Rodolfo Gudino
La Cámara Penal de Rosario confirmó la condena a nueve años de prisión contra el exfiscal regional Patricio Serjal por cobrar sobornos para garantizar protección a una red de juego ilegal. Dos de los tres camaristas ratificaron además la existencia de una asociación ilícita, una definición que golpea directamente al senador Armando Traferri, imputado como presunto jefe de la pata política de la organización y que deberá afrontar su propio juicio.
La Justicia santafesina confirmó uno de los fallos por corrupción institucional más importantes de los últimos años en Rosario. La Cámara Penal ratificó la condena contra el exfiscal regional Patricio Serjal, quien había sido sentenciado en primera instancia a nueve años de prisión por recibir pagos del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti a cambio de protección judicial.
También quedó firme en esta instancia la condena a cinco años de prisión contra Nelson Ugolini, exempleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) involucrado en la trama.
La resolución fue adoptada por los camaristas Ismael Manfrín, Carolina Hernández y Javier Beltramone. Los tres coincidieron en mantener las condenas, aunque surgió una diferencia fundamental para lo que viene: Manfrín y Hernández consideraron acreditada la existencia de una asociación ilícita, mientras Beltramone quedó en minoría al rechazar esa figura penal.
La definición tiene consecuencias que van mucho más allá de Serjal.
El fallo que complica a Armando Traferri
El senador provincial Armando “Pipi” Traferri, uno de los dirigentes históricos del peronismo santafesino, está imputado en la misma investigación y deberá afrontar un juicio en el que se lo acusa de haber encabezado la denominada “pata política” de la organización.
Según la acusación fiscal, la estructura garantizaba protección al empresario Leonardo Peiti, vinculado al juego clandestino, a cambio de dinero que habría tenido diferentes destinos, entre ellos el financiamiento político y las gestiones para impulsar licencias de apuestas online.
Traferri no fue juzgado junto con Serjal. Durante aproximadamente cuatro años resistió el avance de la investigación amparándose en sus fueros parlamentarios.
Ahora llegará a juicio con un antecedente judicial especialmente delicado: cinco de los seis jueces que intervinieron entre el juicio de primera instancia y la revisión de la Cámara consideraron acreditada la asociación ilícita.
La sentencia de primera instancia ya había colocado al senador en el centro de la reconstrucción de la trama. Traferri aparece mencionado 104 veces en aquel fallo debido al rol que los magistrados atribuyeron a la estructura política dentro del funcionamiento de la organización.
Los USD 200 mil que Peiti dijo haber entregado
Uno de los testimonios centrales de la causa fue precisamente el de Leonardo Peiti.
Durante el juicio, el empresario declaró haber entregado 200.000 dólares a Traferri para una campaña política. También reconoció pagos a Serjal para evitar investigaciones sobre sus actividades vinculadas al juego clandestino.
La acusación sostiene que la asociación ilícita funcionó al menos entre el 24 de abril de 2017 y el 24 de julio de 2020, con epicentro en Rosario y ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
La estructura habría articulado intereses del juego clandestino con funcionarios judiciales, operadores políticos y abogados.
Serjal, que ocupaba nada menos que la jefatura regional de los fiscales de Rosario, fue considerado responsable de recibir sobornos para garantizar que determinadas actividades ilegales no fueran investigadas.
Dos camaristas ratificaron que existió una asociación ilícita
Uno de los puntos jurídicamente más importantes del nuevo fallo está en los votos de Manfrín y Hernández.
Ambos rechazaron el argumento de que fuera necesaria una prueba directa de un pacto explícito entre los integrantes para acreditar una asociación ilícita.
Los magistrados señalaron que este tipo de organizaciones funcionan precisamente en ámbitos privados o secretos y consideraron “contraintuitivo” exigir una prueba directa equivalente a la existencia de un contrato formal.
Para los camaristas, la combinación de indicios, pruebas periféricas y circunstancias analizadas en conjunto permite reconstruir la existencia del acuerdo criminal.
Beltramone tuvo una posición diferente. Aunque acompañó la confirmación de las responsabilidades por otros delitos, cuestionó la configuración de la asociación ilícita y planteó reparos relacionados con garantías procesales y la utilización de determinadas pruebas.
Esa disidencia podría convertirse en uno de los argumentos de las defensas para intentar llevar la discusión a instancias superiores.
Una investigación que atravesó seis años de disputas
La causa estuvo rodeada desde sus comienzos por fuertes enfrentamientos dentro del propio sistema judicial santafesino.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes impulsaron inicialmente la investigación, fueron cuestionados por otros integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Entre otras cosas, se puso bajo sospecha la utilización de una informante y la legalidad de algunos mecanismos empleados para obtener evidencia.
Sin embargo, las pruebas centrales terminaron siendo convalidadas judicialmente.
La investigación expuso además una trama mucho más amplia que el pago de sobornos a un funcionario judicial: la hipótesis fiscal describe conexiones entre empresarios del juego, funcionarios del MPA, abogados y dirigentes políticos.
Precisamente por esa dimensión institucional, el juicio contra Traferri aparece ahora como el próximo capítulo decisivo.
Traferri llegará a juicio con un antecedente pesado
El senador deberá enfrentar su proceso después de que la Justicia confirmara que Serjal integró una estructura criminal vinculada al mismo esquema que los fiscales atribuyen al legislador.
Hay además otra consecuencia derivada del fallo: Beltramone no podrá intervenir en el futuro juicio contra Traferri, luego de los cuestionamientos relacionados con su vínculo con una persona involucrada en la investigación.
De esta manera, el único camarista que en esta revisión rechazó la existencia de la asociación ilícita no estará en condiciones de participar del proceso contra el senador.
El caso todavía puede continuar transitando instancias judiciales superiores y la situación penal de Traferri deberá resolverse en su propio juicio, donde conservará plenamente su presunción de inocencia.
Pero el escenario cambió sustancialmente. La Cámara no solo confirmó que el exjefe de los fiscales de Rosario cobraba sobornos para proteger intereses vinculados al juego ilegal. La mayoría del tribunal volvió a reconocer la existencia de una organización criminal.
Y esa organización, según la acusación que ahora deberá probarse específicamente contra él, tenía a Armando Traferri como presunto responsable de su pata política.
Melina Schweizer
