símbolos nacionales. El mercado podrá abrirse para las importaciones, pero en materia de hostilidad parece que tenemos producción suficiente para abastecer la demanda interna.
La oportunidad elegida para descubrir los peligros del agravio internacional es sencillamente exquisita. Milei acaba de regresar de Brasil después de llamar a Lula da Silva “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, participar de un acto de sus adversarios políticos y generar un conflicto diplomático que todavía tiene al canciller Pablo Quirno recorriendo el Palacio San Martín con cinta adhesiva y pegamento. Después de semejante excursión, el Presidente llegó a Buenos Aires y concluyó que existe un problema gravísimo: los extranjeros que hablan con demasiada hostilidad sobre otros países.
La doctrina es perfectamente comprensible una vez que se domina la geografía. Cuando el insulto sale de Argentina rumbo a Brasil se llama batalla cultural; cuando eventualmente cruza la frontera en dirección contraria puede transformarse, según su contenido y las nuevas reglas, en un problema migratorio. No es una contradicción: es balanza comercial del agravio. Exportamos valor agregado y ponemos controles sanitarios a la importación.
El decreto aparece oficialmente como respuesta a manifestaciones de hostilidad contra Argentina y los argentinos registradas especialmente alrededor del Mundial. El Gobierno sostiene que aumentaron los mensajes de odio, discriminación y menosprecio contra el país, su cultura y su identidad nacional. Hasta ahí existe un problema atendible: el racismo, la xenofobia y la incitación a la violencia no se vuelven aceptables porque tengan a argentinos como destinatarios. El espectáculo comienza cuando quien encabeza la cruzada contra la hostilidad internacional es un Presidente cuya Cancillería viene trabajando horas extras para amortiguar sus propias declaraciones internacionales.
Es como inaugurar una campaña contra el ruido después de pasar el fin de semana tocando la batería en el departamento del vecino.
El DNU tampoco define con precisión suficiente qué conductas concretas quedarían comprendidas bajo expresiones tan amplias como determinados “mensajes de odio”, ni cómo se articulará la aplicación de las nuevas disposiciones. Y ahí empieza la parte divertida. Porque Migraciones podría necesitar algo más que funcionarios administrativos: hará falta un departamento de hermenéutica del insulto.
“Señor, encontramos este tuit suyo diciendo que el fútbol argentino es una porquería.”
“Era después de un penal.”
“Comprensible. Pase.”
“También escribió que Gardel era francés.”
“Señor, acompáñenos.”
La cuestión sería solamente pintoresca si no involucrara derechos fundamentales. Constitucionalistas ya cuestionaron la validez del DNU por considerar que no estarían dadas las circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia exigidas por la Constitución y porque una regulación de esta naturaleza puede rozar libertades básicas y materias que un decreto presidencial no puede resolver como si estuviera modificando el horario del Registro Automotor. Pablo Manili, por ejemplo, sostuvo que varias de las conductas invocadas ya encuentran regulación en la legislación vigente y cuestionó que exista la emergencia necesaria para justificar el instrumento.
Es decir que podríamos estar ante otro clásico argentino: una norma urgente para resolver inmediatamente algo que ya tenía normas.
Pero políticamente el decreto tiene una utilidad evidente. Después de la polémica internacional durante el Mundial, el Gobierno encontró en el nacionalismo una mercadería bastante más atractiva de lo que sugerían sus viejos discursos. De repente aparecen la defensa de los argentinos, los símbolos patrios, la identidad nacional y el respeto debido al país. La patria, que durante algunas discusiones parecía una antigualla colectivista incompatible con el individuo soberano, regresó convertida en política migratoria. Hasta la escarapela debe estar preguntándose cuándo levantaron la proscripción.
La metamorfosis resulta especialmente notable después de las discusiones por Malvinas. Hace apenas unas semanas el oficialismo estaba incómodo con expresiones políticas alrededor de la bandera desplegada por jugadores argentinos; ahora el ultraje a símbolos patrios aparece entre los fundamentos para endurecer el régimen frente a extranjeros. La Argentina política puede recorrer distancias ideológicas extraordinarias sin necesidad de cargar nafta.
También apareció nuevamente el debate sobre estudiantes extranjeros en universidades públicas, impulsado desde voces oficiales. El extranjero se convirtió así en personaje secundario de una narrativa que mezcla soberanía, educación, migraciones, redes sociales y agravios internacionales. La libertad sigue siendo irrestricta, siempre que Migraciones no necesite revisar tus publicaciones anteriores.
Lo realmente interesante será determinar dónde termina una crítica legítima y dónde comienza una conducta sancionable. Porque un Estado democrático puede y debe actuar frente a amenazas, violencia o discriminación dentro del marco legal, pero “hablar mal de Argentina” no constituye por sí mismo una categoría jurídica que habilite a subir a alguien al primer avión. Si algún funcionario confunde ambas cosas, Ezeiza necesitará más puertas de embarque que Aeroparque.
Y convendría conservar esa distinción precisamente porque Argentina conoce demasiado bien los gobiernos que consideraban ofensivo cualquier cuestionamiento a la patria, sus instituciones o sus autoridades. Cuando el Estado empieza a decidir qué opiniones extranjeras son suficientemente desagradables para determinar quién merece permanecer en el territorio, el problema deja rápidamente de ser Twitter.
Mientras tanto, Quirno continúa intentando garantizar que el enfrentamiento con Brasil no afectará las relaciones comerciales ni diplomáticas. Debe ser maravilloso: por la mañana explica que los insultos presidenciales a Lula no deben interferir entre Estados y por la tarde pertenece a un Gobierno preocupado por la hostilidad verbal proveniente del exterior. Si consigue sostener ambas doctrinas sin sufrir una contractura argumental, merece cobertura completa de la obra social.
El liberalismo argentino consiguió así su primera política seria de sustitución de importaciones. No será para textiles, electrodomésticos ni autopartes. Será para el insulto.
El odio extranjero tendrá controles, requisitos y eventualmente consecuencias migratorias; el nacional, por ahora, puede seguir orgullosamente fabricado en Argentina.
